El procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, fue enfático en que las fechas dispuestas por la Registraduría para el desarrollo de los comicios legislativos y presidenciales de 2026 no pueden ser modificadas, dado que su estricto cumplimiento dota de estabilidad a las instituciones del país.
El pronunciamiento del procurador surge en un momento en el que se ha insinuado que desde el Ejecutivo se estaría buscando la posibilidad de ajustar el cronograma electoral, ya sea por motivos logísticos, políticos o de orden público.
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Frente estos rumores, que han sido negados, Eljach Pacheco sostuvo que el calendario electoral constituye un pilar fundamental de la democracia colombiana y que su modificación solo podría justificarse ante circunstancias excepcionales, debidamente sustentadas y en estricto apego a la Constitución.
“Ni el propio presidente de la República ha señalado que las quiere cambiar y todas aquellas iniciativas de constituyente, de consulta popular, de nuevas elecciones, él siempre ha salido a decir que él quiere cumplir con su calendario electoral y están aprestando sus partidos para participar en las consultas y en las elecciones. Salvo algún creativo exfuncionario público que le da por decir que debe haber reelecciones”, aseguró el procurador.
La declaración de la cabeza del Ministerio Público se registró en un foro liderado por la Contraloría General de la República que tuvo lugar en Bogotá el 19 de agosto de 2025, en conmemoración del día nacional contra la corrupción. En el evento, el procurador señaló la importancia de que los comicios se realicen con todas las garantías, tanto para los candidatos y movimientos políticos como para los ciudadanos que ejercerán su derecho al voto.
A su vez, Eljach puntualizó en que cualquier intento de modificar los tiempos establecidos para el desarrollo de las elecciones constituiría una clara intromisión en la autonomía de las autoridades electorales que afectaría la legitimidad de la transparencia de los resultados, por lo que su impacto se vería reflejado en la credibilidad de los poderes que serán elegidos en 2026.
Y es que de acuerdo con lo expuesto por la cabeza de ente de control, en la Constitución se encuentran establecidos los mecanismos para la organización de los procesos electorales, así como la función de la Procuraduría durante el desarrollo de los comicios, la cual obedece a velar por el cumplimiento de las normas, con el fin de garantizar la transparencia de los resultados.
“La etapa electoral tiene unas fechas previstas por la ley, son una etapa especial, y el Estado debe aprestarse para que eso se cumpla bien y los organismos de control deben hacer respetar lo que al respecto dice la Constitución, garantizar transparencia y pulcritud en los plazos previstos y no cuando a alguien distinto se le ocurra hacerlo”, señaló el procurador durante su intervención.
En cuanto el papel que jugará esa entidad en los comicios de 2026, el procurador explicó que adelantan labores para la creación de una “delegada permanente para asuntos electorales” que se encargará de vigilar todos los procesos de elección de funcionarios en el país, sin importar si estos involucran cargos de elección popular.
Sobre la propuesta, el funcionario detalló que esta nueva oficina velará por la transparencia en los comicios que involucran la elección de los ciudadanos, así como los procesos de corporaciones públicas como las contralorías departamentales y las direcciones de las corporaciones autónomas regionales (CAR).
Paralelamente, anunció que la entidad realizará acompañamiento técnico y permanente a la labor de la Registraduría, lo que incluye la vigilancia de los recursos públicos que serán destinados a la contratación de lo que involucra el proceso electoral.
Finalmente, Eljach le hizo un llamado a as autoridades y a la ciudadanía en general a respetar las reglas del juego democrático y a fortalecer la institucionalidad mediante el cumplimiento estricto de los plazos y procedimientos establecidos, por lo que reiteró su propuesta de consolidar una “paz electoral” en el país que contribuiría a fortalecer la democracia y, asimismo, dotar de legitimidad y confianza de la ciudadanía a las instituciones que involucran cargos de elección popular.
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