Paola Holguín demandó zona binacional entre Colombia y Venezuela por inconstitucional: “No vamos a permitir que la conviertan en una Franja de Gaza”

Paola Holguín, senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático, presentó el jueves 21 de agosto de 2025 una demanda de inconstitucionalidad contra el memorando de entendimiento firmado entre Colombia y Venezuela para la creación de una zona económica especial binacional. Y que sería, en términos claros, una alianza del Gobierno de Gustavo Petro con el régimen de Nicolás Maduro, justo cuando hay presión de Estados Unidos contra la dictadura vecina.

Holguín, que hace parte del grupo de cuatro aspirantes a la Casa de Nariño para los comicios de mayo de 2026, argumentó que este acuerdo, suscrito en Caracas el 17 de julio de 2025, no puede tener efectos jurídicos en Colombia sin la aprobación previa del Congreso de la República y el control de la Corte Constitucional; lo anterior, debido a su alcance normativo al establecer una serie de medidas y su potencial impacto en el orden interno colombiano.

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En la acción legal, la congresista se dirigió de forma específica contra el Memorando de Entendimiento entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Colombia, que establece la denominada zona de paz, unión y desarrollo binacional. Según Holguín, el carácter del acuerdo trasciende lo programático o político, ya que podría generar obligaciones vinculantes para el Estado colombiano e incidir en la actividad de autoridades y entidades públicas.

La senadora fundamentó su demanda en precedentes internacionales y nacionales, al citar fallos de la Corte Internacional de Justicia y sentencias de la Corte Constitucional de Colombia, en particular las C-400 y C-710 de 1998. Y sostuvo que el memorando no es un simple acto de voluntad política, sino un instrumento con capacidad de incidir jurídicamente en el ordenamiento interno; en especial, en el uso de la fuerza pública al servicio del régimen.

En efecto, por su naturaleza, la senadora del partido de oposición dejó en claro que el acuerdo requiere someterse al proceso de aprobación legislativa y al control judicial correspondiente antes de que pueda surtir efectos en el país. Contrario a lo que se ha expresado desde el Ejecutivo, en el que han salido en defensa del acuerdo establecido para la cooperación conjunta contra las organizaciones al margen de la ley que operan al lado y lado de la frontera.

En el escrito presentado ante la Corte Constitucional, Holguín planteó dos cargos de inconstitucionalidad: la presunta violación de las facultades configurativas del legislador y el desconocimiento de las reglas constitucionales y orgánicas establecidas en la Ley Quinta de 1992. Así pues, le puso la lupa a las acciones en materia diplomática en las que el Gobierno Petro está interesado, con un régimen desconocido a nivel internacional.

“Lo hicimos porque tiene varios elementos de un tratado internacional que obliga a que sea ratificado por el Congreso. Al romper con el mandato de la Constitución y lo que establece la Ley Quinta, le pedimos a la Corte que no pueda tener ningún efecto hasta tanto el documento no sea ratificado por el legislativo. Eso es muy importante para parar los intentos de Maduro y de Petro en una coyuntura tan compleja con EE. UU. de hacer trabajos conjuntos", dijo.

Y solicitó que la Corte, siguiendo el precedente del Auto 288 de 2010, declare la obligatoriedad de que el Memorando cumpla con el trámite de aprobación exigido para los tratados internacionales. Además, la congresista antioqueña que quiere ser la primera mandataria mujer de los colombianos, pidió que se advierta al presidente de la República que el acuerdo no puede producir efectos jurídicos en Colombia hasta que se complete dicho procedimiento.

En ese sentido, Holguín indicó sobre las posibles consecuencias que la entrada en vigor del acuerdo podría tener para el orden jurídico y democrático del país. Y expresó su preocupación por el impacto que el memorando podría acarrear en la supremacía de la Constitución y en las competencias de la Corte Constitucional como garante del marco legal superior que rige al país desde la promulgación de la Carta Magna desde 1991.

Con esta acción, la senadora trasladó a la justicia sus inquietudes sobre los riesgos que, a su juicio, implica el acuerdo suscrito entre el dictador Nicolás Maduro y el presidente Gustavo Petro, pues remarcó la importancia de preservar el ordenamiento jurídico y los principios democráticos de Colombia. Y concluyó con una dura afirmación, haciendo un paralelo entre lo que podría ocurrir en los departamentos vecinos, con lo que acontece en el Medio Oriente.

“No vamos a permitir que nos conviertan esta franja en una Franja de Gaza, allá controlada por Hámas y acá controlada por la estructura criminal del ELN”, concluyó Holguín.