Advierten retroceso de 15 años en el manejo de drogas en Bogotá por la gestión de Carlos Fernando Galán: “Su marca es castigar”

La Corporación Acción Técnica Social emitió un informe, compartido por Échele Cabeza, en el que cuestiona a la administración del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, por el rumbo que está tomando la ciudad en materia de manejo de sustancias psicoactivas (SPA). De acuerdo con el documento, a pesar de que el mandatario local prometió en campaña adelantar una agenda progresista y de innovación, su gestión actual sería sumamente restrictiva, lo que marcaría un enorme retroceso respecto a los avances logrados por administraciones anteriores.

“El alcalde Carlos Fernando Galán, sus secretarios y concejales traicionaron los ideales del nuevo liberalismo que en campaña prometían una agenda de gobierno innovadora y progresista frente a las SPA, pero una vez llegaron al poder, se han convertido en la administración más conservadora y prohibicionista de los últimos 15 años de la capital”, precisó la corporación en el informe.

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En el documento se indica que durante más de una década, Bogotá se consolidó como referente nacional y latinoamericano en políticas públicas sobre SPA. Sin embargo, la llegada de Galán a la alcaldía supuso un cambio de paradigma.

Según denunció la corporación en el informe, el Plan de Gobierno del alcalde se centró en la criminalización, la judicialización y la atención de consumos problemáticos, dejando de lado enfoques de reducción de daños y participación comunitaria. Además, al parecer, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Seguridad se opusieron a incluir propuestas innovadoras en el Plan de Desarrollo, y los compromisos asumidos en el documento “Bogotá Camina Segura” han tenido una implementación mínima o nula.

“A Carlos Fernando Galán, su frase de “construir sobre lo construido” solo le sirvió para seguir con el Metro, pero en política de drogas acabó con 15 años de trabajo que habían logrado navegar las diferencias políticas para dejar huella (…). Su marca es castigar, enfermar y perseguir”, señaló.

Una de las principales estrategias adoptadas por la administración ha sido la imposición de comparendos por porte y consumo de sustancias, una medida que, según datos de la Secretaría de Seguridad, ha generado 44.505 sanciones entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de mayo de 2025, concentrándose el 58% en cinco localidades: Chapinero (6.392), Suba (5.258), Kennedy (2.552), Bosa (4.583) y Tunjuelito (3.352).

Este enfoque punitivo afecta principalmente a jóvenes de sectores populares y vulnerables, lo cual, según la corporación, se traduce en trabas para su acceso a oportunidades educativas y laborales, y alimentando el estigma y la exclusión social. Además, el pago de estas sanciones no supera el 15%, lo que deja a miles de personas en situación de desventaja y expuestas a la criminalidad.

Por otro lado, el documento señala que la Secretaría de Salud ha reforzado la patologización del consumo, priorizando la abstinencia y la atención de casos problemáticos, a pesar de que reconoce que el 78,1% de los consumidores en 2022 y el 86,8% en 2019 no presentaron trastorno por uso de sustancias.

En ese sentido, la corporación cuestionó la destinación de los recursos para este tipo de manejos. Pues, las inversiones anunciadas, como los $1.100 millones en 2024 y los $750 millones proyectados hasta junio de 2025 para el programa SPAcios de Bienestar, presuntamente, no han venido acompañadas de evidencia sobre resultados concretos en prevención o reducción de daños.

“El enfoque prohibicionista, anticuado y carente de evidencia que la administración aplica en materia de drogas es determinante, ya que ni siquiera contempla una relación diferente ni un abordaje integral de la salud mental que reconozca la necesidad de intervenciones colectivas y territoriales como estrategia educativa frente al consumo”, se lee en el informe.

En el ámbito normativo, la corporación también criticó la prohibición de extensión horaria de la fiesta y el expendio de alcohol en Bogotá por medio del Decreto 293 de 2025. Esta medida retomaría “lo peor de un enfoque obsoleto” al tecnificar la prohibición. Las críticas no solo surgen por parte de la corporación; establecimientos de comercio también se han quejado por las afectaciones a sus negocios. “El decreto apuesta por la prohibición en lugar de ampliar los horarios, restringiéndolos y deshaciendo 15 años de avances”, precisó.

Y, según expuso, la administración también incumplió la Sentencia C-127/23, que ordena derogar el Decreto 1844 de 2018 y regular el consumo en el espacio público, garantizando derechos fundamentales y evitando la criminalización arbitraria. A más de un año y medio de la sentencia, no se han tomado medidas para cumplir con las directrices de la Corte Constitucional, permitiendo que concejales impulsen regulaciones restrictivas que, a su juicio, perpetúan el conflicto entre jóvenes, la comunidad y la fuerza pública.