En la mañana del lunes 25 de agosto de 2025, funcionarios de la Procuraduría General de la Nación realizaron una visita especial al Palacio San Carlos, sede principal del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, frente a la investigación que se adelanta sobre posibles fallas que produjeron asilo político de Carlos Ramón González en Managua, Nicaragua.
La inspección fue confirmada por la canciller (e) Rosa Villavicencio, en la que detalló que el funcionario que habría dado el visto bueno a la llegada del exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) será investigado por la cartera.
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Además, la funcionaria recordó la solicitud expresa por el Gobierno de Colombia a su similar de Nicaragua para la extradición de González a territorio colombiano.
“Nosotros, desde Cancillería y Ministerio de Justicia, a través de la Fiscalía, se solicitó la extradición del señor Carlos Ramón González. El gobierno nicaragüense le ha concedido el asilo. Hay un protocolo de extradición y lo que hemos manifestado es nuestro desacuerdo a la solicitud”, expresó Villavicencio en una rueda de prensa.
Involucrados en el asilo de Carlos Ramón González
Según información publicada por El Tiempo, el objetivo de la diligencia que se produjo sobre las 9:00 a.m. es recolectar pruebas sobre el proceso de solicitud de residencia y asilo político del exfuncionario, un trámite que aún presenta inconsistencias en las declaraciones de los diplomáticos involucrados.
Entre los señalados destaca León Fredy Muñoz, que se venía desempeñando como embajador de Colombia en Managua (Nicaragua), y tras su regreso al Congreso como senador, detalló que González había llegado a esta nación debido a que no contaba con antecedentes penales.
“Él no tenía ningún inconveniente, podía moverse tranquilamente por el mundo entero”, expresó el hoy senador de Alianza Verde, en diálogo con el diario bogotano.
Además, el medio citado reveló que, por este caso, también se investiga la participación de Óscar Iván Muñoz, exasesor del congresista en la Cámara de Representantes, en la que presuntamente habría hospedado a González en su residencia. Frente a esta persona, la Cancillería le abrió una investigación en su contra.
“Está en un proceso disciplinario; hay una investigación en la Procuraduría y estamos aportando toda la documentación que se está solicitando”, expresó la titular de la cartera de relaciones internacionales a los medios de comunicación.
Muñoz Giraldo no es funcionario de carrera, ya que, según la investigación periodística, es sociólogo de la Universidad de Antioquia, abogado de la Universidad Autónoma latinoamericana y magister en conflicto y paz de la Universidad de Medellín.
Sin embargo, fue nombrado como primer secretario en la misión diplomática de Managua, avalado por el entonces canciller Álvaro Leyva Durán.
Proceso contra González
Carlos Ramón González había sido imputado por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor a terceros y lavado de activos, en medio del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (Ungrd).
La investigación realizada por la Fiscalía señala que González ordenado la distribución de al menos 70.000 millones de pesos para facilitar la aprobación de reformas sociales del Gobierno en el Congreso.
En julio de 2025, un juez dictó medida de aseguramiento contra González, pero para entonces ya se encontraba prófugo en Nicaragua, país que posteriormente le otorgó asilo.
Posteriormente, el 15 de agosto, la Cancillería colombiana solicitó formalmente la extradición de González a su homóloga nicaragüense. Una semana después, el gobierno de Daniel Ortega rechazó la petición, argumentando un supuesto riesgo para la integridad del exfuncionario en Colombia.
“El numeral 8 del artículo antes citado expresa que en ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea o no de origen, donde su derecho a la vida o a la libertad personal está en riesgo de violación a causa de raza, nacionalidad, religión, condición social o de sus opiniones políticas”, respondieron las autoridades nicaragüenses en un comunicado.
Ante ello, el Ministerio de Justicia y de Relaciones Exteriores de Colombia enviaron un oficio diplomático solicitando reconsiderar la decisión, subrayando que González enfrenta cargos por delitos comunes y no por persecución política.
“En virtud de dichos instrumentos internacionales, este derecho no podrá ser invocado por las personas respecto de las cuales existan motivos fundados de que han cometido delitos comunes o se haya entablado una acción judicial originada por dichos delitos”, precisaron en el comunicado.
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