Las autoridades anunciaron una recompensa de $200 millones por información que permita la captura del responsable del asesinato del subintendente Jefferson Andrés Ortiz Ocampo, quien falleció tras ser atacado por un francotirador en El Tarra, Norte de Santander, el martes 19 de agosto hacia las 10:30 a. m. durante labores de patrullaje. El hecho ha ocasionado una respuesta institucional inmediata, con pronunciamientos de la Policía Nacional y del Ministerio de Defensa.
El ataque se produjo cuando Ortiz Ocampo, de 32 años y oriundo de Cali, realizaba actividades de control de antecedentes penales y revisión de vehículos en la zona urbana del municipio. Según información suministrada por medios de comunicación, el uniformado recibió un impacto de fusil mientras patrullaba en cercanías del parque central y la alcaldía municipal. A pesar del esfuerzo por trasladarlo a un centro médico, el subintendente perdió la vida por la gravedad de las heridas.
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El comandante de la Policía de Norte de Santander, Néstor Arévalo, señaló que el ataque fue realizado por un francotirador y atribuyó el crimen al Ejército de Liberación Nacional (ELN). “Cuando se encuentran desarrollando actividades de control, en el sector del parque, muy cerca de la alcaldía, un bandido del ELN le ocasiona la muerte a un subintendente (...). Muchas veces esta organización criminal lo único que hace es sembrar el miedo”, afirmó Arévalo en declaraciones recogidas por Caracol Radio.
Desde la dirección general de la Policía Nacional, Carlos Fernando Triana, rechazó el asesinato y subrayó el impacto de la violencia contra la Fuerza Pública: “Condenamos y rechazamos con la mayor contundencia el atentado criminal que segó la vida de nuestro subintendente Jefferson Andrés Ortiz Ocampo en momentos en que cuidaba a los habitantes del municipio El Tarra”, expresó Triana a través de la red social X. También manifestó el compromiso institucional de centrar los recursos en labores de inteligencia e investigación criminal dirigidas a capturar a los autores del crimen.
El Ministerio de Defensa, por su parte, ofreció públicamente una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita ubicar al responsable del homicidio. “No hay palabras que alcancen para condenar el cobarde atentado que arrebató la vida de nuestro subintendente Jefferson Andrés Ortiz Ocampo, mientras protegía con valor a la comunidad de El Tarra, Norte de Santander”, declaró el ministro en la red social X.
Las reacciones institucionales han incluido mensajes de solidaridad y acompañamiento a la familia del subintendente. El fallecido, padre de dos hijos, formaba parte del cuerpo policial destacado en la estación de El Tarra. Tanto el comando regional como la dirección general y el Ministerio de Defensa insistieron en la importancia de la denuncia ciudadana para avanzar en la identificación y judicialización del responsable.
El contexto en el que ocurrió el hecho evidencia la situación de riesgo que enfrentan policías y militares en el Catatumbo, una de las zonas más afectadas por el accionar de grupos armados ilegales. De acuerdo con cifras divulgadas por SEMANA, el ELN ha sido señalado como autor de la muerte de 50 miembros de la Fuerza Pública y 204 heridos en 2025. El documento expone también secuestros y otras acciones violentas contra uniformados por parte de ese grupo armado.
El comandante Arévalo reiteró que la presencia de organizaciones ilegales en la región representa una amenaza constante para las labores de seguridad ciudadana. Al respecto, el general Carlos Fernando Triana insistió en que el asesinato del subintendente Ortiz Ocampo “nos ratifica que tenemos que arreciar la ofensiva contra el multicrimen y el delito para liberar a nuestra patria de estas organizaciones que solo siembran dolor en Colombia”.
El caso permanece bajo investigación de las autoridades judiciales y policiales, quienes avanzan en la recopilación de pruebas y el despliegue de operaciones de inteligencia en El Tarra. La recompensa ofrecida constituye uno de los mecanismos para incentivar la colaboración ciudadana en la lucha contra los delitos cometidos por actores armados ilegales en el departamento de Norte de Santander.
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