“Ganamos”. Con esa palabra, el abogado penalista Manuel Ramos resumió el desenlace de un proceso judicial que durante casi dos décadas mantuvo bajo la lupa a Juan Guillermo ‘Guillo’ Ángel, piloto colombiano conocido por su relación con el entorno de Pablo Escobar y el cartel de Medellín.
La investigación, que se extendió por 17 años, buscaba esclarecer el origen de los fondos con los que se pagaron los honorarios de los abogados en Estados Unidos del excapo Fabio Ochoa Vásquez, que recuperó su libertad en diciembre de 2024 tras cumplir 26 años de prisión por narcotráfico.
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Según relató Ramos a El Tiempo, el patrimonio de su defendido quedó plenamente justificado y la decisión de archivo de la causa ya es definitiva.
El caso, que se inició tras una investigación del diario citado, se centró en determinar si los recursos transferidos por ‘Guillo’ Ángel para cubrir los gastos legales de Ochoa Vásquez provenían de actividades ilícitas.
La Fiscalía y la Unidad de Análisis Financiero (Uiaf) rastrearon durante años los movimientos financieros del piloto, su familia y allegados, así como de empresas vinculadas, entre ellas Helicargo, la firma de aviación mencionada en la transferencia de dinero a los abogados en Estados Unidos.
En 2009, la Uiaf elaboró un informe de inteligencia financiera que vinculaba a ‘Guillo’ Ángel con al menos 12 empresas en diferentes cargos.
El informe también extendía la indagación a miembros de su familia y a la empresa Helicargo, señalada como la responsable de la reparación de un avión involucrado en la operación financiera bajo sospecha.
El expediente judicial reveló que, en junio de 2024, la audiencia de imputación por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, prevista para el 18 de febrero, fue retirada dos semanas antes por solicitud de la fiscal asignada, Ángela María Ramírez Matiz, de la Fiscalía 22 adscrita a la Fiscalía Especializada contra el Lavado de Activos.
El documento de archivo, firmado por la fiscal Ramírez, concluye: “En el presente asunto, evaluada la actividad de Policía Judicial y la documentación aportada, no se puede estructurar ni de lejos conductas penalmente relevantes, ni hay espacio para inferencias que permitan columbrar que hayan existido hechos indicadores de relevancia penal que agotaran la conducta de lavado de activos y/o enriquecimiento ilícito”.
El análisis integral de los elementos de prueba permitió establecer que no se configuran los elementos estructurales de los tipos penales investigados, ya que no se logró demostrar, ni siquiera de forma inferencial, que los incrementos patrimoniales observados en las personas naturales y jurídicas investigadas fueran producto de actividades ilícitas.
El expediente también recoge las conclusiones de peritos contadores que analizaron los patrimonios de las empresas y allegados de ‘Guillo’ Ángel. Uno de los peritos había identificado en su momento una no capacidad económica de $4.847.448.084, correspondiente a un patrimonio sin justificación en relación con los ingresos y patrimonios analizados.
Además, señaló que los ingresos declarados en renta no coincidían con la realidad económica, ya que no guardaban relación con los depósitos identificados en las cuentas bancarias. No obstante, la Fiscalía determinó que, pese a estos incrementos patrimoniales sin justificar, no se pudo establecer un vínculo con actividades ilícitas.
Sobre el origen de los fondos, ‘Guillo’ Ángel le había explicado a El Tiempo que la transferencia a los abogados de Ochoa Vásquez fue el resultado del pago por la reparación de un avión dañado en un incidente en Medellín.
Según su versión, el giro, de entre 400.000 y 450.000 dólares (aproximadamente entre $1.600 millones y $1.800 millones al cambio actual), lo realizó una aseguradora de Londres y todo el proceso fue legal.
Ángel añadió que su intervención en la coordinación de la defensa de Ochoa se debió a una antigua amistad y a su dominio del inglés.
La defensa de ‘Guillo’ Ángel también interpuso una tutela contra el entonces fiscal del caso, Miguel Bello, para que se resolviera la situación procesal, lo que derivó en la citación a imputación.
Según el abogado Ramos, los peritos desestimaron ajustes integrales por inflación y datos exógenos que no coincidían con la realidad, y tampoco se había considerado una indemnización que EPM pagó a una de las empresas investigadas.
El cambio de fiscal en el caso obedeció a nombramientos derivados de un concurso de méritos y a una licencia de maternidad, lo que llevó a que cerca de siete fiscales pasaran por el expediente antes de su archivo definitivo.
La investigación, que mantuvo en vilo a ‘Guillo’ Ángel y su entorno durante casi dos décadas, concluyó sin que se configuraran los delitos de lavado de activos ni enriquecimiento ilícito.
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