El presidente, Gustavo Petro, afirmó que el paramilitarismo en Antioquia “articuló masacres para tener un pueblo obediente” al servicio del narcotráfico. La declaración, publicada en su cuenta oficial de X, se dio como reacción a una investigación de la revista CAMBIO sobre la confesión de financiadores clave de este fenómeno criminal.
El mandatario señaló que estas acciones, impulsadas mediante el terror, buscaron someter a comunidades rurales para facilitar los envíos de cocaína y construir un proyecto político dirigido a bloquear la aplicación de la Constitución de 1991.
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En el mismo mensaje, Petro sostuvo: “La triste historia del paramilitarismo antioqueño que inundó el país. Simplemente articularon las masacres para, por medio del terror, tener un pueblo obediente ante los envíos de cocaína. De eso construyeron un proyecto político para impedir que se aplicara la constitución de 1991. Objetivo único: tener un pueblo rebaño, hundiéndolo en sangre para traquetear. Qué tal si respiramos aire limpio y volvemos a los principios de la espada de Bolívar”. El presidente subrayó el trauma social heredado de décadas de violencia paramilitar y narcotráfico, y llamó a recuperar la legalidad y los valores establecidos tras la promulgación de la carta magna.
Petro emitió su pronunciamiento tras conocerse la revelación de CAMBIO, en la que figuran las declaraciones de Jaime Angulo Osorio y Francisco Angulo Osorio ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Según la revista, los empresarios, que fueron identificados por la justicia como financiadores y operadores del paramilitarismo en Ituango (Antioquia), reconocieron que las masacres ocurridas en la región entre 1996 y 1998 y la muerte de Jesús María Valle se desarrollaron con el conocimiento y la colaboración de autoridades locales. Los testimonios apuntan directamente a la gestión de Álvaro Uribe Vélez, quien era gobernador del departamento para la época de los hechos.
De acuerdo con los extractos citados por CAMBIO, los Angulo detallaron que la gobernación de Antioquia tuvo información sobre las operaciones armadas, facilitando operaciones y logística para los grupos paramilitares. “Echeverry era el enlace con Pedro Juan Moreno y la gobernación”, relató uno de los hermanos, refiriéndose al entonces secretario de Gobierno bajo el liderazgo de Uribe Vélez. Además, señalaron la creación de las Convivir, figuras legales que, según sus declaraciones, sirvieron de puente entre el Estado, los paramilitares y el Ejército en esa etapa.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ya había señalado en una sentencia de alto impacto que el Estado colombiano resultó responsable de las masacres de La Granja y El Aro, así como del asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, y reveló la existencia de un patrón sistemático de violencia para ejercer control social con participación de autoridades departamentales. Tras las revelaciones recientes, la Fiscalía General de la Nación avanza con investigaciones sobre la presunta responsabilidad de Álvaro Uribe Vélez por su posible participación u omisión en estos crímenes, proceso derivado de denuncias interpuestas por figuras como Iván Cepeda.
En su pronunciamiento, Petro replanteó la vigencia de este drama y la necesidad de retomar una senda institucional que evite la repetición del fenómeno paramilitar, aludiendo a la responsabilidad política y social de las últimas décadas. El presidente no vinculó directamente ningún nombre en su mensaje, pero su intervención se enmarca en la coyuntura que atraviesa el país ante nuevos testimonios judiciales y debates sobre la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas.
Las organizaciones de derechos humanos y las víctimas citaron la publicación para recalcar, como expresó a CAMBIO María Victoria Fallon, abogada, que los aportes de los hermanos Angulo en la JEP, no contribuyen a la verdad sustantiva, ya que omiten nombres de dirigentes y responsables jerárquicos, y solo buscan beneficios jurídicos. Otras voces consultadas por la revista consideraron que el poder de decisión y los vínculos de los Angulo en la región eran ampliamente conocidos e implicaban estructuras económicas, sociales y militares mayores.
El debate público en Colombia se ha intensificado tras el mensaje presidencial, que situó la actual crisis política y judicial de los responsables de la violencia paramilitar en el centro del escenario. El trino de Petro continúa generando repercusión nacional, alimentando el llamado a la verdad, el esclarecimiento judicial y la garantía de no repetición de los crímenes que devastaron a comunidades rurales en Antioquia y otras regiones.
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