Air-e pudo ser pública, pero el plan de rescate naufragó y el Caribe sigue pagando las consecuencias

La situación de la empresa de energía Air-e, intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos hace un año con fines de liquidación, sigue siendo un punto ciego en la política pública. Los usuarios en Atlántico, La Guajira y Magdalena padecen un servicio deficiente, pérdidas constantes y altos costos, mientras las soluciones de fondo no llegan. En medio de esa incertidumbre, a mediados de este año surgió un plan que parecía ambicioso, pero terminó descartado antes de despegar, la posibilidad de nacionalizar la compañía.

El documento, fechado en junio y revelado por Portafolio, fue elaborado por el entonces superintendente Yanod Márquez. Allí se planteaba un escenario en el que el Estado inyectara recursos públicos por hasta $1,48 billones para dar oxígeno financiero a la empresa y garantizar inversiones inmediatas en infraestructura. La propuesta, sin embargo, nunca pasó el filtro político y, de hecho, generó tensiones internas en el Gobierno.

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La hoja de ruta diseñada por la Superservicios buscaba que el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) avalara un paquete de medidas excepcionales. La primera consistía en la vinculación directa de capital público para financiar obras urgentes que permitieran mejorar la prestación del servicio.

El segundo punto estaba orientado hacia la deuda, se proponía la emisión de una garantía de la Nación para respaldar un crédito a largo plazo de hasta $1,52 billones, con el fin de apalancar más inversiones. Un tercer elemento contemplaba un cruce de cuentas entre Air-e y las entidades públicas a las que la compañía debía dinero, como mecanismo para aliviar su presión financiera.

Finalmente, se planteaba que el Ministerio de Minas y Energía adoptara una regulación especial para empresas intervenidas, de manera que se generó un marco flexible que reconociera las particularidades de casos como el de Air-e.

Más allá de los recursos, el documento sugería cambios de fondo en la figura jurídica de la compañía. Se hablaba de escindir Air-e para dar paso a una nueva empresa pública, con compra de activos operativos, inyección de capital y liquidación de la actual. Bajo ese esquema, el Estado tendría el control directo sobre la prestación del servicio eléctrico en buena parte de la costa Caribe.

Al mismo tiempo, se proponía que el nuevo marco regulatorio facilitara contratos bajo diversas modalidades, con el objetivo de trasladar a los usuarios costos más justos y tarifas sostenibles.

La filtración del plan al interior del organismo de control no pasó inadvertida. Fuentes cercanas aseguran que la iniciativa de Márquez generó incomodidad en el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma. El proyecto habría sido el “florero de Llorente” que precipitó la renuncia del superintendente el pasado 15 de agosto, aunque su dimisión aún no ha sido formalmente aceptada.

El episodio dejó en evidencia las fracturas al interior del Gobierno sobre cómo resolver el problema estructural de la prestación del servicio de energía en la región Caribe, donde la inconformidad ciudadana aumenta frente a tarifas altas y un suministro irregular.

El propio documento de Superservicios no maquillaba la realidad. “El estado actual de la infraestructura de distribución de Air-e es crítico y requiere intervenciones profundas. Pérdidas energéticas persistentes, costos operativos inflexibles y sistemas obsoletos dificultan su recuperación”, se lee en uno de sus apartes.

Además, advertía que el flujo de caja de la empresa intervenida es insuficiente para cubrir su operación diaria, lo que imposibilita cumplir con las inversiones regulatorias obligatorias. El diagnóstico era claro, en las condiciones actuales, Air-e no podía sostenerse sin apoyo externo.

En el mercado mayorista, la situación es igual de delicada. La falta de liquidez expone a la compañía a incumplimientos en sus obligaciones financieras, lo que podría acarrear sanciones e incluso la suspensión de su participación en el Administrador del Mercado Eléctrico Colombiano (XM).

Mientras tanto, la realidad en los hogares no cambia. Las familias de Atlántico, La Guajira y Magdalena siguen enfrentando interrupciones frecuentes, altos cobros y un servicio que no da señales de mejorar. La intervención de hace un año, que buscaba precisamente protegerlos, no se ha traducido en soluciones tangibles.

En este contexto, la idea de nacionalizar Air-e se quedó en el papel, dejando tras de sí más preguntas que respuestas sobre cuál es la salida real. La tensión entre lo técnico, lo político y lo financiero mantiene a miles de usuarios en la incertidumbre.

El caso de Air-e también expone un dilema mayor, cómo garantizar un servicio público esencial en regiones históricamente golpeadas por desigualdades. La precariedad energética del Caribe no es solo un asunto de cuentas empresariales; es una cuestión social que afecta la calidad de vida, las oportunidades de desarrollo y la confianza en el Estado.

El fracaso de esta propuesta de rescate muestra que no basta con discutir cifras y modelos de negocio. Se requiere una visión integral que entienda la energía como un derecho y no únicamente como un servicio comercializable. La población caribeña, cansada de décadas de promesas incumplidas, exige más que planes fallidos: reclama soluciones reales que cierren la brecha histórica de inequidad en el acceso a la energía.