Presidente del CNE confirmó fecha en la que se votará la ponencia que pide duras sanciones contra miembros de la campaña de Gustavo Petro

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia confirmó que la fecha en la que, en sala plena, tomará decisión sobre una ponencia que pidió duras sanciones económicas y administrativas para los responsables de la campaña presidencial de Gustavo Petro durante las elecciones de 2022. El anuncio fue hecho por el presidente del CNE, Álvaro Hernán Prada, quien explicó los detalles de esta determinación, con miras a avanzar en el proceso que involucra esta aspiración.

De acuerdo con el titular del órgano electoral, que fue representante a la Cámara por el Centro Democrático, será el jueves 11 de septiembre cuando los ocho magistrados habilitados para ejercer su derecho al voto, luego de que fuera recusada la togada Alba Lucía Velásquez, los que se pronuncien sobre este caso. “He citado a la sala plena con el próposito de debatir y votar esta ponencia”, indicó Prada en el video de sus afirmaciones compartidos a los medios.

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La comisión instructora del CNE, conformada por los despachos de los magistrados Benjamín Ortiz y Prada, concluyó que existieron anomalías en la financiación de la campaña del actual presidente. La ponencia detalla 121 hechos y actuaciones administrativas investigados en las diferentes etapas procesales. El informe plantea dos cargos centrales: superación de topes de gasto y financiación prohibida en ambas vueltas de las elecciones presidenciales.

De acuerdo con la comisión instructora, entre la primera y la segunda vuelta, la campaña superó los topes de gasto por más de 3.042 millones de pesos, y habría recibido financiación prohibida por más de 2.118 millones de pesos. Dicha configuración de responsabilidades se encuentra documentada en el informe radicado ante el CNE. Es decir que, en conjunto, son cerca de 5.160 millones de pesos los que se habrían excedido en estos ítems de la campaña presidencial.

Como resultado, la ponencia recomienda a la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral imponer una sanción solidaria por casi 5.900 millones de pesos al gerente, la tesorera y la auditora de la campaña presidencial. Es decir, al hoy presidente de la estatal petrolera Ecopetrol, Ricardo Roa; a Lucy Aydeé Mogollón y María Lucy Soto, que ocuparon los respectivos cargos y los que firmaron los documentos con los que se radicó la contabilidad de la aspiración.

También señaló a los partidos políticos Unión Patriótica y Colombia Humana, proponiendo multas de aproximadamente 1.200 millones de pesos para cada organización. Estas sanciones se fundamentan en el artículo 21 de la Ley 996 de 2005 y el artículo 12 de la Ley 1475 de 2011, de acuerdo con lo expuesto en la declaración de Prada: que asumió el cargo de presidente del CNE tras la renuncia del exmagistrado César Lorduy, de Cambio Radical.

El magistrado indicó que, una vez se vote y apruebe la ponencia en la Sala Plena, se compulsarán copias a la Fiscalía General de la Nación para que inicie investigaciones adicionales sobre las presuntas irregularidades de financiación y la superación de topes. “Proponemos sancionar a los sujetos procesales y a los partidos, y remitiremos copias a la Fiscalía respecto a financiación prohibida, superación de topes y otras conductas que puedan establecerse”, declaró.

Es válido destacar que en la decisión la magistrada Velásquez no podrá participar, debido a que durante la campaña ofició como testigo electoral en representación del Pacto Histórico y, en consecuencia, registró -a juicio de los demás miembros de la sala- un conflicto de interés frente a la determinación de sanciones para la campaña presidencial y los que estuvieron a cargo de la misma. Por ese motivo se aceptó la recusación en su contra.