La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, en sesión ordinaria del jueves 14 de agosto, definió la terna de la cual el Senado de la República elegirá al próximo magistrado o magistrada de la Corte Constitucional.
El nuevo integrante reemplazará a José Fernando Reyes Cuartas, cuyo periodo concluye en septiembre de 2025.
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Los tres candidatos seleccionados son María Patricia Balanta Medina, Carlos Ernesto Camargo Assis y Jaime Humberto Tobar Ordóñez, abogados con una sólida experiencia en la Rama Judicial, la academia y la administración pública.
La elección cobra relevancia pues sucede en un contexto en el que las decisiones de la Corte Constitucional han marcado profundamente el rumbo del país en temas de derechos fundamentales, control a las reformas legislativas y limitación del poder estatal.
La conformación de la terna fue resultado de la convocatoria pública 02-2025, que inició el 8 de junio. Se recibieron 68 inscripciones, de las cuales 39 aspirantes cumplieron con los requisitos establecidos. Posteriormente, la Corte Suprema escuchó a 15 candidatos en Sala Plena antes de decidir la lista final.
Según informó la corporación, el procedimiento cumplió con “celeridad y transparencia”, siguiendo el cronograma previamente establecido. La terna será enviada al Congreso para que el Senado realice la elección definitiva.
Los perfiles de la terna
María Patricia Balanta Medina es abogada de la Universidad Central del Valle del Cauca, con especialización en comercio internacional, maestría y doctorado. Ha sido jueza, magistrada y docente universitaria.
Durante su presentación ante la Sala Plena, afirmó: “La labor de la Corte Constitucional exige objetividad analítica y distancia crítica para emprender, con metodología rigurosa, el examen imparcial de las distintas interpretaciones. Implica serenidad conceptual, ausencia de prejuicios, espíritu abierto y vocación creadora para fortalecer narrativas que lleven la razón y el análisis sistémico al centro del debate. Ser juez constitucional es defender los núcleos esenciales de la justicia social como conciencia moral legitimada en observatorios democráticos”.
Carlos Ernesto Camargo Assis, abogado de la Universidad Sergio Arboleda, cuenta con especialización, maestría y doctorado en derecho. Fue Defensor del Pueblo entre septiembre de 2020 y enero de 2024, y se ha desempeñado como vicerrector de Proyección Universitaria en la misma institución.
En su intervención señaló: “Este momento representa para mí la asunción de un deber ético y jurídico: contribuir con rigor a la defensa del orden constitucional, a la garantía de los derechos fundamentales y al fortalecimiento del Estado social y democrático de derecho”.
Y añadió: “Durante mi trayectoria he tenido el privilegio de recorrer el país y entender su diversidad, sus desafíos y sus necesidades. Desde la academia, lo público, lo privado, el ámbito internacional y, especialmente, desde la Defensoría del Pueblo, he trabajado por la consolidación de instituciones sólidas”.
Jaime Humberto Tobar Ordóñez es abogado del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, con especialización en derecho constitucional y maestría en derecho. Ha integrado listas de árbitros en los centros de arbitraje de Bogotá, Medellín y la Superintendencia de Sociedades; fue conjuez de la Corte Constitucional y miembro honorario del Colegio de Abogados Administrativistas.
Al presentar su aspiración expresó: “Desde la culminación de mis estudios de derecho en 1985, he dedicado mis esfuerzos a profundizar en el análisis jurídico. Puedo aportar de manera práctica y efectiva en la compleja labor que ejerce la Corte Constitucional. Sería un honor integrarla como etapa final de una carrera profesional desarrollada bajo los principios de ética, transparencia, objetividad y honorabilidad. Mi compromiso, en caso de ser elegido, será con el Estado de derecho, la imparcialidad y la autonomía que debe regir toda decisión judicial”.
Al ser la Corte Constitucional un órgano clave en la protección de derechos fundamentales y el control constitucional; sus fallos inciden directamente en el reconocimiento de las minorías y las poblaciones vulnerables; y el control de políticas públicas y reformas legislativas.
Es por ello que la elección del nuevo magistrado no solo definirá la composición del alto tribunal, también podría influir en la orientación de sus futuras sentencias y en el equilibrio entre las ramas del poder público. El perfil profesional, la visión jurídica y la experiencia de quien resulte electo serán factores determinantes en un momento en que el país enfrenta debates constitucionales de alto impacto.
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