Consejo de Estado defendió al magistrado Ibáñez tras críticas de Petro por la reforma pensional: “No se respeta la justicia”

El presidente del Consejo de Estado, magistrado Luis Alberto Álvarez, defendió en Villavicencio la labor del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional, luego de los señalamientos hechos por el presidente Gustavo Petro contra el togado en el marco del estudio de la reforma pensional.

Durante el encuentro anual de la Corte Suprema de Justicia, denominado Justicia Somos Todos, Álvarez subrayó que la Rama Judicial actúa como un solo cuerpo en la protección de la Constitución y deploró las descalificaciones contra las decisiones judiciales.

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“La justicia es una sola. La rama judicial actúa al unísono y siempre hacemos prevalecer la vigencia de la Constitución de la ley y la fuerza del derecho. El doctor Ibáñez es hoy el representante, una cabeza de los órganos de la justicia y su papel, como lo viene haciendo, es representar a una rama del poder público. De manera que nosotros deploramos que hayan descalificaciones y que, por supuesto, no se respete las decisiones de la justicia”, declaró Álvarez.

El respaldo surge en medio de un año de tensiones entre el Gobierno y la Corte Constitucional, motivadas principalmente por el análisis de la reforma pensional, una de las iniciativas centrales de la agenda social del presidente Petro.

El conflicto se agudizó cuando el jefe de Estado cuestionó el actuar del magistrado Ibáñez, luego de que este ordenara nuevas pruebas en el proceso de constitucionalidad de la Ley 2381 de 2024, que establece el Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de origen común. Entre esas pruebas se solicitó información relacionada con los viajes del mandatario a España y Francia.

Petro afirmó que Ibáñez “desconfía del presidente de la República” y que actuaba motivado por “odio ideológico”. A estas declaraciones, el magistrado respondió en un auto judicial señalando que tales afirmaciones “no corresponden a la verdad y resultan por completo ajenos al deber de colaboración armónica que vincula a las ramas del poder público y ponen en riesgo la independencia judicial que reconoce el artículo 228 de la Constitución Política”.

En el mismo pronunciamiento, Ibáñez aclaró que, en virtud de la presunción de buena fe que ampara las actuaciones de las autoridades públicas, entendía que la intención del presidente y sus ministros era la de buscar celeridad en el trámite de la demanda, y no afectar la independencia del alto tribunal.

El origen del proceso se encuentra en la acción presentada por la senadora Paloma Valencia, que argumentó que el trámite legislativo de la reforma omitió el debate obligatorio en la plenaria de la Cámara de Representantes, lo que podría vulnerar el artículo 48 de la Constitución.

Frente a esta demanda, la Corte Constitucional, con ponencia de Ibáñez, amplió el plazo para la recolección de pruebas. Según el auto, el propósito de esta decisión es “garantizar la oportunidad de que los ciudadanos y las autoridades interesadas en este proceso puedan manifestar lo que estimen pertinente, y aportar las pruebas necesarias para la adopción de una decisión de fondo”.

El alto tribunal confirmó que recibió información sobre la presencia o ausencia del presidente en el país durante las sesiones legislativas, pero tanto el Departamento Administrativo de la Presidencia como la Secretaría Jurídica indicaron que esos datos están amparados por “reserva legal” y no podrán hacerse públicos.

Asimismo, la Corte dispuso que, una vez vencido el plazo de pruebas, la documentación sea trasladada a la demandante, a los intervinientes y al procurador general, sin necesidad de un nuevo auto que califique la prueba.

Mientras tanto, la Cámara de Representantes aprobó el Acta 257, correspondiente al 28 de junio de 2025, con lo cual documentó la subsanación de los vicios señalados por la Corte en el trámite de la reforma pensional. No obstante, el proyecto aún no ha pasado al análisis de fondo del alto tribunal, ya que sigue pendiente la aprobación de otra acta considerada clave para superar los cuestionamientos sobre la legalidad del proceso legislativo.

El presidente Petro ha expresado públicamente su inconformidad con lo que considera retrasos injustificados en el trámite judicial. En un acto de entrega de tierras realizado en Córdoba el 8 de agosto, manifestó: “Indudablemente si no pasa nada anómalo y hay gente que quiere que pase, desfinanciarnos, quitarnos las posibilidades, tumbar decretos, tumbar leyes, congelar leyes como la pensional cuando se ha aprobado dos meses en el Congreso de la República. (…) Hablar de ‘fuera y fuera y fuera’, como si fuera delito el haber planteado una reforma agraria de nuevo en Colombia, como si fuera delito el que hubiera una pensión universal para las personas, como si fuera delito el que el trabajador y la trabajadora tuvieran un salario más digno, como si fuera delito defender el territorio”.