Alerta por déficit en financiamiento de la JEP: piden al Gobierno actuar ante riesgo para las víctimas

El contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, advirtió que no existen garantías presupuestales para cubrir los $500.000 millones que se requieren con el fin de financiar la reparación a las víctimas, las sanciones propias y el cumplimiento de las sentencias derivadas de los macrocasos que adelanta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Hasta la fecha, el Ministerio de Hacienda ha reportado el desembolso de únicamente $20.000 millones.

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De acuerdo con las cifras oficiales, ante la JEP se han acreditado más de 9.200 víctimas individuales y 340.000 personas integradas en sujetos colectivos, lo que refleja el alcance de las medidas restaurativas que deberán implementarse.

Sin embargo, la Contraloría alertó que no se vislumbran mecanismos de financiación sostenibles a mediano y largo plazo para llevar a cabo estas disposiciones judiciales.

La Contraloría señaló que en el Presupuesto General de la Nación no están previstos los recursos para los Trabajos, Obras y Actividades con contenido Restaurador-Reparador (Toar). El organismo de control advirtió que “no se tiene certeza de la financiación de los proyectos que las entidades tienen definidos para la implementación y ejecución de las sanciones propias”.

A esto se suma la preocupación por la administración de los bienes de las extintas Farc. Según las auditorías practicadas a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) en los años 2022 y 2024, la monetización de dichos bienes ha sido baja, lo que limita la disponibilidad de recursos para la reparación de las víctimas del conflicto armado.

El contralor Rodríguez explicó que la ausencia de una adecuada planeación financiera puede derivar en consecuencias directas sobre la legitimidad del sistema de justicia transicional. De acuerdo con la entidad, “la falta de articulación y coordinación puede conllevar a una implementación ineficaz de las medidas e impedir que las sanciones y los procesos restaurativos tengan un impacto real y positivo en las víctimas y comunidades afectadas”.

En paralelo a estos cuestionamientos, la JEP y el Gobierno nacional avanzan en la construcción de un decreto para reglamentar la implementación de las sanciones propias y medidas restaurativas. El martes 26 de agosto, la Unidad de Implementación del acuerdo de paz, la JEP, el Ministerio de Justicia y del Derecho y otras entidades participaron en una sesión de la Instancia de Articulación Gobierno-JEP.

El proyecto de decreto establece las condiciones transversales para que los comparecientes ante la JEP puedan cumplir con las sanciones propias, a través de Toar y de las Medidas de Contribución a la Reparación (MCR), sin que ello implique vínculos contractuales o laborales. El documento también prevé afiliación a seguridad social, protección frente a riesgos laborales, condiciones dignas de habitabilidad y garantías de seguridad tanto para los comparecientes como para las comunidades receptoras.

Asimismo, se determinó que el Gobierno debe proporcionar las condiciones institucionales necesarias para que se hagan efectivas las restricciones de derechos y libertades de los comparecientes durante el cumplimiento de las sanciones.

Durante la jornada, la Sección de Reconocimiento y la Secretaría Ejecutiva de la JEP insistieron en la necesidad de que el Gobierno y el Congreso den prioridad estratégica a la asignación de recursos en el Presupuesto General de 2026. El magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, afirmó: “Este es un ejercicio inédito en Colombia. Queremos que las sentencias sean viables y nosotros, como órgano judicial, queremos que las órdenes lleguen a los territorios. (...) Este camino es el difícil, pero es el que le dará legitimidad a la JEP y seguridad jurídica a los comparecientes”.

En la misma línea, Juan David Villalba, director de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia, destacó que “las entidades presentes en la instancia de articulación nos comprometemos a trabajar conjuntamente para que el Estado garantice los recursos económicos para facilitar la implementación de las Sanciones Propias”. También señaló la urgencia de que el decreto sea expedido pronto para responder de manera efectiva a las primeras sentencias restaurativas.

Por su parte, Gloria Cuartas, directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, hizo un llamado a las entidades del Gobierno a cumplir con la obligación de garantizar las sanciones y medidas restaurativas. En sus palabras: “El tema de la seguridad es fundamental para todos los comparecientes, tanto firmantes de paz como militares. En medio de la compleja situación de violencia que atraviesa el país, es necesario que todas las entidades del Gobierno consideren las condiciones especiales que estamos viviendo”.