En la plenaria del Congreso de la República, el representante a la Cámara por Santander, Álvaro Rueda, solicitó a los órganos de control iniciar una investigación sobre las decisiones del gobernador del departamento, Juvenal Díaz, en relación con el cobro del peaje en la vía hacia La Mesa de Los Santos.
Según el parlamentario, la administración departamental habría incurrido en irregularidades al mantener activa la estación de recaudo pese a que el contrato de concesión con la empresa Construvicol terminó el 4 de enero de 2025, después de veinte años de operación.
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Rueda aseguró que la caseta continuó funcionando bajo autorización de la Gobernación sin que existiera un nuevo proceso contractual que lo respaldara. En su intervención, citada por BLU Radio, señaló que “lo insólito es que la Gobernación le dio continuidad al cobro de peaje de forma directa, creando un impuesto que no existe en la ley”.
El congresista enfatizó que la medida no cuenta con sustento legal suficiente y que podría representar un abuso en contra de los usuarios que transitan por esta vía.
De acuerdo con lo expuesto en el debate, el mandatario departamental justificó la continuidad de la medida con base en la Ley 2 de 1980 y la Ley 105 de 1993. No obstante, el congresista aclaró que estas normas no otorgan facultades a las asambleas departamentales para establecer tributos de esta naturaleza. Por ello, insistió en que las justificaciones presentadas por la Gobernación no se ajustan a lo que establece el ordenamiento jurídico.
“La comunidad usuaria reclama y pide que cese este atropello. Solicito una severa investigación de los órganos de control”, manifestó Rueda en la plenaria, según recogió BLU Radio. En sus palabras, la ciudadanía se ha visto afectada por un cobro que, a su juicio, carece de legitimidad y transparencia.
El congresista también expuso una serie de contratos que, en su criterio, reflejarían improvisación y falta de garantías de competencia. En primer lugar, mencionó un contrato por tres meses con la empresa Thomas Instruments, el cual, de acuerdo con su denuncia, fue radicado antes de que se abriera formalmente el proceso de selección.
Posteriormente, se refirió a un convenio por 2.600 millones de pesos con el Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander (Idesan), entidad que habría actuado como intermediaria sin contar con personal ni equipos propios para la operación.
Finalmente, señaló que en 2025 se suscribió un nuevo contrato con la Unión Temporal Recaudo La Punta, integrada nuevamente por Thomas Instruments, bajo pliegos que, según dijo, fueron “acomodados” y sin condiciones que permitieran una verdadera competencia.
Mientras tanto, Rueda indicó que el único proyecto vinculado a los recursos recaudados en el peaje corresponde a un plan de mejoramiento de vías secundarias y terciarias en el área de influencia de la caseta. Este proyecto, según explicó, está valorado en más de 10.800 millones de pesos, pero hasta el momento solo se encuentra viabilizado, sin presupuesto aprobado ni ejecución iniciada. Durante su intervención cuestionó: “¿A dónde va la plata que pagan los ciudadanos todos los días en esa caseta?”.
Ante el panorama descrito, el representante del Partido Liberal pidió a la Procuraduría General, la Fiscalía, la Superintendencia de Transporte y el Ministerio de Transporte abrir investigaciones para esclarecer lo ocurrido. Según reiteró en su intervención recogida por BLU Radio, se requiere determinar si existió un manejo inadecuado de los recursos y si se vulneró la normatividad vigente en materia de peajes.
Rueda concluyó su intervención con una fuerte crítica al mandatario regional: “El gobernador parece creer que el departamento es su cajero automático, exprime y exprime a los santandereanos. Los peajes deben ser instrumentos para garantizar infraestructura y desarrollo, no medios para la acumulación y el sostenimiento del poder”. Con estas palabras, el congresista insistió en la necesidad de que las autoridades competentes actúen con celeridad para determinar responsabilidades.
La controversia alrededor del peaje de La Mesa de Los Santos ha sido motivo de inconformidad ciudadana en varias oportunidades. Habitantes y transportadores de la región han señalado en distintas ocasiones que el cobro representa una carga económica injustificada, especialmente tras la finalización del contrato de concesión. Las denuncias ahora elevadas al Congreso se suman a un debate más amplio sobre el destino de los recursos provenientes de los peajes en el departamento y el impacto que generan sobre las comunidades locales.
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