El reciente archivo del proceso disciplinario contra el fiscal Gabriel Ramón Jaimes Durán, que se desempeñó como delegado ante la Corte Suprema de Justicia, ha encendido una nueva controversia en el mundo judicial y político.
La decisión, adoptada por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial (Cndj), cerró definitivamente la investigación abierta en su contra por las decisiones tomadas en el expediente que involucraba al hoy ministro del Interior, Armando Benedetti, investigado en su momento por presunto enriquecimiento ilícito de servidor público y lavado de activos agravado.
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La investigación disciplinaria nació a raíz de una compulsa de copias de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana.
Ella advirtió que Jaimes asumió el proceso sin que mediara el reparto aleatorio exigido por la ley y sin justificar la asignación especial del caso.
Además, cuestionó que el fiscal hubiera declarado la nulidad de una prueba decretada por la Sala Especial de Instrucción y que hubiese cerrado la investigación sin evaluar la procedencia de una detención preventiva, teniendo en cuenta la gravedad de los delitos indagados.
La decisión de archivo
Tras dos años de indagación, la Cndj determinó que no existían méritos para sancionar disciplinariamente a Jaimes.
La ponencia de la magistrada Diana Marina Vélez, acompañada por los magistrados Alfonso Cajiao y Magda Acosta (que salvó su voto), concluyó que las actuaciones del fiscal se encontraban dentro de la autonomía e independencia que tiene un investigador penal.
El fallo tomado por El Tiempo señala que no era posible imputarle responsabilidad disciplinaria por haber declarado la nulidad de la prueba, ya que, en su criterio, una tercera pericia resultaba excesiva.
En cuanto a la omisión de pronunciarse sobre una eventual medida de aseguramiento, la Comisión sostuvo que Jaimes reconoció su error y lo corrigió en el mismo periodo procesal, lo que descartaba cualquier dolo o negligencia grave.
El auto de archivo, fechado el 9 de julio, ordenó la terminación definitiva del proceso disciplinario y dejó en firme la exoneración del fiscal.
Las dudas sobre un posible impedimento
Pese al cierre del caso, el fallo no logró disipar las suspicacias en torno a la imparcialidad del proceso. Fuentes consultadas señalaron que el magistrado Alfonso Cajiao pudo haber estado impedido para participar en la decisión, debido a su cercanía con Sandra Karyna Jaimes Durán, hermana del fiscal investigado.
En 2021, Cajiao la vinculó a su despacho mediante acto administrativo y, posteriormente, su firma aparece en postulaciones para cargos dentro de la Rama Judicial, incluida la Seccional Bogotá. Para algunos críticos, este nexo plantea un impedimento ético que debió ser considerado antes de la votación.
Consultado por el medio citado, Cajiao defendió su actuación. Aseguró que la ley establece de manera taxativa las causales de impedimento y recusación, y que ninguna de ellas aplicaba en este caso.
Además, recalcó que ningún interviniente presentó recusación alguna frente a su participación. “El primer paso frente a la revisión de cada expediente consiste en verificar, de manera riguroa, que no exista ninguna causal que me aparte de conocer el asunto. En este caso, no se configuró ninguna”, enfatizó.
Las voces de los protagonistas
El fiscal Gabriel Jaimes también se pronunció tras conocerse el archivo. “En efecto, se archivó la investigación en mi contra por el caso Benedetti, al considerar mis actuaciones ajustadas a derecho. La ponente fue la doctora Diana Vélez, que hizo sala con los doctores Alfonso Cajiao y Magda Acosta.
Mi intervención en el caso se reduce a ser el disciplinado, y desde esa perspectiva considero que el trámite fue imparcial y objetivo”, señaló.
Aunque reiteró su respeto por la judicatura, evitó entrar en controversias sobre la imparcialidad de los magistrados. “Nunca opino sobre mis juzgadores”, puntualizó.
Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, fue más duro en sus palabras. “No sabía que se había archivado el caso. Pero queda claro la persecución y la cacería de ella (la magistrada Lombana) por estar inventándome delitos. Lo que hace es perder la credibilidad que ya no tiene y ensuciar a la justicia”, dijo.
Un fallo con repercusiones
La decisión de archivar el caso abre un nuevo capítulo en el debate sobre los límites de la independencia judicial y los eventuales conflictos de interés dentro de las altas cortes y tribunales disciplinarios.
Mientras algunos sectores ven en el fallo una ratificación de la autonomía de los fiscales para adoptar decisiones procesales, otros sostienen que el vínculo entre magistrados y familiares del investigado plantea dudas razonables sobre la transparencia de la justicia.
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