La Sala de Instrucción de la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar que busca esclarecer los trámites y procedimientos que, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Embajada de Colombia en Nicaragua, habrían permitido a González no solo establecerse en territorio nicaragüense, sino también, según reveló El Reporte Coronell, usar instalaciones diplomáticas como vivienda y disponer del vehículo oficial.
El Ministerio Público decretó la práctica de varias pruebas para identificar a los funcionarios implicados en las presuntas irregularidades, entre ellas una inspección disciplinaria a Migración Colombia y la revisión de todos los trámites realizados por la Cancillería y la embajada “para el otorgamiento por parte del gobierno de Nicaragua de la cédula de residencia al exdirector del Dapre, Carlos Ramón González”.
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La indagación se abrió después de que se conociera un documento que evidenciaría la intervención de la embajada para renovar la residencia de González, investigado por corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Carlos Ramón González, que también fue director del Departamento Nacional de Inteligencia, es requerido por la justicia colombiana en el marco del escándalo de la Ungrd. Su caso tomó relevancia política y diplomática luego de que surgieran versiones sobre un presunto apoyo del Gobierno para renovar sus documentos migratorios en Nicaragua, justo cuando enfrentaba imputación de cargos.
El viernes 15 de agosto, el presidente Gustavo Petro señaló que pedirá a Nicaragua la entrega de su exfuncionario: “La justicia colombiana requiere a Carlos Ramón González y se solicitará al gobierno nicaraguense que sea entregado a ella, si es residente en ese país”.
En un primer pronunciamiento, el mandatario negó que su Gobierno hubiera facilitado la salida o permanencia de González, pero horas después confirmó la solicitud formal a las autoridades nicaragüenses.
Por su parte, el senador León Fredy Muñoz, exembajador en Nicaragua, admitió su cercanía personal con González, pero rechazó cualquier participación en su eventual fuga: “Carlos Ramón es un amigo, no negaré a un amigo. En ese momento él no tenía ninguna restricción. Lo único que deseo es que le vaya bien y tenga el derecho a la defensa, pero yo no lo ayudé a que se escapara”, dijo a Noticias Caracol.
Según documentos divulgados por varios medios, la renovación de residencia se habría gestionado el mismo día en que la Fiscalía le imputó cargos. No obstante, tanto Muñoz como la excanciller Laura Sarabia niegan haber tenido conocimiento o participación en tales actuaciones.
Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores sostuvo que la carta enviada a las autoridades nicaragüenses para solicitar el estatus de residente a favor de González fue elaborada por un funcionario “sin consultar y sin permiso”.
En un pronunciamiento público, la excanciller Sarabia manifestó: “Lo sucedido en la Embajada en Nicaragua es lamentable y reprochable. Confío en que la investigación revele toda la verdad. La rendición de cuentas no admite puntos medios”.
La apertura de esta indagación preliminar plantea un debate sobre el uso de las sedes diplomáticas y la eventual desviación de funciones públicas en beneficio de personas investigadas. La investigación de la Procuraduría podría tener implicaciones tanto administrativas como políticas, dado que involucra a funcionarios del actual Gobierno en un asunto que mezcla relaciones exteriores, procesos judiciales y la lucha contra la corrupción.
Mientras se desarrollan las diligencias, la presión pública y mediática aumenta para que se esclarezca si existió o no una red de apoyo institucional para garantizar la permanencia de González en Nicaragua, pese a estar requerido por la justicia colombiana. El resultado de este proceso disciplinario será clave para determinar responsabilidades y reforzar la confianza en el manejo de la política exterior y consular del país.
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