La Corte Constitucional, a través de la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, declaró que el Ministerio de Salud incumplió con las órdenes sobre los tiempos máximos de espera en atención médica.
El Auto 1174 de 2025, con ponencia del magistrado José Fernando Reyes Cuartas, determinó que la cartera del Gobierno:
- “No cumplió con las actividades que él mismo planteó en los cronogramas y planes de trabajo, para definir los tiempos máximos en los cuales deben asignarse las citas de medicina especializada y realizarse los diferentes procedimientos”.
- “No implementó medidas para regular e iniciar el registro que permita recaudar la información sobre el tiempo que tardan los pacientes en ser clasificados en un nivel de triage, atendidos en urgencias, asignárseles una cita especializada, realizárseles y dispensárseles procedimientos, tecnologías y medicamentos que les fueron ordenados, o asignárseles una cita de medicina y odontología general”.
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El alto tribunal reprochó que el ministerio modificara unilateralmente los plazos ya avalados. Por ejemplo, la definición de tiempos máximos para asignar citas especializadas debía cumplirse en diciembre de 2023, pero el Ministerio lo trasladó hasta septiembre de 2025, es decir, un retraso de casi dos años.
En palabras de la Corte, este incumplimiento desconoce el mandato décimo sexto de la Sentencia T-760 y las órdenes contenidas en los autos 584 de 2022 y 999 de 2023.
Retroceso en urgencias y aumento de quejas
Uno de los aspectos más preocupantes es la atención en urgencias. La Sala Especial evidenció que, aunque el promedio nacional de espera para pacientes clasificados en triage II se mantiene por debajo del límite de 30 minutos fijado por la Resolución 5596 de 2015, los tiempos han empeorado respecto a años anteriores. El promedio pasó de 22,38 minutos en 2020 a 26,16 en 2021, 26,13 en 2022 y 24,22 en 2023, lo que refleja un retroceso.
Además, los problemas son mucho más graves en ciertos territorios. En Vichada, el tiempo promedio de espera en urgencias alcanzó los 70 minutos en 2023, más del doble del máximo permitido. Departamentos como Guaviare, Bogotá, Bolívar y Norte de Santander también presentan demoras recurrentes.
El aumento de quejas ciudadanas confirma este panorama. La Superintendencia Nacional de Salud reportó que entre 2022 y 2023 recibió 619.561 quejas por falta de oportunidad en citas médicas especializadas. De ese total, 540.686 correspondieron a otras especialidades, 27.724 a medicina interna y 14.096 a cardiología.
La Defensoría del Pueblo también documentó un incremento sostenido: solo en 2023 recibió más de 18.000 quejas por falta de oportunidad en servicios de salud, entre ellas más de 6.000 por citas con especialistas y casi 3.000 por entrega tardía de medicamentos.
Asimismo, la judicialización sigue siendo la vía para acceder a la atención. Las acciones de tutela relacionadas con la asignación de citas médicas pasaron de representar el 12,4% en 2021 al 22,24% en 2023, un crecimiento que revela la incapacidad del sistema para responder sin intervención judicial.
Escasez de médicos, demoras en diagnósticos y riesgo de crisis humanitaria
El auto también identificó causas estructurales que explican las demoras. En Colombia solo existen 1,5 médicos especialistas por cada 1.000 habitantes, muy por debajo del promedio internacional de 3,5 recomendado por la OCDE. Según la Academia Nacional de Medicina, en 2020 había un déficit de más de 10.000 especialistas, concentrados principalmente en las grandes ciudades, lo que limita el acceso en zonas rurales y dispersas.
En cuanto a diagnósticos, la Corte Constitucional encontró que, aunque se redujeron los tiempos de espera para ecografías y resonancias en algunos trimestres, no existe información oficial sobre otros procedimientos clave como radiografías, tomografías, endoscopias o biopsias. Esta omisión constituye un incumplimiento reiterado, pues ya había sido advertido en 2022.
La situación afecta con mayor intensidad a pacientes con enfermedades de alto costo. La Asociación de Pacientes de Alto Costo denunció retrasos graves en tratamientos de cáncer, VIH e insuficiencia renal, con cancelación de citas, demoras en quimioterapias y entregas incompletas de medicamentos.
Por su parte, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas fue más allá y advirtió a la Corte sobre la existencia de una “crisis humanitaria de la salud en Colombia”, derivada de más de 1,6 millones de peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD). Incluso pidió que se declare un estado de cosas inconstitucional en el sector.
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