34 soldados siguen retenidos contra su voluntad en Guaviare: alcalde de El Retorno aseguró que los militares “no están secuestrados”

“Para mí no es un secuestro”, declaró Jhonny Jaiber Casanova López, alcalde del municipio de El Retorno, Guaviare, durante una entrevista en La W Radio el miércoles 27 de agosto de 2025.

El funcionario negó que los 34 militares retenidos tras un operativo contra de las estructura de alias Dúmar, uno de los cabecillas al servicio de alias Iván Mordisco (máximo jefe de las disidencias de las Farc) estén privados de la libertad y atribuyó la situación a reclamos de la comunidad local.

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A lo largo de la entrevista, Casanova López sostuvo que la presencia de los militares responde a la exigencia de más de ochocientas personas, quienes demandan que una comisión institucional —con representantes de la alcaldía, la gobernación, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Defensa y el comisionado de paz— viaje hasta la vereda afectada.

El objetivo de la comunidad es esclarecer el asesinato de un civil y la pérdida de bienes personales en el marco de los recientes enfrentamientos.

El dirigente detalló: “Lo que exige la comunidad es que vaya una comisión al territorio y dé una explicación del asesinato de una persona civil”.

También remarcó que la demanda local incluye el esclarecimiento sobre la pérdida de un dinero, víveres y joyas pertenecientes a la familia de la víctima.

Frente a la insistencia de los periodistas que le objetaron el uso del término “retención” en vez de “secuestro”, el alcalde defendió su posición.

“Tengo las evidencias, tengo los videos donde el ejército está con sus respectivos fusiles hablando con la comunidad, en ningún momento se ha maltratado”, insistió el alcalde Johnny Casanova.

Según Casanova, su rol es garantizar los derechos tanto de los militares como de los habitantes, recalcando que “no se puede permitir el abuso de la autoridad hacia la comunidad”.

En medio de los cuestionamientos por no denunciar el presunto secuestro, Casanova López insistió: “Para mí no es un secuestro. En los videos se ve a los soldados dialogando con la comunidad, secuestro fuera que los tuvieran en otra condición”.

Al ser consultado sobre la muerte del civil, el alcalde profundizó: “Ese civil fue asesinado, al parecer, por el ejército Nacional, es que esa es la indignación de la comunidad”.

Además, el mandatario reiteró que su pedido es esclarecer los hechos y las circunstancias del fallecimiento, sin defender a grupos armados: “No quiero que quede en el limbo que estoy defendiendo a un delincuente”.

Sobre contactos con las autoridades nacionales, Casanova afirmó que no ha hablado con el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, pero sí con altos mandos de la Cuarta División y la brigada correspondiente, a quienes trasladó las demandas de la comunidad.

Además, informó que la Defensoría del Pueblo ya estuvo en territorio y que espera recibir las conclusiones oficiales tras un consejo de seguridad departamental.

La controversia surge después de la confirmación pública por parte del ministro de Defensa de Colombia, el 26 de agosto de 2025, de la retención de los militares en el Guaviare tras los operativos contra una estructura criminal vinculada a Iván Mordisco.

En declaraciones a la emisora Bluradio, Casanova mencionó que los “treinta y cuatro militares permanecen retenidos por la comunidad en la vereda Nueva York, jurisdicción del municipio de El Retorno, Guaviare, y existe preocupación por la muerte de un civil durante una reciente operación militar”.

El alcalde confirmó que la retención ocurrió después de un operativo militar en el que fue abatido alias Dúmar el día domingo 24 de agosto de 2025, según el reporte recibido en el Consejo de Seguridad Municipal.

“La información que tengo es que el día domingo fue abatido este personaje. Ayer (martes 26 de agosto), cuando se conoce por el ministro de Defensa y las fuerzas militares el informe de diez bajas, ahí empiezo a preocuparme porque la comunidad reclama el asesinato, al parecer, de una persona civil”, indicó Casanova López.

El mandatario agregó que, según lo manifestado por líderes comunitarios, uno de los fallecidos, identificado como Ramiro Correa, no pertenecería a ningún grupo armado ilegal.

En sus declaraciones, Casanova recalcó la incertidumbre que existe sobre lo ocurrido con Correa: “No puedo salir responsable acá. Es una persona que quedó en medio de la confrontación de este operativo, según lo que me dicen presidentes de junta y la comunidad”.

Casanova afirmó que la comunidad exige el esclarecimiento de estos hechos y expresó su inquietud ante las dos versiones contrapuestas: la retención de los militares y la posible muerte de un civil en el operativo. “Lo que hoy la comunidad reclama es que se esclarezcan los hechos en cuanto a eso”, aseguró.

El alcalde municipal agregó que, más allá de los informes oficiales, es prioritario ir al territorio para verificar lo sucedido, y destacó que no se pueden vulnerar los derechos ni de los militares ni de la comunidad.

“No podemos permitir que siga pasando. Y tampoco el abuso de las fuerzas militares”, dijo Casanova, aludiendo a la indignación de los pobladores por presuntos atropellos del Ejército.

Al ser consultado sobre si la situación se puede calificar como secuestro de los militares, Casanova López señaló: “Podría ser, pero hay que tener claridad. No se puede vulnerar derechos ni de los militares ni de la comunidad. Porque la comunidad hoy también manifiesta: aquí vinieron a golpearnos, acá vinieron a maltratarnos y eso es lo que hoy la comunidad está indignada”.

