El Gobierno de Colombia afirmó que duplicó la capacidad de protección para congresistas y precandidatos presidenciales con miras a las elecciones nacionales de 2026. Altos funcionarios detallaron un refuerzo en las estrategias de seguridad y prometieron garantías institucionales a quienes participarán en la próxima contienda electoral.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, declaró que existen “garantías reales” para los participantes del proceso electoral, con la implementación de más recursos y la coordinación interinstitucional para la protección de actores políticos.
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Benedetti presentó cifras actualizadas con 194 personas protegidas por la Unidad Nacional de Protección (UNP), 326 policías asignados por esquema, 32 vehículos convencionales, 75 vehículos blindados y 56 chalecos de protección disponibles en la actualidad.
El ministro de Defensa, informó que se duplicó el personal encargado de la protección electoral, pasando de 229 a 520 efectivos entre policías y miembros de la UNP. “Duplicamos el personal encargado, pasando de 229 a 520 efectivos, entre policías y miembros de la UNP. Además, ya hemos articulado la seguridad en regiones para que los precandidatos presidenciales puedan desarrollar sus actividades con plena seguridad”, indicó Pedro Sánchez tras el más reciente encuentro del Comité de Revisión de Medidas de Protección Electoral (CORMPE).
Las entidades de seguridad han desplegado 6.351 policías adicionales y 96 pelotones, un grupo equivalente a 3.000 miembros del Ejército Nacional, con la finalidad de brindar protección en eventos públicos y recorridos de campaña política. Los precandidatos han realizado actividades en 24 departamentos, donde no se han registrado incidentes en su seguridad personal, de acuerdo con los informes institucionales.
En respuesta a solicitudes recientes de refuerzo, las autoridades analizan de manera constante los niveles de riesgo y actualizan los esquemas, con atención especial tras el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay durante un evento proselitista, suceso que reavivó los cuestionamientos sobre la solidez del sistema de protección a figuras políticas.
El Comité de Revisión de Medidas de Protección Electoral (CORMPE) realiza seguimiento permanente y coordinación entre los organismos responsables, incluidos el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección (UNP). Este comité revisa tanto las solicitudes de los aspirantes como la eficacia de las medidas existentes y el despliegue de recursos institucionales en cada región del país.
A pesar del aumento en personal y recursos, representantes de partidos de oposición e independientes (como liberales, conservadores, Partido de la U y Centro Democrático) han expresado insatisfacción con las condiciones actuales. Estos colectivos han manifestado que no cuentan con garantías suficientes para la actividad política y han decidido no participar en la Comisión de Garantías Electorales, aludiendo una falta de confianza tras el atentado que cobró la vida de Uribe Turbay.
Ante estos cuestionamientos, el ministro del Interior reiteró que la prioridad institucional permanece en “asegurar garantías reales para todos los participantes del proceso electoral”. Sostuvo que los avances logrados dependen de la colaboración entre el Gobierno nacional, la estructura militar y la dirección de la Policía Nacional.
Las autoridades del Ministerio de Defensa indicaron que se mantiene la coordinación regional, con dispositivos activos para la protección de las campañas en todo el territorio. Además, afirmaron que los protocolos de seguridad están sujetos a revisión y ajustes continuos conforme se acerquen las fechas clave del calendario electoral.
Según las cifras oficiales, la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Policía Nacional mantienen contacto permanente con equipos de campaña para monitorear nuevas amenazas y permitir ajustes inmediatos a los niveles de protección asignados a cada candidato, congresista o aspirante.
De acuerdo con diversos medios de comunicación, el proceso electoral de 2026 ha implica un desafío para el sistema de seguridad debido al antecedente de actos violentos y a las demandas de garantías por parte de los diferentes sectores políticos. Las autoridades defienden que actualmente disponen de mayor capacidad operativa y logística para la protección de los aspirantes a cargos públicos, previendo controles adicionales y nuevas evaluaciones en las próximas semanas, particularmente en departamentos y zonas declaradas de especial vigilancia.
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