“No hemos retrocedido 30 años en la lucha contra el terrorismo”, afirmó el ministro Pedro Sánchez al rechazar la percepción de un deterioro histórico en la seguridad en Colombia.
En entrevista con Semana, el funcionario defendió la gestión del Gobierno de Colombia frente al avance de los grupos armados ilegales y presentó cifras que, según su visión, desmienten la idea de un regreso a los niveles de violencia de décadas pasadas.
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Sánchez subrayó que, mientras en 1992 la tasa de homicidios alcanzaba los 84 casos por cada 100.000 habitantes, en la actualidad esa cifra se sitúa en 26, lo que representa una reducción considerable en la pérdida de vidas.
El ministro reconoció que el crecimiento de los grupos armados ilegales constituye una amenaza real, pero rechazó que esto implique un retorno al pasado.
“El crecimiento de estos grupos criminales es innegable, pero también la acción para neutralizarlos es contundente”, sostuvo Sánchez en diálogo con el rotativo.

Detalló que, en el último año, las fuerzas del Estado han neutralizado a 3.050 criminales, lo que representa un aumento del 20% respecto al periodo anterior. Para el ministro, este dato evidencia la capacidad de respuesta del Gobierno ante el desafío que plantean organizaciones como el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y el ELN.
Al explicar las causas detrás del fortalecimiento de estas estructuras ilegales, Sánchez identificó dos factores principales: el auge de las economías ilícitas, especialmente el narcotráfico y la minería ilegal, y la ruptura de compromisos por parte de los grupos armados en los diálogos de paz.
Recordó que la política de “paz total”, convertida en ley, permitió la realización de ceses al fuego bilaterales en años recientes, lo que, según su análisis, limitó la capacidad del Estado para frenar el crecimiento de estas organizaciones. A pesar de ello, insistió en que el Gobierno mantiene su compromiso de proteger la vida de los colombianos y ajusta su estrategia para alcanzar la paz.
Sánchez admitió que, aunque Colombia cuenta con herramientas para enfrentar las amenazas actuales, existen brechas que requieren fortalecimiento.

Entre los retos identificados, mencionó la necesidad de recuperar el control territorial en regiones como el Catatumbo, el Cañón del Micay y el sur de Bolívar, así como la reducción sostenida de los homicidios.
El ministro señaló que el plan de choque del Gobierno contempla cinco objetivos, entre ellos el refuerzo de las capacidades en inteligencia, la adquisición de tecnología antidrones y drones, la mejora de los vehículos blindados y el aumento de las horas de vuelo para operaciones.
Frente a las críticas sobre la experiencia de los nuevos funcionarios en el Ministerio, Sánchez defendió los recientes nombramientos y los consideró parte de una dinámica de renovación institucional.
“Las instituciones son permanentes, pero las personas somos temporales”, expresó. Puso como ejemplo la gestión de la viceministra Angélica Verbel, que, pese a las objeciones por su corta trayectoria, logró la semana pasada la aprobación de 380.000 millones de pesos, destinados en gran parte a la compra de antidrones, según relató a Semana.
El ministro también abordó las denuncias sobre deficiencias en inteligencia y operaciones de seguridad, señaladas por alcaldes y autoridades locales. Reconoció la complejidad de combatir el terrorismo y la necesidad de fortalecer la inteligencia, recordando que incluso potencias como Estados Unidos han enfrentado dificultades similares.
En cuanto a la movilidad y la capacidad operativa, admitió que persisten limitaciones, como la demora en la llegada de aeronaves para combatir la minería ilegal en el Valle del Cauca.

No obstante, destacó que en zonas como Jamundí y el río Naya se ha incrementado en un 62% el número de capturas por extracción ilícita y se ha afectado maquinaria utilizada en actividades ilegales.
Consultado sobre la estrategia militar, Sánchez explicó por qué no se han realizado bombardeos contra las disidencias de las Farc y el ELN, a diferencia de las acciones emprendidas contra el Clan del Golfo.
Argumentó que estos grupos suelen operar en zonas semiurbanas, lo que impide atacar sin riesgo de causar daños colaterales, y que emplean a menores de edad y población civil como escudos humanos, lo que imposibilita el uso de bombardeos.
En relación con el atentado contra la Policía en Amalfi, Antioquia, el ministro indicó que la operación cumplió con los protocolos establecidos, incluyendo la revisión de la zona con caninos antiexplosivos y equipos antidrones. Sin embargo, reconoció que estas medidas no resultaron suficientes para detectar un campo explosivo preparado con antelación, lo que obliga a revisar y mejorar los procedimientos de seguridad.
Sobre la situación en la frontera con Venezuela, Sánchez señaló que las operaciones contra los grupos criminales continúan en esa región, al igual que en el Cauca.
Al ser consultado por la posibilidad de una intervención extranjera, enfatizó que cada país es autónomo en sus operaciones y que el enfoque del Gobierno colombiano permanece en la protección de sus ciudadanos, identificando como principales amenazas al Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las Farc.
El ministro también se refirió al uso de la población civil como escudo humano por parte de los grupos armados, una táctica que, según explicó, busca frenar el avance de la fuerza pública.

Mencionó el caso del secuestro de 34 militares en Guaviare como ejemplo de esta estrategia, en la que los criminales colocan a civiles, incluidos niños y mujeres embarazadas, entre ellos y las fuerzas del orden, recurriendo tanto a la amenaza como a la instrumentalización de la población.
Ante quienes solicitan su renuncia, Sánchez respondió en el medio mencionado que su motivación proviene del respaldo de la mayoría de los colombianos y de su vocación de servicio, reafirmando su compromiso con la construcción colectiva del país.
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