El representante a la Cámara José Jaime Uscátegui, del partido Centro Democrático, confirmó que fue radicada ante la Procuraduría General de la Nación una solicitud formal para que se considere la suspensión provisional del director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez Ballesteros.
Uscátegui aseguró que la petición fue firmada por varios legisladores y dirigida al procurador Gregorio Eljach, con el propósito de que se adopten medidas mientras avanza la investigación disciplinaria.
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De acuerdo con el documento, los legisladores afirmaron que transcurrieron más de dos meses entre el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay —ocurrido el 7 de junio— y su deceso el 11 de agosto, circunstancia que, de acuerdo con ellos, mostró serias fallas de la entidad encargada de articular y ejecutar la protección del líder en la atención de medidas de seguridad.

En el escrito se puede leer, “es evidente que la UNP incurrió en omisiones graves en la atención de múltiples solicitudes de seguridad”, lo que calificaron como un hecho que incrementa la preocupación frente a las amenazas persistentes contra líderes políticos y sociales.
Además, los congresistas enfatizaron en que estas falencias no cesaron tras el atentado contra Miguel Uribe y que existen hechos que lo demuestran, como el atentado contra el representante Julio César Triana en el departamento de Huila. En consecuencia, los firmantes plantearon que mantener al actual director de la UNP en su cargo podría afectar el curso normal de la investigación, comprometer la confianza ciudadana en la institución y aumentar la vulnerabilidad de los beneficiarios de los esquemas de protección.
De esta manera, a través de un video difundido en sus redes sociales, José Jaime Uscátegui explicó que la decisión de acudir a la Procuraduría se dio tras el debate de la plenaria del día anterior: “Ya han pasado más de dos meses de los hechos que hoy todavía tienen de luto al país y es justo que el procurador en ejercicio de sus funciones tome esta medida para garantizar la transparencia de la investigación y que se empiece a conocer la verdad plena detrás del atentado”.

Con esas palabras, Uscátegui insistió en la necesidad de que se adopte una medida preventiva que permita esclarecer las responsabilidades institucionales y asegurar la credibilidad de las investigaciones en curso.
La petición se hizo fundamentada en el principio de precaución
El texto remitido a la Procuraduría invocó el principio de precaución y la protección del interés público, al tiempo que apeló a las facultades constitucionales y legales de la entidad para ordenar la suspensión. Los congresistas señalaron que esta medida es necesaria para que el proceso disciplinario avance con independencia y para que los beneficiarios de esquemas de seguridad tengan la certeza de que sus solicitudes serán atendidas con diligencia.
Los firmantes recalcaron que la permanencia de Rodríguez en la dirección de la UNP podría generar un ambiente de desconfianza y obstaculizar el desarrollo de las investigaciones. Por esta razón, consideraron indispensable que se adopte una decisión pronta que responda a las demandas de seguridad y transparencia.

El documento fue suscrito por José Jaime Uscátegui, Carlos Edward Osorio Aguilar, Juan Espinal y la senadora Paloma Valencia Laserna. Todos coincidieron en que la medida es necesaria para garantizar la protección de líderes políticos y sociales que se encuentran en riesgo y para preservar la legitimidad institucional frente a la opinión pública.
En el escrito enviado al Ministerio Público, que lidera Gregorio Eljach, se logra leer que los representantes del Congreso de la República agradecieron la atención al caso y solicitaron que, “como medida cautelar, se disponga la suspensión del señor Rodríguez mientras avanza la investigación disciplinaria”.
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