La exalcaldesa Claudia López se refirió a la más reciente decisión jurídica de Álvaro Uribe respecto a su caso por fraude procesal y manipulación de testigos: renunciar a la prescripción para, según él, favorecer la verdad de los hechos.
“Otra trampa del condenado Álvaro Uribe Vélez para dilatar, esperando, como ya lo anunciaron, que llegue un títere suyo en el 2026 que le garantice impunidad. Ni paz total ni impunidad total! Ambas se acaban en mi gobierno. Todo el que la deba la tendrá que pagar ante la Justicia con todas las de la Ley”, escribió López a través de su cuenta de X.
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Uribe y su decisión de renunciar a la prescripción de su caso
El abogado Jaime Granados confirmó que la decisión de renunciar a la prescripción en el proceso por presunta manipulación de testigos perteneció exclusivamente al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Según Granados, uno de los objetivos de esta determinación es garantizar “la transparencia y dar al Tribunal el tiempo suficiente para analizar los argumentos jurídicos”. La defensa sostiene que la apelación presentada “supera los cien folios y requiere una evaluación detallada”, reafirmando así la importancia de que la revisión no quede sujeta a plazos arbitrarios.
El jurista expresó su confianza en que “el Tribunal podrá tomarse todo el tiempo que sea necesario. Ellos son indudablemente muy capaces, muy profesionales. La ley les da dos años. Yo no creo que se van a tomar ni ese tiempo, ni la mitad de ese tiempo”. Aunque considera probable que el fallo se conozca antes de finalizar el año, advirtió que el avance dependerá de las necesidades propias del análisis judicial.
El propio Uribe Vélez comunicó esta decisión mediante una carta al Tribunal Superior de Bogotá, organismo encargado de revisar la apelación a la condena de 12 años de prisión impuesta en primera instancia por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal. En el contenido de la misiva, Uribe aclara que, pese a que su caso prescribiría el 16 de octubre de 2025, no pretende recurrir a ese beneficio jurídico. “Nunca ha buscado ni ha querido beneficiarse de la prescripción de la acción penal”, manifiesta, y agrega: “este recurso no debe impedir al tribunal contar con las condiciones materiales necesarias para decidir de fondo sobre el caso”.
Para respaldar su renuncia, invoca el artículo 85 del Código Penal, solicitando explícitamente que “se acepte la renuncia que hago al derecho de verme favorecido por la prescripción de la acción penal y que adopten, en mi caso, la decisión de fondo que en derecho corresponda, conforme sólo a lo probado en juicio, a lo que ordena la ley y lo que sea justo”.
Durante su comunicación con el tribunal, el exmandatario enfatiza: “A pesar de que la ley me otorga un camino corto y sencillo para salir de este tortuoso proceso, no puedo aceptarlo, pues, aún con el peso de la injusta condena y estando mi libertad en juego, no puedo declinar el camino de la verdad”. Uribe insiste en que la sentencia en su contra es injusta y hace hincapié en que tanto su defensa técnica como el Ministerio Público han solicitado al tribunal que revoque dicho fallo.
En sus declaraciones, el expresidente califica la renuncia como “un acto de coherencia ética”. Expresa: “Servir a Colombia ha sido el máximo honor que he recibido en mi vida. La confianza depositada en mí, por la patria y mis compatriotas, me impone dar ejemplo y optar por el camino que, por más difícil o riesgoso, es correcto y coherente con lo que he defendido a lo largo de mi vida: la verdad”.
Uribe también cuestiona la valoración de la prueba en el fallo inicial, alegando que “ese derecho a ser oído no fue respetado materialmente por la primera instancia”. Según denuncia, a pesar de la extensión del fallo, “echó de menos la valoración de gran parte de los hechos probados en juicio”. Por tal razón, solicita que la próxima decisión de apelación se fundamente únicamente en los hechos y las pruebas presentadas, no en motivos formales.
La defensa de Uribe argumenta que la renuncia a la prescripción busca “garantizar un pronunciamiento de fondo por parte del tribunal, incluso si conlleva mantener la condena, antes de que el caso quede extinguido por el paso del tiempo”.
El exmandatario llamó la atención sobre la magnitud del expediente: “el proceso acumula más de 70 audiencias, miles de folios y más de 2.000 páginas de escritos y alegatos”. Por ello pidió al tribunal “el tiempo y las garantías necesarias para revisar todo el expediente antes de tomar una decisión definitiva”.
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