La construcción de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Suba, uno de los proyectos prioritarios para combatir la inseguridad en esa localidad, atraviesa una crisis que se ha agravado con el paso de los meses. El contrato, destinado al reforzamiento y construcción de la URI, fue adjudicado en 2024 por un valor total de $8.600 millones, pero luego de más de siete meses de ejecución, la construcción cuenta con un retraso de 35,66%.
A finales de junio de 2025, según el informe oficial de ejecución, la obra debería presentar un avance del 57,11%; no obstante, apenas alcanza el 21,45%. Esta situación ha generado controversia y críticas desde el Concejo de Bogotá, en especial por parte de la cabildante Diana Diago, del Centro Democrático, que calificó el retraso como “vergonzoso”, por lo que aseguró que la ciudadanía se encuentra a merced de la inseguridad.
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Uno de los puntos más críticos señalados por Diago es la entrega anticipada de recursos al contratista. De los $2.500 millones girados a modo de anticipo, apenas se han ejecutado $644 millones, lo que deja en el aire la pregunta sobre el uso y el destino del dinero restante, lo que se suma a la duda de si realmente se cumplirá el cronograma que tiene previsto la entrega del proyecto para enero de 2026.
A su vez, la cabildante cuestionó el avance físico de la obra en contraste con la disponibilidad de recursos y acusó a los responsables de falta de planeación y previsión desde el inicio del contrato. Sumado a esto, criticó las irregularidades en los estudios y diseños, señaladas tanto en las modificaciones contractuales como en los informes posteriores, que siguen afectando el ritmo de construcción y el cumplimiento de los plazos.
El contrato de la obra fue adjudicado por la Administración distrital con el objetivo de dotar a esa localidad al noroccidente de la ciudad de una infraestructura que permita mejorar la reacción de la justicia ante los delitos de alto impacto en la zona. Sin embargo, la obra está lejos de materializarse, reducida a una polisombra y un lote en el que poco se reconoce el proyecto que se prometió.
Para la concejala, es inaceptable que estos contratos inicien con estudios incompletos y que las fallas de diligencia y planeación sean pagadas por los ciudadanos que se han visto afectados por los retrasos y por la ola de inseguridad que atraviesa la capital.
No obstante, la crisis de estas unidades de Bogotá no es exclusiva de Suba y reflejan las precarias condiciones en las que se encuentran los detenidos, lo que dificulta la atención a la ciudadanía y resalta la urgencia de descongestionar estas unidades para lograr acercar realmente la justicia a los bogotanos.
Dicha problemática se hizo evidente en agosto de 2025, cuando en la localidad de Puente Aranda se registró un motín por parte de los detenidos que, incluso, le prendieron fuego a colchones dentro de las celdas en las que se encontraban. Para Diago, este hecho debió llamar la atención sobre la crisis de las URI en toda la ciudad.
Finalmente, la cabildante señaló que el retraso en la construcción de la infraestructura judicial en Suba agrava la crisis de inseguridad en la localidad, que en lo corrido de 2025 ha registrado cifras históricas en varios delitos.
De acuerdo con la concejal, en esa localidad se han reportado 6.896 hurtos a personas, 402 delitos sexuales, 143 casos de extorsión, 49 homicidios, 572 hurtos a comercios, 464 hurtos a residencias y 120 robos de automotores, por lo que le hizo un llamado a la Administración en cabeza del alcalde Carlos Fernando Galán para que se ponga al frente de la ejecución del proyecto para lograr fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones judiciales.
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