La representación de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) hizo un vehemente llamado al Gobierno nacional y al Congreso de la República para evitar cualquier recorte en el presupuesto de la Defensoría del Pueblo.
El organismo internacional con sede en el país solicitó que, contrario a recortar recursos, fortalezca las capacidades de la entidad, responsable de la protección y promoción de los derechos humanos en Colombia.
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El pedido se hizo público tras conocerse cifras de la entidad que advierten sobre una reducción considerable de recursos para 2026.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, comunicó el 4 de agosto de 2025 a la representante a la Cámara Katherine Miranda que se habría considerado una disminución de $38.291 millones, respecto al presupuesto anual anterior, situación que provocó alertas dentro de la institución.
La preocupación institucional creció tras calcular que en 2025 el presupuesto de la entidad alcanzó los $1,25 billones, pero se prevé un drástico recorte para 2026.
El documento remitido al Congreso precisa que la reducción se distribuye entre los montos destinados a funcionamiento y los asignados a inversión, advirtiendo la afectación en actividades clave para la protección ciudadana.
“En 2025, la entidad había reducido un total de $1.252.739.000.000, de los cuales $1.130.439.000.000 correspondieron a un funcionamiento y $122.300.000.000 a una inversión, lo que evidencia para 2026 una disminución de $38.291.000.000 respecto al año anterior”, señaló en la petición Marín.
Al respecto, Scott Campbell, representante de la ONU-DH en Colombia, declaró: “Invertir recursos hoy en la Defensoría del Pueblo y en la promoción y protección de los derechos humanos es quizás la inversión más inteligente que pueden hacer el Gobierno y el Congreso para prevenir la violencia y garantizar una paz duradera y un desarrollo sostenible”.
Para la ONU, los Principios de París, que marcan los estándares internacionales para el funcionamiento de las instituciones nacionales de derechos humanos, fijan la obligación de dotarlas de suficiencia presupuestal, autonomía financiera y mandato independiente.
Desde la ONU solicitaron explícitamente al Gobierno y al Congreso que se ajuste la financiación de la Defensoría a estos parámetros.
“La Defensoría del Pueblo, creada por la Constitución de 1991, debe contar con el presupuesto adecuada, de acuerdo con estándares internacionales, para llevar a cabo su labor de forma eficiente en todo el territorio nacional”, sostuvo el comunicado.
Entre los servicios que podrían verse restringidos ante un recorte presupuestario, la Defensoría mencionó la contratación de analistas para el Sistema de Alertas Tempranas (SAT), la respuesta humanitaria frente a grupos armados, la atención a víctimas de violencia de género, el acompañamiento a jóvenes en entornos vulnerables, y el fortalecimiento de acciones en defensa del medio ambiente y de inmigrantes, entre otros.
Además, se advirtió que millones de personas en condición de vulnerabilidad se verían impactadas negativamente si se limitan estas áreas operativas.
La Defensoría destacó que el ajuste en el presupuesto también afectaría la posibilidad de abrir nuevas sedes y mantener las existentes, la capacidad tecnológica de las sucursales regionales y la prestación de defensa pública.
Iris Marín instó a las autoridades legislativas y al Departamento Nacional de Planeación a gestionar una asignación adicional estimada en $130.000 millones, suma considerada esencial para el funcionamiento estratégico del órgano en 2026.
“Recortar el presupuesto de la Defensoría del Pueblo es también reducir la posibilidad de acceso y garantía de los derechos humanos de millones de personas, sobre todo de las que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad ante las violaciones de sus derechos humanos”, puntualizó Campbell en el comunicado.
El organismo internacional recalcó que el respeto a las directrices de París resulta central para proteger de forma efectiva a las poblaciones más expuestas a la violencia y la exclusión.
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