Fallas en la investigación por la desaparición de la niña Valeria Afanador en Cajicá denunció la Defensoría del Pueblo: “Violaron los principios del interés superior de la niñez”

La desaparición de la menor Valeria Afanador provocó el rechazo de la Defensoría del Pueblo por el procedimiento que se llevó a cabo por parte de algunas instituciones, como la Fiscalía, el Instituto de Bienestar Familiar (Icbf) e, incluso, del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, lugar donde desapareció la niña.

En un comunicado, el ministerio público detalló cinco puntos en los que se explican las demoras y falencias en los procedimientos, que ya se cumplen más de 17 días.

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En las tres páginas del informe de la Defensoría, se mencionó la demora por parte de la institución educativa en dar aviso a las autoridades, tan pronto conocieron la desaparición de la menor, con síndrome de Down.

“Se habrían podido ejecutar acciones coordinadas con las autoridades municipales para establecer controles en las entradas y salidas del municipio, así como en diferentes medios de transporte local”.

De acuerdo a la ley, en caso de desaparición de un menor de edad se deben activar varias rutas de manera inmediata, no obstante, la entidad aseveró que se pasó por alto el debido proceso: “Violaron los principios del interés superior de la niñez y de protección integral (...) Se generó un incumplimiento grave del deber estatal de protección integral y restablecimiento de los derechos de la menor de edad”.

Uno de las fallas que se tipificaron en el documento es que el 12 de agosto, día de los hechos, no se notificó a las entidades correspondientes para que se emitiera de inmediato la circular amarilla por parte de la Interpol, y poder poner en sobreaviso a Migración Colombia, cosa que ocurrió siete días después.

De igual manera, no se activó el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, que impulsa a tomar medidas de manera inmediata.

Según información del papá de la niña, la mamá y sus trillizos están recibiendo acompañamiento psicosocial a través del equipo psicosocial del ICBF Centro Zonal de Facatativá y personal de psicología de la Alcaldía Municipal de Cajicá.

El Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, ubicado en Cajicá, enfrentó cuestionamientos públicos el 27 de agosto tras las afirmaciones del abogado Julián Quintana, que insinuó una posible manipulación de la escena en la investigación sobre la desaparición de Valeria Afanador Cárdenas.

La reacción de la institución se centró en rechazar cualquier insinuación de intervención irregular y en detallar, bajo estricta atribución, los procedimientos adoptados después de los hechos, siempre bajo supervisión y en coordinación con las autoridades pertinentes.

En referencia al silencio institucional que algunos han interpretado como sospechoso, el colegio fundamentó su postura en obligaciones legales: “La decisión del colegio de limitar sus declaraciones públicas no obedece a ocultamientos, sino al cumplimiento estricto de la reserva sumarial (art. 213 del Código de Procedimiento Penal) y al deber de no entorpecer la investigación ni desviar la atención sobre lo verdaderamente relevante: el esclarecimiento de los hechos y la búsqueda de la menor. Interpretar ese silencio como un indicio en contra constituye un acto de deslealtad procesal”, subrayó la institución.

Durante los días comprendidos entre el 12 y el 15 de agosto, más de 700 personas transitaron por las instalaciones del colegio, entre ellos docentes, directivos, familiares de la menor desaparecida y personal de múltiples entidades como Bomberos, Gestión del Riesgo, Cruz Roja, Icbf, Secretaría de Seguridad, Policía, CTI, Personería, Defensoría del Pueblo, Ejército, Sijín, Gaula y la Administración Municipal, encabezada por la alcaldesa de Cajicá.

También se contó con la presencia de equipos externos gestionados por la familia, como representantes de Grupo Aval y Seguros Bolívar. Según la institución, todas estas acciones estuvieron coordinadas por el Puesto de Mando Unificado (PMU), único organismo autorizado para regular accesos y acciones en el área.

La institución precisó que cualquier cambio físico percibido en el terreno se debió al desplazamiento de brigadas de búsqueda, voluntarios y organismos oficiales, y remarcó su falta de competencia legal para restringir o autorizar el ingreso de personas, subrayando que no podía asumir el rol de las autoridades en la protección de la escena.

Frente a la reciente circulación de un video en redes sociales, divulgado por Julián Quintana, que mostraba a la rectora Sonia Ochoa sugiriendo que un extrabajador o tercero podría estar involucrado en los hechos, el colegio señaló que el extracto fue “sacado de contexto” y formaba parte de un diálogo interno con padres de familia.

El Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe reiteró su solidaridad con la familia de Valeria Afanador y su compromiso con la búsqueda de la verdad, llamando a que la información sea manejada con rigor y basada en hechos comprobados. Además, expresaron plena confianza en la labor de las autoridades judiciales y administrativas y aseguraron que seguirán colaborando con transparencia y respeto a la ley en el avance de la investigación.