Colombia registra 427 feminicidios en el primer semestre de 2025

El décimo aniversario de la Ley Rosa Elvira Cely en Colombia está marcado por un aumento preocupante de feminicidios y una persistente impunidad, a pesar de los esfuerzos legislativos y de política pública desplegados en la última década. En el primer semestre de 2025, el país registró 427 feminicidios y 256 tentativas, según el Observatorio de Feminicidios Colombia. Esta realidad cuestiona la efectividad de una ley que, en su momento, fue considerada pionera en la región para combatir la violencia de género.

La Ley 1761 de 2015, conocida como Ley Rosa Elvira Cely, reconoció el feminicidio como un delito autónomo y estableció mecanismos específicos para su investigación y sanción. Sin embargo, diez años después de su promulgación, los crímenes contra mujeres por razones de género no solo persisten, sino que han ido en aumento.

El Observatorio de Feminicidios Colombia reportó 342 feminicidios entre el 1 de enero y el 4 de junio de 2025, lo que representa un incremento del 6,5% respecto al mismo periodo del año anterior. Este dato implica que, en lo que va del año, el país ha registrado más feminicidios que días transcurridos, con un promedio superior a un caso diario.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

El impacto de esta violencia se concentra especialmente en tres regiones: Antioquia, con 49 casos; Bogotá, con 42; y Valle del Cauca, con 28. No obstante, al analizar la tasa por cada 100.000 habitantes, Antioquia se ubica en el puesto 19 a nivel nacional, con 0,65 presuntos feminicidios, según datos de la Policía Nacional y análisis de las secretarías regionales de la mujer. Esta variación evidencia que el conteo absoluto no refleja por sí solo el riesgo real en cada territorio.

La disparidad en las cifras oficiales es otro de los grandes obstáculos para dimensionar el fenómeno. Mientras el Observatorio de Feminicidios Colombia reporta 342 casos en lo que va de 2025, la Fiscalía General de la Nación ha registrado 234 y la Policía Nacional informa de 416 homicidios de mujeres, sin especificar cuántos corresponden a feminicidio.

El Instituto Nacional de Medicina Legal señala que, de los 342 asesinatos de mujeres reportados hasta abril, solo 39 fueron clasificados como feminicidios, mientras que en más de 200 casos las circunstancias no han sido esclarecidas ni categorizadas adecuadamente. Además, el instituto identificó 13 asesinatos en contexto de violencia de pareja, 6 por violencia intrafamiliar y 2 asociados a violencia sexual, situaciones que podrían encuadrarse como feminicidio, pero que muchas veces no reciben esa tipificación.

La falta de unificación en los criterios de registro y la ausencia de una tipificación clara dificultan la comprensión real de la magnitud del problema. Esta situación fue uno de los ejes centrales del I Foro Polifonía: Una década de la Ley de Feminicidios – Realidades, limitaciones y alcances, organizado por la Universidad Cooperativa de Colombia y la Cátedra Unesco de Políticas Públicas para la Prevención de las Violencias contra las Mujeres.

El evento reunió a figuras clave del ámbito jurídico e institucional, como Eduardo Montealegre Lynett, ministro de Justicia y del Derecho; Olga Lucía Fuentes, viceministra de la Mujer; María Fernanda Rangel, procuradora delegada para la Infancia y la Mujer; e Isabel Agatón Santander, promotora de la ley.

Durante el foro, se abordó la pregunta fundamental sobre la suficiencia de la Ley de Feminicidio para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en Colombia. Jaime Torres Buelvas, coordinador de la Cátedra Unesco de Políticas Públicas para la Prevención de Violencias contra las Mujeres en la Universidad Cooperativa de Colombia, expresó: “Hace una década, el Congreso colombiano aprobó la Ley de Feminicidio como respuesta a la brutalidad de la violencia contra las mujeres. Fue un avance histórico que reconoció que la muerte de una mujer, por el hecho de ser mujer, no era un crimen cualquiera, sino la manifestación más extrema de la violencia de género. Pero diez años después debemos preguntarnos con honestidad: ¿qué ha cambiado en la vida de las mujeres y si la ley ha sido suficiente para prevenir, sancionar y erradicar esta violencia?”

El análisis de la impunidad revela un panorama desalentador. Datos de la Fiscalía General de la Nación, disponibles en la plataforma de Datos Abiertos, muestran que entre 2015 y junio de 2025, el 67% de las investigaciones por feminicidio permanecen sin sentencia firme, y solo el 33% de los casos ha llegado a la etapa de ejecución de penas. La situación es aún más crítica en 2025: de las 234 noticias criminales iniciadas por feminicidio, 134 están en indagación preliminar, 47 en investigación formal, 44 en juicio y únicamente 4 han alcanzado la ejecución de la pena, lo que significa que el 98% de los casos sigue sin resolución judicial.

Expertas y organizaciones de derechos humanos coinciden en que el subregistro y la falta de formación en las entidades encargadas de investigar son factores determinantes en la baja judicialización. Aunque la Ley Rosa Elvira Cely proporcionó herramientas claras, la identificación adecuada de los móviles y patrones de género continúa siendo un reto. Los esfuerzos de capacitación y sensibilización han resultado insuficientes, especialmente en zonas rurales y algunas regiones urbanas, donde la ausencia de equipos especializados limita la capacidad de reconocer y procesar los casos de feminicidio con la celeridad y el enfoque requeridos.

El foro conmemorativo subrayó la necesidad de replantear las estrategias y fortalecer la articulación entre el Estado y la sociedad civil para erradicar la violencia de género. Persisten desafíos como la baja judicialización, la falta de equipos especializados y la urgencia de incorporar un enfoque interseccional en las políticas públicas. La diferencia en la tipificación y el registro de los casos sigue siendo un obstáculo para la comprensión y el abordaje efectivo del fenómeno.