“Nos están abusando, los mandos medios abusan de nosotras y si quedamos preñadas nos obligan a botar a nuestros bebés”, afirmó una combatiente del Ejército de Liberación Nacional (ELN), quien, entre lágrimas, dio a conocer un testimonio que ha generado conmoción entre las autoridades por la gravedad de los hechos denunciados.
El video, recogido por El Tiempo, muestra a una mujer identificada como integrante del Frente de Guerra Oriental, que hace un llamado urgente a la comandancia y a la sociedad para frenar lo que calificó como una “tragedia humanitaria” dentro de los campamentos de la organización guerrillera.
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De acuerdo con el medio, la grabación llegó a manos de altos mandos militares colombianos e inmediatamente encendió las alarmas sobre la posibilidad de graves violaciones a los derechos humanos cometidas dentro del ELN.
La denunciante relató con voz entrecortada que los abusos incluyen agresiones sexuales y abortos forzados, ordenados por mandos medios, que afectan de manera directa a las mujeres combatientes.
“Hace unos días me sacaron a mi hijito y eso me tiene muy mal”, expresó la mujer, aludiendo a la pérdida forzada de su embarazo.
Además, la declaración pública contiene acusaciones directas contra el comandante conocido como “Sendales”, identificado como William Cruz Lizcano, a quien señala de guardar silencio ante todas las quejas, aislar a las mujeres y restringir su comunicación externa.
“El comandante central no le importa, no hace sino silenciarnos, quiere hacer todo como él se le dé la gana”, expuso la guerrillera en su denuncia.
Este comandante, de acuerdo a El Tiempo, asumió la jefatura militar del frente en 2023 por orden de alias Pablito y actualmente tiene operaciones en el estado de Apure, en Venezuela, desde donde coordina ataques en el departamento de Arauca y zonas limítrofes de Norte de Santander.
Sobre él, existe una recompensa de hasta quinientos millones de pesos por información que lleve a su captura.
La grabación, que circula en redes sociales y medios de comunicación, muestra a la combatiente reconociendo el riesgo personal que implica su testimonio.
No obstante, aclaró que tomó la decisión para intentar protegerse a sí misma y a otras compañeras que, según afirma, han sido víctimas de situaciones similares.
“Siento que es la única alternativa que tengo para salvarle la vida a más de una mujer que se encuentra conmigo, e incluso a la mía misma”.
En este contexto, El Tiempo puntualiza que, según analistas en conflicto armado, la declaración de la guerrillera podría considerarse un llamado de auxilio no solo al Coce y al Frente de Guerra Oriental sino también a las autoridades y la fuerza pública, con la esperanza de lograr su rescate.
Las denuncias públicas de reclutamiento forzado, violencia sexual y abortos impuestos no son nuevas en el contexto de los grupos armados ilegales en Colombia.
Diversos organismos de derechos humanos han documentado sistemáticamente este tipo de crímenes, los cuales se consideran de guerra y de lesa humanidad.
La actual acusación pone énfasis en que la violencia que ejerce el ELN no solo se dirige a la fuerza pública o la población civil, sino que también afecta a sus propias integrantes.
Mientras tanto, las autoridades colombianas han reportado que bajo el mando de Sendales, el Frente de Guerra Oriental ha intensificado ataques armados en 2025.
Entre estos hechos se destacan la muerte de un policía en Herrán el 5 de junio a manos de un francotirador; la voladura del oleoducto Bicentenario en Saravena el 10 de junio, con afectaciones a la infraestructura; un soldado herido en la vereda Buenos Aires de Fortul el 17 de junio; y un nuevo ataque contra un uniformado en Saravena el 4 de julio.
De acuerdo con los informes oficiales, estos ataques tienen como objetivo asegurar el control territorial del Frente Domingo Laín Sáenz y ejercer presión sobre empresas petroleras mediante extorsión y sabotaje energético.
Además, autoridades han incautado material de guerra del ELN en la región del Catatumbo, lo que confirma, indican, la capacidad operativa de la organización.
Hasta el momento, ni el ELN ni sus voceros han realizado un pronunciamiento sobre el video y las denuncias que allí se formulan.
Según la denunciante, la dirigencia mantiene una política de silencio y represión para impedir que las víctimas hagan públicas sus experiencias: “No le importa, no hace sino callarnos la voz, quiere hacer todo como a él se le dé la gana, no escucha a nadie y nos quieren quitar los teléfonos“, denunció en su testimonio.
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