Carlos Ramón González recibió asilo en Nicaragua y desató la furia de la oposición, que apuntó al Gobierno Petro: “¡Finjamos sorpresa!"

Carlos Ramón González, que fungió como director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y está imputado por delitos graves por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), se quedará en Nicaragua. La decisión del régimen del dictador Daniel Ortega de otorgarle asilo político en su país, pese a que fue pedido en extradición por el Gobierno de Gustavo Petro, desató una dura respuesta de la oposición.

González, prófugo en Managua, luego de que se dictó orden de captura en su contra, gozará de un estatus distinto; lo que causó una dura reacción los que consideran que el Gobierno los encubrió y protegió. Sobre todo, cuando ha sido señalado de cohecho, apropiación de bienes del Estado y lavado de activos, por aparentemente ofrecer prebendas a los expresidentes del Senado y Cámara, Iván Name y Andrés Calle, para aprobar proyectos del Gobierno.

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Y es que el caso de corrupción en la Ungrd, que estalló con el sobrecosto en la compra de camiones para el suministro de agua en el departamento de La Guajira, causó serios cuestionamientos sobre la transparencia en la gestión de recursos públicos. Aunque la Fiscalía lo citó para responder por estos cargos, González salió del país y ahora, más que nunca, está fuera del alcance de la justicia colombiana, luego de recibir el amparo del régimen nicaragüense.

Uno de los primeros en pronunciarse fue el exfiscal y precandidato presidencial Francisco Barbosa, que criticó al Ejecutivo y señaló que la designación de González como jefe del Dapre respondió a vínculos previos; y que, tras la imputación, el Gobierno habría intervenido para facilitar su fuga. El extitular del órgano de investigación afirmó que Petro, en lugar de colaborar con la captura, habría actuado para ayudarlo con la dictadura de Nicaragua.

“¡Finjamos sorpresa! (...) El Gobierno, en lugar de ayudar a capturarlo, mueve sus fichas para ayudarlo con la dictadura de Nicaragua. Y cuando estalla el escándalo, arman la pantomima de pedir extradición. No nos crean imbéciles: atracaron al pueblo y ayudaron a que el ladrón se volara. Bandidos", afirmó Barbosa en su perfil del X, con un mensaje que no pasó desapercibido en las redes sociales, referente a una situación que hizo quedar mal a la justicia.

En la misma línea, el concejal de Bogotá Daniel Briceño describió lo que consideró un “plan perfecto” ejecutado por el Gobierno para permitir la salida de González del país. Según el cabildante, las autoridades facilitaron su ingreso a Nicaragua, le proporcionaron alojamiento financiado con recursos públicos, gestionaron la renovación de su residencia y, finalmente, hicieron una solicitud de extradición que fue rechazada por Ortega, al que identificó como aliado de Petro.

“El gobierno Petro ejecutó el plan perfecto para que Carlos Ramón González se volara del país: 1. Lo ayudaron a entrar a Nicaragua. 2. Le dieron hospedaje con la plata de los colombianos. 3. Pidieron que le renovaran la residencia. 4. Hicieron la pantomima de pedirlo en extradición. 5. El dictador Daniel Ortega amigo de Petro negó esa extradición”, comentó Briceño en su publicación, que también generó indignación colectiva frente a este caso.

La presión para que se esclarezcan los hechos y se sancione a los responsables ha ido en aumento. La senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, expresó la necesidad de que la investigación produzca resultados tangibles y que las personas involucradas reciban condenas proporcionales a la gravedad de los delitos. Esto ha causado el clima de desconfianza sobre la manera de la administración de justicia en el país.

“El régimen del dictador Daniel Ortega niega la extradición del amigo y camarada de Gustavo Petro, dueño del partido Verde Carlos Ramón González. No sorprende, entre camaradas se tapan. Esperemos las notas de protesta y el llamado del embajador a consultas ante esta falta de cooperación con la justicia por parte de Nicaragua“, agregó Cabal en la red social X, con respecto a lo que terminó sucediendo en el caso del exfuncionario del Dapre.

El caso de la Ungrd, en el que ya se han establecido principios de oportunidad a cambio de más información, se ha transformado en un símbolo de los desafíos que enfrenta el Ejecutivo en materia de transparencia y lucha contra la corrupción. La persistencia del escándalo y la falta de avances visibles en la investigación que ha llevado la Fiscalía han reforzado las demandas de justicia y de medidas ejemplares para restaurar la confianza en las instituciones.