Miguel Uribe Londoño condenó el despliegue militar ordenado por Petro en la frontera con Venezuela: “Es asqueroso”

El Gobierno de Donald Trump en Estados Unidos desplegó buques de guerra frente a Venezuela con el fin de hacer frente al narcoterrorismo. Esta acción militar disgustó al régimen del dictador Nicolás Maduro y al presidente de Colombia, Gustavo Petro, que, pese a los señalamientos de criminalidad que pesan sobre Maduro, decidió respaldarlo.

En consecuencia, el jefe de Estado ordenó militarizar la frontera de la región del Catatumbo (Norte de Santander), del lado de Venezuela, ampliando el número de uniformados que hacen presencia en la, donde también se pretende instalar una zona binacional con el régimen. El primer mandatario aseguró que la coordinación entre los países es clave para hacer frente a las organizaciones criminales.

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“Solicité la militarización de la frontera del Catatumbo del lado Venezolano, para lograr reducir al máximo las fuerzas de la mafia. He ordenado al ejército Colombiano ampliar el número de efectivos en el Catatumbo colombiano. Tenemos 25.000 soldados en la zona. No es la tierra la que le gana a la mafia, es la coordinación entre los dos estados quien lo logra”,

El incremento de uniformados en la frontera con el país vecino generó indignación. El precandidato presidencial Miguel Uribe Londoño, que anunció su aspiración luego de que su hijo Miguel Uribe fuera víctima de un magnicidio que le impidió continuar en la carrera por la Presidencia, aseguró que las acciones del primer mandatario son tardías y cuestionables.

“Es asqueroso ver cómo mientras este Gobierno ha abandonado a nuestros hermanos colombianos en problemas, hoy sí responde al llamado de sus socios Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Petro despliega rápidamente más de veinticinco mil soldados de nuestras Fuerzas Armadas a la frontera con Venezuela. Es un hecho inaceptable”, indicó Miguel Uribe Londoño.

De acuerdo con su explicación, la militarización que ordenó el jefe de Estado debería haberse efectuado en enero de 2025, cuando el Ejército de Liberación Nacional (ELN) generó una escalada de violencia en varios municipios de Norte de Santander, asesinando a integrantes del frente 33 de las disidencias de las Farc y a civiles. La situación derivó en amenazas, hostigamientos y en el desplazamiento masivo de la población del Catatumbo; según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitario de la ONU, más de 50.000 personas abandonaron sus territorios, escondiéndose en Cúcuta, Tibú y Ocaña.

Teniendo en cuenta la gravedad de la crisis, el precandidato insistió en que el Gobierno nacional no atendió correctamente la crisis humanitaria y de orden público que se presentó en el departamento, valiéndose del Ejército Nacional para incrementar el pie de fuerza en la región y garantizar la seguridad de los ciudadanos. “Este gobierno permite la violencia. Este gobierno promueve la violencia”, precisó Miguel Uribe Londoño.

Para entonces, la administración Petro declaró estado de conmoción interior para la región del Catatumbo y el Área Metropolitana de Cúcuta (Norte de Santander), así como para tres municipios del sur del Cesar. Bajo esa medida, expidió varios decretos para atender la emergencia y brindar garantías a la población afectada. El estado de conmoción fue levantado en abril, pero se extendieron las medidas transitorias establecidas en 11 decretos.

Por otro lado, el Gobierno reforzó la seguridad en el territorio con 300 uniformados, con el fin de neutralizar las confrontaciones que se estaban presentando entre el ELN y el frente 33 de las disidencias de las Farc. Posteriormente, se ordenó el envío de 5.000 militares más para atender la emergencia humanitaria y gestionar el retorno seguro de la población desplazada a sus territorios. Además, datos oficiales indican que más de 9.000 efectivos de la Policía Nacional y del Ejército Nacional llegaron al departamento para enfrentar la problemática.

Estas cifras difieren enormemente de los 25.000 uniformados que ahora son desplegados en el Catatumbo, específicamente en la zona fronteriza que comparte con Venezuela, por orden del primer mandatario.