Quién es la dueña de la camioneta blindada atacada con tiros de fusil en Cali y cuál es el vínculo con una red criminal en Medellín

Un nuevo episodio de violencia armada sacudió la ciudad de Cali luego de un ataque con fusiles contra una camioneta Toyota por la avenida Ciudad de Cali con Carrera 39 en la noche del 28 de agosto.

El vehículo blindado, modelo 2020 y de placas GJU897, pertenece actualmente a Mayra Alejandra Montezuma Solano, quien lo adquirió el 6 de mayo y posteriormente lo blindó en Sabaneta, Antioquia, donde sacó una nueva placa, según lo detalló El Tiempo.

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Según las autoridades, se busca a Montezuma.

Las imágenes captadas por testigos, el copiloto, cubierto por una capucha blanca, intentó auxiliar a un hombre que yacía en el pavimento con varias heridas de bala.

Las autoridades identificaron a la víctima fallecida como Javier Tello, DE 49 años, quien ejercía labores de escolta del copiloto, protagonista en los videos difundidos.

Mientras la Policía inspeccionaba la camioneta, aun con huellas de sangre en las puertas, surgieron indicios de que, a pesar del blindaje, las balas de arma larga lograron perforar las defensas del vehículo.

Fuentes policiales revelaron al medio mencionado que, tras realizar el levantamiento del cuerpo con el apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, se efectuó la verificación de antecedentes de dos de los ocupantes, logrando su detención en el acto.

En el mismo procedimiento fue capturado también un individuo identificado bajo el alias de Chingapipe, quien, según la información proporcionada, lideraría una estructura criminal activa en la región.

Las pesquisas abren la hipótesis de que este ataque sicarial podría estar vinculado al reciente intento de fuga ocurrido en el patio 1A de la cárcel de Villahermosa, suceso registrado el martes anterior.

Allí, permanecen recluidos tanto cabecillas asociados a “Chingapipe” como otros líderes criminales conocidos como “Dimax”, “Palustre” y alias H, todos con operaciones criminales vinculadas a Cali y sus alrededores, incluso, con conexiones hacia el departamento de Antioquia.

La revuelta en la cárcel de Villahermosa quedó documentada en grabaciones compartidas en redes sociales, donde se observa a internos enfrentándose abiertamente con miembros de la Fuerza Pública.

Los videos han servido como uno de los elementos de análisis para investigadores que buscan esclarecer las motivaciones y los posibles nexos entre ambos sucesos recientes.

En este contexto, la investigación continúa, enfocándose en desentrañar las auténticas causas del ataque, la identidad plena de los ocupantes y las ramificaciones que estos hechos pudieran tener en el entramado criminal del suroccidente del país.

“La Policía judicial y el CTI se encuentran en proceso de verificación, esperamos tener resultados sobre los afectados y también sobre los responsables de este incidente”, dijo Jairo García, secretario de Seguridad de Cali.

Según datos de las autoridades, la identidad de Mayra Alejandra Montezuma Solano no presenta antecedentes penales y está inscrita en el Sisben de Cali, en la comuna 13.

El reciente atentado con carro bomba en la base aérea Marco Fidel Suárez de Cali, con un saldo de seis muertos y más de setenta heridos, evidenció las debilidades en la seguridad local y encendió la alarma sobre los recortes presupuestarios en defensa e inteligencia.

El alcalde Alejandro Eder atribuyó la gravedad del ataque a la disminución de recursos por parte del Gobierno nacional, afirmando que esto ha limitado la capacidad de respuesta institucional.

En declaraciones a medios radiales, Eder describió el ataque, ejecutado en pleno tráfico, como un acto para causar el mayor daño posible, y responsabilizó al frente Jaime Martínez, disidencia de las Farc liderada por alias Iván Mordisco.

El mandatario recordó que Cali ha sido blanco de una ofensiva recurrente, con seis atentados desde mayo de 2024, y denunció que con recortes de hasta el 30% en el presupuesto nacional se afecta la operatividad de inteligencia, aviación y equipos de reacción.

Planteó la necesidad de restablecer los recursos nacionales y de fortalecer la erradicación de cultivos ilícitos, identificando Jamundí y el norte del Cauca como focos del problema.

Eder advirtió que la reducción presupuestaria compromete la seguridad de todas las ciudades capitales y solicitó una cumbre urgente con el Gobierno. Reafirmó la disposición de la fuerza pública, pero alertó que sin recursos estratégicos, la paz e institucionalidad en Colombia están en riesgo.