El exministro de Justicia, activista judicial y precandidato presidencial, Wilson Ruiz Orejuela, radicó una denuncia formal contra la excanciller Laura Sarabia y contra el congresista León Fredy Muñoz, a los que señala de haber hecho parte de una operación desde el Gobierno para favorecer al prófugo Carlos Ramón González Merchán, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).
De acuerdo con Ruiz, funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Embajada de Colombia en Managua habrían intervenido para permitir que González se ocultara en Nicaragua bajo un manto de protección diplomática, en lugar de responder ante la justicia colombiana.
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Los hechos señalados por Ruiz se sustentan en varias actuaciones:
- 21 de mayo de 2025: la Embajada de Colombia en Nicaragua habría solicitado la renovación de la residencia de González, pese a que ya enfrentaba investigaciones penales en Colombia.
- 1 de junio de 2025: apenas siete días después, el Tribunal Superior de Bogotá emitió una orden de captura contra González por delitos de cohecho y peculado por apropiación en favor de terceros.
- Acciones posteriores: pese a esa orden, la representación diplomática habría continuado gestionando documentos a favor del exfuncionario, lo que, según Ruiz, constituye “un claro encubrimiento desde el Estado”.
El exministro fue enfático: “Usar la diplomacia para esconder a un prófugo de la justicia es una vergüenza nacional. La política exterior de este Gobierno se convirtió en cómplice de la corrupción, mientras los colombianos esperan justicia y transparencia”.
En la denuncia, Ruiz tipifica los hechos como posibles delitos de favorecimiento, fraude a resolución judicial y traición diplomática, y pide a la Corte Suprema que investigue sin dilaciones y lleve a los responsables ante la justicia. También llamó a la ciudadanía a rechazar la impunidad: “Los colombianos no podemos acostumbrarnos a la impunidad. La justicia debe prevalecer sobre los pactos de silencio y los favores políticos”.
La respuesta del Gobierno ante la polémica
El Gobierno reaccionó al caso asegurando que no existe encubrimiento alguno. De hecho, el viernes 16 de mayo el Ministerio de Justicia informó que había solicitado formalmente a la Fiscalía General de la Nación comenzar el trámite de extradición de Carlos Ramón González desde Nicaragua.
“El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, ha solicitado formalmente a la Fiscalía General de la Nación iniciar los trámites de extradición del exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) Carlos Ramón González desde Nicaragua”, indicó el comunicado oficial.
La cartera subrayó que el pedido de extradición se basa en el Tratado vigente entre Colombia y Nicaragua, firmado en 1929, y reiteró que el Gobierno busca que se cumplan las decisiones judiciales en casos de corrupción, siempre con respeto a las garantías procesales y a la presunción de inocencia.
El Ministerio de Justicia aclaró además que tanto esa entidad como la Cancillería “estarán listos para colaborar en el proceso, una vez que la autoridad judicial competente remita la documentación pertinente”.
Cabe recordar que, días antes de la decisión del Gobierno de pedir en extradición a Carlos Ramón González, se difundieron pruebas que alimentaron la controversia: una copia de la cédula de residencia nicaragüense del exdirector del Dapre y una carta de la Embajada de Colombia en Managua dirigida a la Cancillería de Nicaragua solicitando apoyo para renovar su permiso de estadía.
Frente a este hecho, tanto el presidente Gustavo Petro como la excanciller Laura Sarabia negaron que el Ejecutivo hubiera pedido “algún tipo de privilegio” para González.
Un prófugo clave en el mayor escándalo de corrupción del Gobierno Petro
Carlos Ramón González, de 66 años, no es un funcionario cualquiera. Militante del partido Alianza Verde y excompañero de Petro en la guerrilla del M-19, fue director del Dapre y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
La Fiscalía lo imputó en el caso de la Ungrd por los delitos de cohecho, apropiación de bienes del Estado y lavado de activos. Según la investigación, parte del dinero malversado provenía de un contrato para la compra de 40 carrotanques destinados a mitigar la crisis de agua en La Guajira.
De acuerdo con los testimonios, entre ellos el de Sneyder Pinilla, ex subdirector de la Ungrd, González habría ordenado pagos ilegales a congresistas a través de la entonces consejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, con el fin de asegurar apoyo legislativo para el Ejecutivo. Por estos hechos, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó su captura el 3 de julio de 2025.
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