La Sala de Apelación de la JEP revocó la negativa inicial que había impedido el reconocimiento de la Universidad Militar Nueva Granada como víctima, estableciendo que la institución podrá intervenir en el proceso, aportar información y participar en audiencias.
Esta resolución se conoce en el marco del macrocaso 10, que aborda los delitos cometidos por las Farc contra integrantes de la Fuerza Pública y sus familiares.
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El antecedente del ataque de 2006 marca el contexto de esta decisión. El 16 de octubre de ese año, un carro bomba explotó en las instalaciones de la universidad en Bogotá, dejando al menos 23 personas heridas y causando graves daños materiales. Este atentado fue atribuido a las Farc y posicionó a la institución como un blanco directo de la violencia de la guerrilla.
Reconocimiento institucional y participación en la JEP
La participación de la universidad como víctima colectiva permitirá que su voz, como institución educativa y comunidad universitaria, sea escuchada en los escenarios de verdad y justicia. “La participación activa de las universidades en la JEP contribuye a una comprensión más integral del daño colectivo sufrido y fortalece el carácter restaurativo del proceso transicional”, señaló Guiovanna Ortega, directora general de la Corporación MilVíctimas y representante jurídica de la Universidad.
En la parte resolutiva, la Sala de Apelación determinó revocar el Auto 153 de febrero de 2025, que había negado la acreditación. Esto implica que, a partir de ahora, la institución podrá intervenir en audiencias, aportar documentos y recibir los beneficios y garantías que el sistema de justicia transicional otorga a las víctimas.
El debate sobre el concepto de víctima colectiva
La decisión también genera discusión sobre el alcance del concepto de víctima colectiva en la justicia transicional, especialmente cuando se trata de universidades afectadas por ataques directos. La Procuraduría ya había solicitado el 2 de abril de 2025 que se acreditara a la Universidad Militar Nueva Granada como víctima, luego de que la Sala de Reconocimiento de la JEP inicialmente no concediera la acreditación.
En su solicitud, el Ministerio Público argumentó que la Sala de Reconocimiento “de manera errónea, parte de la premisa de que se está frente a un delito amnistiable, supuesto que aún no ha sido valorado por ella, y este Delegado no comparte que precisamente se haya tenido en cuenta esta calificación de crimen amnistiable para decidir de manera ligera frente a la solicitud invocada por la Universidad Militar Nueva Granada”.
El documento de la Procuraduría señala que la universidad sufrió afectaciones significativas tras el atentado: suspensión de actividades académicas, clima de temor en la comunidad universitaria y daños a la infraestructura.
“Más allá del daño individual sufrido por sus miembros, estas comunidades han experimentado transformaciones estructurales que han afectado su identidad, su funcionamiento y su papel en la sociedad”, indicó el Ministerio Público.
La voz de las víctimas
En 2022, la Corporación MilVíctimas solicitó el reconocimiento de víctimas civiles y militares del atentado, resaltando que el ataque violó principios del Derecho Internacional Humanitario, como distinción, precaución y proporcionalidad.
La organización presentó un informe titulado “Dolor, Superación y Gloria, historias silenciosas de una vida en guerra no escuchada”, que recoge relatos de personas afectadas de manera física y psicosocial.
Civiles y militares expresaron su reclamo por justicia y reconocimiento. El sargento mayor retirado Hernán Rodríguez afirmó: “Yo creo que las víctimas no son solo los civiles, porque entendí que solo ellos podían ser reconocidos como víctimas del atentado, y uno como militar no entiende… es importante que seamos reconocidos porque uno también es humano, uno también tiene afectaciones como puede tener cualquier civil”.
Por su parte, el coronel (r) Armando Pintor señaló: “El fallo del 2020 de la JEP, los militares que participamos nos quitaron el reconocimiento de víctimas… se nos desconozca que éramos alumnos que estábamos estudiando, que no teníamos ningún tipo de armamento”.
Diana Marcela Becerra, estudiante víctima del atentado, agregó: “Al final lo que uno siembre busca es que se haga justicia… que uno le diga la verdad de por qué pusieron una bomba en la universidad”.
La Corporación MilVíctimas insistió en la necesidad de reconocer a las personas militares como víctimas de graves violaciones a los Derechos Humanos, como un paso fundamental para la reconciliación, la reparación integral y la reconstrucción del tejido social en Colombia.
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