El 21 de agosto de 2025, un helicóptero de la Policía Nacional de Colombia fue derribado por un dron cargado con explosivos durante una operación contra grupos armados ilegales en el municipio de Amalfi, en el noreste de Antioquia. Según información preliminar, el ataque dejó a 12 uniformados muertos y ocho heridos, cifras que evidencian la letalidad de la acción y la vulnerabilidad de las fuerzas estatales frente a nuevas tácticas de los grupos criminales.
El hecho atribuido a los grupos armados como Clan del Golfo, la estructura 36 de las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) generó preocupación por el aumento de la inseguridad en los últimos años.
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En Cali, Valle del Cauca, se registraron dos explosiones en las cercanías de la base Marco Fidel Suárez, donde había transeúntes por el sector, un espacio comercial concurrido.
La Fuerza Aérea Colombiana confirmó que el atentado dejó seis personas muertas, una de ellas un menor de nueve años, y más de 70 heridos. “Al momento se adelantan las labores de verificación de daños en instalaciones y personal, además de la investigación para establecer causas y autores de este acto terrorista, que atenta contra la población civil y la vida de los hombres y mujeres que sirven a los colombianos desde la FAC”, expresó la institución.
Tras los hechos de violencia registrados, el presidente de la República, Gustavo Petro, viajó a Cali para liderar un Consejo de Seguridad en el que se planteó la idea de declarar el Estado de conmoción interior en el suroccidente del país. El primer mandatario apelaría a esta medida de excepción como forma de tener facultades excepcionales.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, envió un mensaje de apoyo para las los familiares de las víctimas de Amalfi y Cali. Asimismo, dijo que existe una alta probabilidad de que se implemente la medida de conmoción interior.
“Solidaridad a las familias que les ha pasado este hecho tan horroroso, tanto en la Antioquia, en Amalfi como aquí en Cali(...) Se está pensando en eso y creo que va a suceder”, dijo en rueda de prensa.
Y agregó: “Después del Consejo de Seguridad se dirán los, los detalles. No me corresponde a mí. De pronto lo haré yo o lo hará el señor presidente”.
¿Qué es el estado de conmoción interior?
El estado de conmoción interior, previsto en el artículo 213 de la Constitución Política de 1991 y la Ley 137 de 1994, que constituyen una herramienta legal que permite estabilizar la seguridad nacional cuando se registran alteraciones graves del orden público; como ocurrió en Cali. Esta figura otorga al primer mandatario de los colombianos poderes especiales para expedir decretos con fuerza de ley y suspender disposiciones legales consideradas incompatibles con la situación.
El periodo máximo de duración del Estado de conmoción interior es de 90 días, aunque el Ejecutivo puede extenderlo hasta en dos ocasiones más por igual término, siempre que la segunda prórroga cuente con la aprobación del Congreso. Los decretos que expida el jefe de Estado bajo esta medida no requieren el visto bueno del Legislativo, pero deben ser revisados por la Corte Constitucional; que determinará la legalidad de los decretos emitidos durante este periodo.
En caso de que el Ejecutivo no remita los decretos al alto tribunal, la Corte puede asumir la revisión de oficio y declarar la inaplicabilidad de aquellos que sean contrarios a la Carta Magna. El artículo establece que no se pueden suspender los derechos humanos ni las libertades fundamentales, por lo que el presidente, en caso de activar esta figura, deberá respetar los límites constitucionales señalados durante el periodo señalado.
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