En Colombia, el valor que los hogares pagan por servicios públicos como agua, energía y gas está ligado al estrato socioeconómico asignado a cada vivienda.
Este sistema de clasificación se determina a partir de factores como las características del barrio, el acceso a vías principales y el entorno urbanístico.
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El estrato asignado impacta directamente en los subsidios o contribuciones que cada usuario asume al cancelar sus facturas mensuales.
El proceso de estratificación no es estático. Las autoridades municipales realizan visitas periódicas para verificar si los predios deben mantener su clasificación o si, por el contrario, es necesario modificarla.
El objetivo es que la información refleje de la forma más precisa posible la realidad de cada zona y permita definir las tarifas de acuerdo con las condiciones socioeconómicas.
La Secretaría de Hacienda de Bogotá recordó que “el artículo 11 de la Ley 505 de 1999 ordena a los alcaldes de todo el país a asegurar que las estratificaciones se realicen, se adopten, se apliquen y permanezcan actualizadas.
Algunas viviendas, por sus mejoras físicas y de entorno urbanístico, fueron sujetas de aumento de estrato, en la última actualización”, según citó la revista Semana. Esto quiere decir que cada administración local tiene la obligación de mantener actualizados los censos de estratificación.
Sin embargo, el proceso no siempre es aceptado por los ciudadanos. En muchos casos, quienes reciben un aumento de estrato consideran que no cuentan con la capacidad económica para cubrir las tarifas más altas en sus recibos de servicios públicos. Frente a esta situación, la normativa permite interponer recursos de recalificación con el fin de solicitar una revisión y eventualmente una reducción.
Para realizar este trámite, el interesado debe presentar una carta dirigida a la Secretaría de Planeación de su ciudad, en la cual exponga los motivos de inconformidad con el estrato asignado.
Es importante señalar que este procedimiento debe hacerlo el propietario del inmueble, aunque no requiere la intermediación de un abogado. Posteriormente, la entidad evalúa los argumentos y emite una respuesta con base en la normatividad vigente y en las verificaciones realizadas.
La recalificación puede representar un alivio económico considerable, pues al pasar a un estrato más bajo, el hogar podría acceder a subsidios en el pago de agua, energía o gas. También permite corregir posibles errores que se hayan presentado en la última actualización de la información.
Por otro lado, existen situaciones especiales, como el caso de los predios desocupados. En estos escenarios, los usuarios pueden solicitar una revisión de los valores facturados ante las empresas prestadoras de servicios públicos. Para ello, es necesario anexar documentos que acrediten la falta de ocupación del inmueble.
Entre los requisitos habituales se encuentran una factura de agua sin consumo, una factura de energía con un registro inferior a 50 kilovatios hora al mes, un acta de inspección que confirme la desocupación y una carta expedida por la empresa de acueducto que certifique la suspensión del servicio.
La existencia de estos mecanismos busca garantizar que los pagos reflejen la realidad de cada hogar y que no se generen cargas desproporcionadas.
En muchos casos, los usuarios no conocen que tienen la posibilidad de acudir a este trámite para corregir inconsistencias o solicitar la aplicación de beneficios.
Además de la revisión de estrato, el sistema de servicios públicos en Colombia contempla reglas diferenciadas para el sector empresarial. Cada estrato residencial tiene tarifas específicas, mientras que las empresas están sujetas a cobros determinados por su actividad y por el tipo de uso del servicio.
Esta segmentación permite financiar el esquema de subsidios, mediante el cual los estratos altos y ciertos sectores empresariales contribuyen para reducir los costos a los estratos bajos.
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