El último pronunciamiento judicial sobre la juez María del Pilar Soto García marca un nuevo capítulo en el expediente de uno de los casos de mayor controversia en la justicia penal colombiana.
Y es que la pena de 48 meses de prisión contra Soto García deriva de la decisión tomada en diciembre de 2014, cuando ejercía como Juez Cuarta de Ejecución de Penas y Medidas en Valledupar, y favoreció con el beneficio de prisión domiciliaria a Freyner Alfonso Ramírez, conocido bajo varios alias Carlos Pesebre” , “Navi”, “Pedro el Viejo” o “Diego”, cabecilla de la estructura criminal la Oficina.
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La magistrada había tomado en principio una postura negativa frente a la solicitud presentada por la defensa de Ramírez.
El defensor del procesado, que estaba condenado a nueve años de cárcel y a una multa equivalente a 2.700 salarios mínimos legales mensuales por delitos como concierto para delinquir agravado, extorsión y uso de menores para delinquir, solicitó el cambio de la reclusión intramural por casa por cárcel bajo el argumento de que era padre cabeza de familia y debía cuidar a su hijo de 14 años.
Aunque inicialmente esta petición fue rechazada por la jueza, ante la interposición de un recurso de reposición decidió revertir su determinación y el 5 de diciembre de 2014 le concedió la prisión domiciliaria a Ramírez.
Pese a esta concesión, el beneficio no se hizo efectivo; esto, debido a que surgió contra Ramírez una orden de captura adicional por homicidio agravado. El fallo emitido señala que la condena impuesta a la exjueza no podrá cumplirse bajo la modalidad de detención domiciliaria, y que “la pena impuesta se hará efectiva en el establecimiento carcelario que para tal efecto determine el Inpec”.
El Tribunal Superior de Valledupar fue categórico en sus cuestionamientos respecto al accionar de Soto García, al afirmar que “no encontró justificable el cambio repentino de parecer” al revocar la negativa inicial y otorgar el beneficio de casa por cárcel a “Pesebre”, especialmente ignorando “el grado de peligrosidad que revestía” el procesado y confirmando que no era sujeto de ese beneficio.
Desde el ente judicial también criticaron que la jueza aceptara el argumento referente a la supuesta ausencia de la madre en el núcleo familiar y que no corroborara la inexistencia de otros parientes que pudieran hacerse cargo del menor.
Y es que el proceso judicial contra Soto García aún no alcanza su desenlace definitivo, ya que la sentencia dictada puede ser impugnada ante la Corte Suprema de Justicia. La resolución pone de relieve el debate sobre la responsabilidad de los operadores judiciales en la evaluación de riesgos y la aplicación de beneficios penales a los líderes de estructuras criminales de alto impacto en Colombia.
El prontuario criminal de alias Carlos Pesebre
Freyner Alfonso Ramírez García se convirtió en uno de los principales líderes de la estructura criminal La Oficina de Envigado tras la desmovilización de los bloques paramilitares. El delincuente controló diversas comunas de Medellín —especialmente las comunas 5, 6, 7, 12, 13, San Javier, Robledo y el barrio 12 de Octubre— y comandó aproximadamente 500 hombres armados.
Las actividades criminales de “Pesebre” incluyeron narcotráfico, extorsión, homicidios, desplazamiento forzado, y control del microtráfico. También se alió con Los Urabeños, extensión del Clan del Golfo, lo que le permitió fortalecer su presencia delictiva y territorial.
En marzo de 2013, Ramírez García fue capturado durante la Operación Esparta II en Urrao, Antioquia, junto con su anillo de seguridad. En 2016, “Pesebre” fue condenado a 36 años de prisión por ordenar el asesinato de Mauricio Alberto Velásquez Valencia, alias El Meca, su lugarteniente, acusado de robar cerca de 700 millones de pesos provenientes de hurto de hidrocarburos.
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