La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos en contra del exalcalde de Aquitania, Boyacá, Héctor Orlando Barrera Cárdenas (2020-2023) y contra quien fuera el inspector de Policía del municipio William Orlando Peralta Riveros por presuntamente haber omitido parte de sus funciones en el control de las construcciones aledañas a la Laguna de Tota.
Son tres (Tota, Cuítiva y Aquitania) los municipios boyacenses que colindan directamente con ese ecosistema, que es uno de los más frágiles e importantes del país y de acuerdo con el ente de control, las autoridades de Aquitania permitieron que las obras del complejo hotelero Entre Islas avanzaran sin contar con las respectivas licencias de construcción y autorizaciones ambientales.
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El proyecto, que contemplaba la edificación de una estructura principal y al menos 11 glamping, un salón de eventos y un mirador en la ronda de la laguna, continuó su desarrollo pese a tratarse de una zona protegida, declarada de especial importancia ecológica por su aporte ambiental y como fuente hídrica.
Asimismo, la entidad indicó que fueron reiterados los llamados de atención del Ministerio Público al proyecto que fueron ignorados por los propietarios del complejo turístico y de las autoridades del municipio, cuya actividad económica se basa en el turismo en torno al ecosistema y a la cría y comercialización de trucha.
Dichas advertencias que fueron ignoradas, detallaban el impacto ambiental de la construcción en el ecosistema y las diferentes especies de fauna y flora que allí habitan, por lo que también ordenó la compulsa de copias en contra de funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá) por presuntas irregularidades en la expedición de conceptos y decisiones relacionadas con el uso del suelo aledaño a la laguna para la obra turística.
Según explicó la entidad, la investigación, liderada por la Procuraduría Provincial de Instrucción de Sogamoso, sostuvo que la falta de gestión y control por parte de Barrera Cárdenas y Peralta Riveros pudo haber tenido consecuencias serias sobre el estado ambiental de la laguna y su entorno.
Entre los señalamientos se destaca la supuesta omisión de acciones preventivas que habrían permitido la detención o suspensión de las obras, lo cual habría limitado los riesgos para el ecosistema local y las posibles transgresiones al Plan de Ordenamiento Territorial (POT).
Incluso, precisó que las omisiones de los respectivos controles se extendieron además a exsecretarios y funcionarios municipales responsables de la Planeación de Aquitania, quienes también habrían fallado en su deber de velar por el cumplimiento de las normas urbanísticas y ambientales.
Si bien la acción dela Procuraduría no es la primera acción en contra del proyecto y aunque la entidad se encuentra investigando la participación de Corpoboyacá, esta última entidad ya había intervenido en febrero de 2024 el predio luego de una inspección que dejó el hallazgo de una edificación con cerca de un 90% de avance.
En su momento, se señaló directamente a Felipe Absalón Cardozo Montaña, propietario del proyecto y excandidato al primer cargo de ese municipio, por iniciar la construcción sin contar con las licencias legales y posteriormente poner el complejo en funcionamiento sin la documentación requerida para operar.
Adicionalmente, Cardozo aceptó que radicó la solicitud de la licencia cuando el proyecta estaba cerca de ser terminado, pero que le fue negada por el avance del mismo, por lo que quedó a la espera de la intervención del veedor ambiental que posteriormente tomó cartas en el asunto por la operación del lugar sin la documentación legal.
No obstante, y aunque se podría prever que el caso ya está resuelto, lo que busca la Procuraduría con la formulación de cargos es determinar la verdadera responsabilidad del exalcalde del municipio y su inspector de la institución policial sobre los hechos que rodearon la construcción y posterior puesta en funcionamiento del proyecto en uno de los ecosistemas más importantes y estratégicos del país.
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