La Procuraduría General de la Nación adelantó una acción disciplinaria contra José Fernando Cardona Uribe, expresidente ejecutivo de la Nueva Empresa Promotora de Salud S.A. (Nueva EPS), al formular pliego de cargos por la presunta autorización de un plan de ahorro voluntario denominado Plan Semilla”.
Según el comunicado, la iniciativa aprobada superó los $1.000 millones y se financió con recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), fondos que deben ser usados exclusivamente para el aseguramiento en salud.
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En la comunicación oficial, el ente de control explicó que Cardona Uribe habría pasado por alto la normativa vigente, que impone restricciones al destino de los fondos provenientes de la UPC. Al validar la utilización de dichos recursos para el “Plan Semilla”, la Procuraduría sospecha que los mismos se destinaron para fines ajenos al objeto legalmente permitido.
La Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública indicó que el disciplinable posiblemente catalogó el monto del “Plan Semilla” como un gasto administrativo. Esta clasificación podría representar un desconocimiento de las disposiciones legales y constitucionales, según el texto, “con lo que pudo trasgredir varias normas”.
De acuerdo con la comunicación oficial, la entidad atribuye a Cardona Uribe la posible vulneración del principio de moralidad que rige la función pública. Por ello, la conducta fue calificada provisionalmente como una falta disciplinaria gravísima cometida a título de culpa gravísima, conforme consta en el pliego de cargos.
En abril de 2025, la Fiscalía General de la Nación formuló cargos contra José Fernando Cardona Uribe, expresidente de la Nueva Empresa Promotora de Salud (Nueva EPS), y tres exfuncionarios de alto rango, bajo señalamientos de ocultamiento documental y desvío de fondos públicos.
La investigación, según reportó Caracol Radio, involucra también a Juan Carlos Isaza Correa, exvicepresidente financiero; Edgar Pedraza Castellanos, exgerente de contabilidad; y Fabio Antonio Peralta Núñez, exgerente de cuentas médicas.
De acuerdo con la Fiscalía, los hechos apuntan a que más de 70.500 millones de pesos colombianos fueron objeto de desvío a través del ocultamiento de facturas y supuesta alteración de los estados financieros de la Nueva EPS.
Estas prácticas habrían permitido mostrar una situación económica sólida, acción que influyó en los informes entregados a la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) y evitó una intervención por parte de ese organismo hasta 2024.
El expediente fiscal sostiene que los documentos financieros presuntamente manipulados, firmados por Cardona Uribe y Pedraza Castellanos, certificaban resultados positivos que no correspondían con la realidad operativa de la entidad.
Esta presentación habría facilitado la permanencia de la EPS dentro del sistema de salud, mientras ocultaba pérdidas económicas considerables. Las autoridades señalaron que la información presentada respaldaba una falsa eficiencia financiera que permitía a la EPS mantener e incluso incrementar su patrimonio entre 2019 y 2023.
Los delitos imputados a los investigados incluyen falsedad en documento privado, fraude procesal, peculado por apropiación y omisión del deber de control en el manejo de recursos para la salud.
En paralelo, los fiscales advirtieron que los directivos omitieron dar cuenta ante la junta directiva y la asamblea de accionistas sobre el estado real de las finanzas institucionales, al tiempo que solicitaron autorización para la administración de fondos que no existían.
Durante la audiencia judicial, ninguno de los acusados aceptó los cargos presentados. La juez a cargo del caso negó la petición de la Fiscalía para imponer medida de aseguramiento con detención preventiva contra tres de los procesados.
Según lo expuesto en el fallo, la representación del ente investigador no demostró elementos suficientes que probaran riesgo para la sociedad o peligro de obstrucción en el trámite judicial.
La Fiscalía concluyó que, en caso de haberse conocido la verdadera situación financiera, la Supersalud habría tomado medidas de intervención antes de 2024. Estas maniobras financieras se presentan como la razón principal detrás de la posible demora en la actuación institucional sobre la Nueva EPS.
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