Acerca de las demandas de la población local para la liberación de los soldados, el alcalde precisó: “Ellos están en toda la disposición de dialogar, pero piden una comisión. Un representante, un delegado de la Comisión de Paz, del Ministerio de Defensa, de la Defensoría del Pueblo y presencia institucional de la alcaldía y la gobernación”.

La comunidad también exige que se investigue el asesinato de Ramiro Correa y reportó la desaparición de bienes como dinero, joyas y víveres durante la operación militar. “Eso es lo que pide realmente la comunidad”, puntualizó el alcalde de El Retorno.

Por su parte, el alcalde insistió que no se debe permitir que los militares permanezcan retenidos durante semanas o meses.

“Yo le he manifestado a la comunidad: no podemos permitir durar tres, cuatro meses con los soldados allá retenidos. Necesitamos activar la ruta, buscar la solución, buscar cuáles van a ser si estamos en la disposición de un delegado del Ministerio de Defensa o del Comisionado de Paz para que vayamos al territorio y podamos dialogar con la comunidad y se pueda liberar a los soldados o conocer realmente qué fue lo que pasó”, detalló el mandatario de El Retiro.

Sobre la acusación de las autoridades nacionales respecto a que las disidencias de las Farc estarían detrás de la retención, instrumentalizando a miembros de la comunidad, Casanova López también se pronunció.

“Podría estar pasando, pero no lo puedo decir de una forma irresponsable. Lo que sí sé es que hay amigos y comunidad en general que salieron a protestar por el asesinato de esta persona, muy seguramente porque lo conocían y porque tienen conocimiento de que no pertenece a ningún grupo. Son las autoridades las que nos deben decir efectivamente si el señor pertenecía o no pertenecía”, cerró el alcalde.

Por último, y acerca de la identificación de los fallecidos en la operación, el mandatario concluyó: “Del informe sobre los diez muertos, uno solamente me reportó el Ejército en el Consejo de Seguridad, que es el cabecilla alias Dúmar o alias Chito. Ese es el que yo conocía. Ya luego aparece la versión de la persona que la comunidad reclama que es aparentemente el civil. Los otros ocho no tengo conocimiento”.

Al final, Casanova López reiteró su disposición para desplazarse a la zona de la retención con la comisión oficial: “Me encuentro en la ciudad de Bogotá en unas reuniones, pero estoy en toda la exposición de viajar y acompañar esta comisión para que se pueda esclarecer la situación que se viene presentando”.

En diálogo con la W Radio, el procurador delegado para los Derechos Humanos, Néstor Osuna, aseguró que “estamos claramente ante un secuestro infame de treinta y cuatro miembros de la fuerza pública en la vereda Nueva York, municipio de El Retorno, Guaviare”.

El también exministro de Justicia también confrontó la postura del alcalde de El Retorno, Jhonny Jaiber Casanova López, y que señaló que los soldados no estaban secuestrados sino retenidos como parte de una protesta comunitaria por la muerte de un civil en la zona.

“Juridícamente, no [puede decidirlo el alcalde]. Son las autoridades judiciales, la fiscalía y un juez quienes determinan cuál es el delito”, explicó el procurador.

Osuna también recalcó la gravedad de la situación: “Fueron impulsados por estructuras criminales que operan allí, por algunas de las disidencias que se valieron de población civil para cercar a estos militares. Esos militares están secuestrados porque en contra de su voluntad están privados de su libertad”.

El procurador delegado alertó que la instrumentalización de la comunidad civil por parte de grupos armados constituye una violación grave de derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

“Al poner a población civil a que cometa el secuestro, pero instigados por la estructura criminal, las fuerzas militares, de acuerdo con sus protocolos, no atacan población civil. Y por eso quedan inermes frente a esa actuación”, precisó el procurador Osuna.

Sobre las consecuencias jurídicas para quienes perpetran estos hechos, el delegado agregó que: “todos ellos, tanto los que han instigado como los que ejecutan los actos de secuestro, están incurriendo en el delito de secuestro, que no tiene beneficios penales y tiene penas muy altas”.

Osuna también reclamó una acción más ágil y consciente por parte de la administración de justicia para sancionar a quienes participen, y pidió a la población civil acudir a las autoridades y no dejarse instrumentalizar.

Consultado sobre el supuesto uso irregular de predios privados por parte de la fuerza pública, Osuna aclaró: “Está permitido en algunas ocasiones si las circunstancias lo exigen, que las fuerzas armadas ocupen terrenos de propiedad privada por razones de conflicto armado, con respeto a los propietarios y reparaciones si hay daños”.

No obstante, el procurador puntualizó que serán las investigaciones las que determinen si hubo excesos o usos indebidos en la operación del domingo 24 de agosto de 2025.

Por último y acerca del ambiente para aprobar leyes de sometimiento de grupos armados, Osuna fue pesimista.

“Hace tres años era factible pensar en una oferta de disminución de penas a cambio del desmonte de estructuras criminales. Hoy, con lo que hemos visto, está remoto. Lo que necesitamos es una efectividad muy contundente de la fuerza pública y de las autoridades judiciales”, concluyó.