Colombiano en Estados Unidos podría ser condenado tras confesar fraudes migratorios para manipular el sistema de asilo

Un ciudadano de origen colombiano e identificado como Carlos Adolfo Haeckermann Cárdenas, asumió su responsabilidad ante un tribunal federal de San Francisco por haber dirigido un esquema dedicado a la presentación de solicitudes de asilo fraudulentas ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés).

La investigación en la que participó de forma activa el Uscis determinó que Haeckermann, de 62 años y residente de Doral, estado de Florida, había sido acusado el 13 de noviembre de 2024 por un gran jurado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según la Oficina del Fiscal General de Estados Unidos para el Distrito Norte de California, Haeckermann se declaró culpable de cuatro cargos por ayudar e incitar a la presentación de declaraciones falsas en documentos migratorios, en violación de la normativa federal.

El acuerdo de culpabilidad revela que el acusado operó un negocio, primero en Colombia y posteriormente en Estados Unidos, asesorando a ciudadanos colombianos sobre cómo completar procesos de visa y asilo a cambio de honorarios.

Durante el proceso judicial, Haeckermann admitió que capacitaba a sus clientes para que entregaran información falsa o exagerada tanto en sus solicitudes como en las entrevistas para obtener beneficios migratorios.

Entre las acciones descritas, instruía a los solicitantes de visa para que aumentaran detalles referentes a su vida profesional, vínculos comerciales y relaciones personales en Colombia, con el objetivo de convencer a los funcionarios estadounidenses de que regresarían a su país después del viaje autorizado.

En los casos de asilo, creaba o modificaba relatos sobre persecución en Colombia, incrementando con ello las probabilidades de aprobación.

Los cuatro cargos que asumió Haeckermann corresponden a solicitudes de asilo que gestionó para cuatro clientes entre noviembre de 2019 y mayo de 2020. En cada una, ideó una historia de persecución política que repetía para cada solicitante, ajustando solamente aspectos secundarios.

Además, reconoció haber estado involucrado en decenas de trámites fraudulentos similares.

El anuncio de la resolución fue dado a conocer por el fiscal federal Craig H. Missakian y Jeff Rusinek, quien lidera la División de Investigaciones de Fraude Criminal del Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Hasta la fecha, Haeckermann permanece en libertad bajo fianza y su audiencia de sentencia fue fijada para el 5 de noviembre, ante el juez federal de distrito Vince Chhabria. Podría enfrentar hasta 10 años de prisión y una multa de 250.000 dólares por cada cargo.

Un ciudadano colombiano fue arrestado en Miami, Florida, mientras realizaba el trámite para obtener la residencia permanente en las oficinas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis) en Kendall.

Durante una revisión de antecedentes, los funcionarios detectaron una orden final de deportación emitida en julio de 2004, que continuaba activa en los registros migratorios estadounidenses.

Según informó el USCIS en la red social X, en la inspección rutinaria del expediente surgió información de un proceso judicial pendiente desde hacía más de veinte años.

Tras el hallazgo, el caso fue notificado de inmediato al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que procedió con la detención del ciudadano colombiano.

El mensaje oficial publicado por Uscis incluyó la frase: “Las green cards son para quienes cumplen la ley, no para quienes la infringen”, enfatizando la postura estricta respecto a antecedentes en trámites migratorios.

Este caso evidenció cómo los sistemas de verificación de antecedentes permiten a las autoridades identificar órdenes de deportación vigentes sin importar el tiempo transcurrido desde su emisión.

Según la firma Curbelo Law, existen tres formas de comprobar la existencia de una orden de deportación en Estados Unidos: solicitar los registros migratorios a través de la Freedom of Information Act (Foia), consultar la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (Eoir) si se cuenta con el número de extranjero, o acudir a un abogado especializado para revisión y orientación.

La presencia de una orden de expulsión en el historial migratorio no obliga necesariamente a la deportación inmediata. En este sentido, el marco legal estadounidense contempla recursos como la revisión del caso ante un juez, la solicitud de asilo, la petición de ciertas visas especiales o el ajuste de estatus por vínculos familiares, por ejemplo, el matrimonio con un ciudadano estadounidense, siempre que se cumplan los requisitos.

Por regla general, tras la emisión de una orden de deportación, la persona cuenta con un plazo de entre 30 y 90 días para salir del país de manera voluntaria.

El incumplimiento puede derivar en detención, expulsión forzosa, restricciones de reingreso e impedimentos para acceder a nuevos visados en el futuro.

En situaciones en las que la orden fue dictada en ausencia debido a incomparecencia ante la corte, la legislación permite presentar una moción de rescisión si se demuestra falta de notificación adecuada o errores en el procedimiento.

Además, existen casos en los que, tras acreditar una estancia ininterrumpida de al menos diez años en Estados Unidos y cumplir otros requisitos legales, es posible solicitar la cancelación de la expulsión y acceder a la residencia permanente.