La reciente emisión de la Resolución 0101 por parte de la Fiscalía General de la Nación ha generado inquietud entre funcionarios y expertos judiciales, que advierten sobre el riesgo de que investigaciones de alto perfil, muchas relacionadas con presuntos casos de corrupción y delitos cometidos por funcionarios del Gobierno Petro, queden en la impunidad.
Según información obtenida por la revista Semana, la inminente redistribución automática y aleatoria de expedientes sensibles ha provocado alarma interna ante la posibilidad de que procesos avanzados se estanquen o prescriban, justo cuando resta menos de un año para el fin del actual gobierno.
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La Resolución 0101, firmada el 13 de junio por Raúl Humberto González, delegado contra la criminalidad organizada y hombre de confianza de la fiscal general Luz Adriana Camargo, establece un proceso de reorganización que afecta a direcciones clave como narcotráfico, derechos humanos, justicia transicional, investigación, cibercriminalidad, recursos naturales y, especialmente, la Dirección contra la Corrupción. Esta última concentra expedientes que involucran a figuras de primer nivel del Ejecutivo y será objeto de una redistribución inminente en los próximos días, según comunicados internos a los que accedió Semana.
El alcance de la medida implica que los fiscales deben preparar la entrega de sus expedientes, con todos los elementos probatorios, para que sean reasignados de manera automática y aleatoria a otros despachos, en función de la ciudad o municipio donde ocurrieron los hechos.
La justificación oficial, recogida en un correo interno conocido por el diario nacional, es dar cumplimiento al Direccionamiento Estratégico 2024-2028, bajo el lema “Experiencia e Innovación al servicio de la justicia”, y avanzar en la regionalización de la Fiscalía para lograr una distribución “eficiente, equitativa y territorialmente adecuada” de la carga laboral.
Sin embargo, funcionarios del ente investigador advierten que la reorganización es percibida como una “cortina de humo” que podría interferir en investigaciones sensibles y suspender preacuerdos o principios de oportunidad.
“La reorganización es una cortina de humo para meterse en las investigaciones y romper la independencia de los fiscales. Ahora nadie se atreve a tomar decisiones”, señalaron fiscales de la entidad al medio citado.
Investigadores del área de narcotráfico, que solicitaron reserva de identidad, describieron la gravedad de la situación. “Sacaron a más de 40 personas, pero en la Dirección de Corrupción empiezan a sacar gente este lunes. Las investigaciones son enviadas a las regiones y allí nombran a otros fiscales con menos experiencia. Insisten en que es una necesidad del servicio, y nombran a quienes pueden usar para tapar”, señaló uno de los fiscales.
Entre los expedientes que quedarían en el limbo figuran investigaciones de alto impacto mediático y político. Destacan los casos contra Laura Sarabia, próxima embajadora en el Reino Unido y exjefa de gabinete de Petro; Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña presidencial; Armando Benedetti, ministro del Interior; y Marelbys Meza, niñera involucrada en el escándalo de interceptaciones y pruebas de polígrafo irregulares. También se encuentran procesos relacionados con Diego Marín, alias Papá Pitufo, señalado como el zar del contrabando, y las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de 2022, donde aparecen implicados altos funcionarios y aportes de la pirámide Daily Cop y Fecode.
En el caso de Papá Pitufo, Colombia ya solicitó su extradición desde Portugal, trámite que fue aprobado, pero aún no se concreta. La fiscal encargada del caso fue reemplazada y, tras resolver nulidades, está pendiente la acusación formal. Con la redistribución, el proceso podría sufrir un nuevo retraso, ya que un fiscal recién asignado necesitaría tiempo para familiarizarse con el expediente y reanudar las actuaciones.
El expediente de Marelbys Meza documenta cómo habría sido señalada y sometida a interceptaciones ilegales por orden de la Presidencia, según confesiones de policías condenados. La Fiscalía probó que Meza fue falsamente vinculada al Clan del Golfo para justificar la intervención de sus comunicaciones. Además, el proceso incluiría pruebas de poligrafía ilegales, con la excanciller Sarabia y el coronel Carlos Feria, exjefe de seguridad presidencial, como sindicados. Mientras Feria enfrenta una imputación pendiente de resolución de competencias, el caso de Sarabia ha transitado entre distintas delegadas sin avances sustanciales.
Asimismo, las investigaciones sobre la campaña presidencial de Petro, en las que se indaga la procedencia de aportes en especie y dinero, también se encuentran en una etapa crítica. Según fuentes del búnker de la Fiscalía citadas por Semana, la etapa de indagación está cerrada y se esperaban decisiones inminentes que podrían afectar al actual presidente de Ecopetrol.
El temor de los funcionarios radica en que la redistribución de casos complejos a las regiones, bajo el argumento de la regionalización, podría exponer las investigaciones a riesgos de seguridad y cooptación por mafias locales, una situación que en el pasado motivó la centralización de estos procesos en Bogotá.
“Reasignar los expedientes sin otro argumento que la regionalización, en términos prácticos, es torpedear las investigaciones. Llevará a vencimientos de términos y a prescripciones, porque son procesos con meses, algunos años en los despachos y, de un momento a otro, un nuevo fiscal tendrá que asumirlos”, advirtió un investigador a Semana.
Desde la Fiscalía, la versión oficial sostiene que la regionalización responde a un diagnóstico que identificó una sobrecarga laboral en las regiones frente a las grandes ciudades, y que los avances en algunas investigaciones no justificaban mantener la exclusividad de los casos en Bogotá. El documento institucional argumenta que la reorganización busca articular el trabajo de los funcionarios y lograr “impactos integrales” en áreas como crimen organizado, medioambiente, derechos humanos, cibercriminalidad, narcotráfico, justicia transicional y corrupción, abarcando cinco regiones y las 32 seccionales del país.
No obstante, investigadores experimentados consideran que la medida contradice los criterios establecidos para proteger la autonomía de los fiscales y garantizar la seguridad en casos de impacto nacional.
“Trasladar a los fiscales y reasignar las carpetas atenta contra los pilares que la misma fiscal Camargo prometió construir al inicio de su administración, como que un fiscal asuma los expedientes en todas las etapas del proceso. Ahora nadie se atreve a tomar decisiones”, manifestaron funcionarios al diario nacional.
El impacto de la reorganización trasciende lo judicial y afecta la estabilidad personal de los fiscales, muchos de los cuales son padres o madres cabeza de hogar. Los traslados forzados implican la separación de familias y la asunción de riesgos adicionales al investigar delitos en las regiones, donde la presión de actores locales puede ser mayor.
“La Fiscalía hace años superó ese problema de tener a los fiscales en las seccionales investigando a los políticos en esas regiones, lo que representaba un riesgo en materia de seguridad o que los implicados interfirieran en las investigaciones. Era una garantía que esta resolución pretende eliminar”, señalaron los funcionarios.
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