Álvaro Alfonso García Romero, exsenador sucreño, obtuvo libertad provisional y dejó la cárcel La Picota en Bogotá luego de más de 18 años de reclusión.
La decisión se produjo una semana después de que la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia accedió a una solicitud presentada por la defensa, alegando el vencimiento de términos en el proceso por desplazamiento forzado.
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La salida de García Romero de la penitenciaría ocurrió a las 9:00 p. m. del miércoles 20 de agosto, cuando abandonó el centro carcelario en un vehículo junto a un familiar, luego de cumplir con los procedimientos exigidos por las autoridades judiciales.
Para acceder a la libertad provisional debió pagar una caución de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, monto que superó los 14 millones de pesos, a favor de la Rama Judicial.
El exsenador aceleró su proceso de excarcelación bajo la asesoría de sus abogados Luis Felipe Aguirre Vásquez y Santiago Aguirre Ossa, que desde hace más de 15 años reclamaban la libertad de su cliente.
La Corte Suprema de Justicia había concedido su excarcelación el miércoles 13 de agosto, pero la salida efectiva del penal solo ocurrió una semana después, una vez completadas todas las verificaciones de antecedentes judiciales y confirmada la ausencia de nuevos procesos en su contra.
Hasta la tarde del viernes 15 de agosto ya se había autorizado formalmente la liberación de Álvaro “el Gordo” García Romero, pero la exhaustiva consulta ante diferentes entes judiciales sobre otros posibles procesos en su contra demoró su salida.
Un caso similar se vivió en 2024, cuando al exsenador se le había otorgado libertad condicional, pero la vigencia de un proceso por desplazamiento le impidió abandonar el penal.
Durante más de dos décadas, García Romero fue referente político y figura central en el departamento de Sucre. Su carrera política se detuvo en el año 2000, tras la condena dictada por la Corte Suprema que lo responsabilizó de la masacre de Macayepo, ocurrida el 14 de octubre de ese año en el corregimiento homónimo, ubicado en jurisdicción de El Carmen de Bolívar.
La Corte determinó una condena de 40 años de prisión para el exsenador, que permaneció privado de la libertad durante 18 años de manera ininterrumpida, con algunos periodos redimidos que le permitieron acceder a rebajas por programas y actividades desarrolladas dentro de la cárcel.
La defensa del exsenador reiteró en varias oportunidades que su cliente debía ser sometido a juicio en libertad, apoyados en la argumentación relacionada con el vencimiento de los plazos procesales.
Los abogados enfatizaron: “Perseveramos en la convicción de su inocencia”, dejando en claro que la obtención de la libertad provisional no pone fin a los procesos judiciales pendientes. La condición impuesta por la Corte Suprema establece que deberá presentarse ante las instancias judiciales en cualquier momento que estas lo requieran, ahora, fuera del régimen carcelario.
El contexto judicial y político del caso de Álvaro García Romero marcó un hito en la historia contemporánea de Sucre y Bolívar. La masacre de Macayepo fue uno de los hechos más violentos ocurridos en la Costa Caribe colombiana a comienzos del siglo XXI.
Testimonios, investigaciones y sentencias judiciales vincularon a miembros de grupos armados ilegales con redes políticas, lo que derivó en procesos conocidos como parapolítica.
La libertad de Álvaro García Romero se da en medio de un momento especial para la comunidad de Macayepo: precisamente este miércoles 20 de agosto, el corregimiento celebró la llegada del agua potable, un servicio esperado durante años.
Para muchos habitantes y líderes sociales, la coincidencia entre el avance en los servicios públicos y la excarcelación de uno de los condenados por la masacre resultó llamativa, aunque no existe relación directa entre ambos hechos, según versiones recogidas en la región.
Durante el proceso judicial, García Romero afrontó múltiples investigaciones por delitos asociados a desplazamiento forzado, homicidio agravado y alianzas con estructuras ilegales.
A lo largo de los años, tanto la Fiscalía General de la Nación como la Corte Suprema de Justicia señalaron la gravedad de las acusaciones, mientras la defensa insistía en la necesidad de revisar pruebas y testimonios.
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