
Luego de que se conociera el caso en mayo de 2025 de abuso sexual contra niños en un jardín infantil en la localidad de San Cristóbal, en el sur de Bogotá. Freddy Castellanos fue capturado como presunto responsable de los abusos cometidos contra menores en Parque el Canadá.
La denuncia de Margie Espinel, madre y vocera de las víctimas del caso de abuso sexual ha puesto en el centro del debate la actuación de la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Astrid Cáceres.
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Espinel sostiene que Cáceres le ofreció “apoyos personales” con el objetivo de silenciarla tras el escándalo que involucra a la institución encargada de velar por el bienestar de los niños. Se conocieron testimonios y pruebas que sustentan estas acusaciones, que han generado preocupación en la opinión pública.
Desde entonces, Margie Espinel asumió el papel de portavoz de las familias afectadas y, en ese contexto, denunció ante la revista Semana que la directora del Icbf la abordó en varias ocasiones para ofrecerle ayuda de carácter personal, más allá de los apoyos institucionales.

Según el relato de Espinel, los ofrecimientos de Astrid Cáceres incluyeron la posibilidad de realizar un viaje para “conocer el mar”, la entrega de dinero a través de una cuenta bancaria y la opción de acceder a un empleo dentro del propio Icbf.
La madre de la víctima explicó al medio mencionado que estos gestos, presentados como muestras de consideración ante la difícil situación que atravesaban las familias, le resultaron sospechosos y los interpretó como un intento de callar su voz en medio de la crisis.
“Tú ahorita estás mal, tú necesitas darte un respiro. La presión social que estás manejando por tu hija y con los medios, por ser la vocera, es algo que tú no buscaste y no sabes cómo hacerlo. Necesitas un respiro. ¿Por qué no te vas de viaje?”, relató Espinel sobre la conversación sostenida el 8 de mayo en la sede del Icbf.
La oferta de un viaje no fue el único apoyo propuesto. De acuerdo con la denuncia revelada por Semana, la directora del Icbf también le sugirió abrir una cuenta bancaria para recibir consignaciones y le planteó la posibilidad de trabajar en la entidad.

Espinel recordó que, durante la conversación, Cáceres le preguntó si conocía el mar y le insistió en que, aunque no era millonaria, quería ayudarla. La situación se tornó aún más incómoda cuando la pareja de Espinel, que estuvo presente en la reunión, intervino para responder sobre el valor del arriendo que pagaban, a lo que la funcionaria respondió que el dinero no sería un problema y que ella misma se encargaría de cubrir esos gastos.
Los ofrecimientos, aunque realizados en privado, contaron con la presencia de la pareja sentimental de Espinel, que confirmó ante la revista Semana la forma en que la directora del Icbf planteó las ayudas. La madre de la víctima interpretó estas propuestas como un intento de silenciarla y cuestionó la dignidad de la funcionaria al pensar que podía comprar su silencio.
Además, Espinel señaló la incoherencia jurídica de que el Icbf, responsable del cuidado de los niños y futuro demandado en el proceso, ofreciera apoyos a las familias afectadas, tanto en reuniones públicas como privadas.
Mensajes y reacciones tras la denuncia
Tras la reunión del 8 de mayo de 2025, la comunicación entre la directora del Icbf y Espinel continuó a través de mensajes de WhatsApp. El medio mencionado tuvo acceso a estas conversaciones, en las que Cáceres reiteró su disposición a brindar “apoyos personales”, insistiendo en que estos ofrecimientos no provenían de la entidad como institución, sino de ella a título individual.

“Siempre en pie para apoyarte, como te dije anoche, en todo sentido, no como Icbf, sino como yo. Si cambias de número, me avisas, no te descuido y no duden, cualquiera de los dos, en buscarme… mis apoyos personales, que les dije, siguen en pie”, se lee en uno de los mensajes enviados por la funcionaria.
Entre el 11 y el 17 de mayo, Astrid Cáceres mantuvo el contacto con Espinel, reiterando su ofrecimiento de ayuda y su disposición a atender cualquier necesidad. De acuerdo con el testimonio de la madre y representante de las víctimas, esta atención personalizada no se extendió a otras familias afectadas, quienes no recibieron el mismo trato por parte de la funcionaria ni de otros empleados del Instituto.
Mientras tanto, el proceso judicial contra Fredy Castellanos avanza. El presunto abusador permanece privado de libertad y, a través de su defensa, ha solicitado la nulidad del proceso en su contra.
Finalmente, Espinel cuestionó la postura del IcbfF, que ahora busca declararse víctima en el proceso judicial, a pesar de ser la entidad responsable de los jardines infantiles donde ocurrieron los hechos.
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