
El derribo de un helicóptero Black Hawk de la Policía en Amalfi el 20 de agosto, que dejó 13 uniformados muertos, continúa causando fuertes críticas contra el presidente de la República, Gustavo Petro. La más reciente es la del exviceministro de Justicia y exprecandidato presidencial del Centro Democrático Rafael Nieto Loaiza, que responsabilizó directamente al Ejecutivo por la tragedia ocurrida en este caso.
Trece policías asesinados por cuenta de Gobierno, afirmó Nieto Loaiza en el título de su escrito, en el que remarcó la gravedad del ataque: “No un helicóptero cualquiera, un Black Hawk. No una agresión usual, fue con un drón. Tumban uno de los aparatos más sofisticados y costosos de las Fuerzas Armadas con un equipo simple y baratísimo. El resultado, trece policías asesinados”, agregó el columnista en mención.
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Nieto Loaiza sostuvo que la administración Petro había sido advertida sobre el deterioro de la seguridad en la zona. Según el exviceministro, “el 4 de junio, la Gobernación de Antioquia elevó al Ministerio de Defensa ‘una solicitud urgente y prioritaria frente al deterioro progresivo y alarmante del orden público en Amalfi (y pidió un) despliegue inmediato y reforzado de tropas que permitan establecer control territorial y apoyar de manera contundente a la Policía’”.
La petición, según Nieto Loaiza, exigía un plan sostenido y no simples patrullajes esporádicos para enfrentar a los grupos criminales.
La respuesta estatal tras el ataque también fue objeto de cuestionamientos de parte del abogado, que denunció que a los sobrevivientes al ataque no les brindaron apoyo. ”Siete de los uniformados murieron abandonados y esperando la asistencia, que no llegó sino muchas horas después, en la mañana del día siguiente”, expresó Nieto Loaiza en su escrito, replicado en diferentes medios regionales.
Y, citando al Secretario de Seguridad de la Gobernación, remarcó que los uniformados “se fueron muriendo poco a poco”. Para Nieto Loaiza, “hubieran podido salvarse y no les dieron la mano. ¿Miedo? ¿Cobardía? ¿Incapacidad? Inexplicable”.
Las críticas a la Paz Total de Gustavo Petro por Rafael Nieto Loaiza
El exviceministro atribuyó parte sustancial de la responsabilidad a la política de Paz Total impulsada por el Gobierno. “Durante este gobierno el clan del Golfo y las Farc han crecido un 60% y un 70% respectivamente”, aseguró el abogado, que compartió datos de la Gobernación. Y señaló que los jefes de los responsables del ataque, alias Calarcá y alias Chejo, “están libres y tienen suspendidas las órdenes de captura porque el gobierno los designó ‘negociadores de paz’”.

Nieto Loaiza recordó que ambos “habían sido capturados por el Ejército el 23 de julio del año pasado, cuando se movilizaban con armas y municiones en camionetas de la UNP, pero fueron dejados en libertad por orden de Petro y de la Fiscal General”. Y añadió que “el Gobierno se sentó otra vez a conversar con Calarcá al otro día del asesinato de los policías” y criticó que “Petro ni siquiera fue capaz de ir al entierro de los asesinados”.
En ese sentido, el columnista enfatizó la gravedad de la situación institucional. “En una democracia y en un Estado de derecho, no es aceptable que, tras ser capturados, se libere a asesinos que, como Calarcá y Chejo, tienen cada uno más de tres décadas de historia criminal; no lo es tampoco que se les dé el carácter de ‘negociadores de paz’; y no lo es que después de asesinar trece uniformados el gobierno siga hablando con esos homicidas”, remarcó.
Y fue categórico al señalar la responsabilidad del gobierno y la Fiscalía. “Para decirlo con todas las letras, hay una inequívoca responsabilidad en cabeza de quienes, primero, dejaron libres a unos asesinos tras ser capturados y, después, le dieron la orden a la fuerza pública de no perseguirlos, homicidas que, para horror de todos, después asesinaron trece uniformados más. Esos trece muertos, su sangre y el llanto de sus padres, sus parejas y sus hijos, son culpa y responsabilidad de Petro, su Gobierno y la Fiscal (Luz Adriana Camargo".

Nieto Loaiza extendió su crítica a la sociedad y a quienes respaldan la negociación con grupos armados. “También son achacables, en alguna medida, a todos los ciudadanos, periodistas, académicos, intelectuales y políticos que siguen defendiendo y promoviendo la negociación y la entrega de beneficios a los criminales como supuesta vía para lograr la paz”, destacó el abogado.
En ese orden de ideas, el exviceministro advirtió sobre el impacto cultural de la impunidad. “La sociedad está adormecida y se ha asumido que está bien, que es correcto, dejar en impunidad a los asesinos si tal cosa se hace so pretexto de la paz. Y que tampoco es reprochable que esos asesinos sigan matando. El daño en la cultura democrática es inconmensurable”.
Finalmente, el abogado reclamó un cambio de rumbo. “No puede seguir siendo así. El próximo Gobierno, el de la reconstrucción, debe parar con esta especie de tradición maldita que no solo no ha traído paz alguna, sino que constituye un incentivo perverso para seguir delinquiendo y para seguir asesinando. La paz solo es resultado de la justicia y del imperio de la ley, del castigo para el bandido y el premio para el ciudadano de bien”.
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