La defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez presentó el miércoles 13 de agosto, ante el Tribunal Superior de Bogotá, un recurso de apelación contra la sentencia que lo condenó a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.
El documento, firmado por los abogados Jaime Granados y Jaime Lombana, tiene un total de 904 páginas y solicita la revocatoria de la decisión proferida el 1 de agosto por el Juzgado 44 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá.
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En el texto, los defensores sostienen que la jueza incurrió en “una serie de errores de hecho y de derecho” al dictar la condena y piden que, en consecuencia, se anule el proceso o, en su defecto, se absuelva al exmandatario.
Argumentos de la defensa del expresidente
En el documento dirigido a la “Honorable Sala de Decisión Penal” del Tribunal Superior de Bogotá, los abogados precisan: “Mediante el presente recurso de apelación, esta defensa procederá a exponer de manera amplia, rigurosa y pormenorizada cómo a lo largo de las consideraciones contenidas en la sentencia proferida el 1 de agosto de 2025, el Juzgado 44 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá incurrió en una serie de errores de hecho y de derecho (…)”.
En su solicitud, la defensa pide tres escenarios alternativos: la nulidad de lo actuado a partir de la audiencia de formulación de acusación; la nulidad desde la audiencia de lectura del fallo; o, como petición final, la absolución de Uribe. También señalan que “la libertad del doctor Álvaro Uribe Vélez debe ser restablecida”, incluso si la decisión de fondo se mantiene en estudio.
El escrito enfatiza que no existe necesidad de que el exmandatario permanezca detenido mientras el fallo cobra firmeza, una orden que califican de equivocada.
Contexto del caso y fallo histórico
La condena del 1 de agosto marcó un precedente en la historia judicial de Colombia: es la primera vez que un expresidente es sentenciado a prisión por un delito común. La jueza de conocimiento determinó que Uribe dio instrucciones “precisas y constantes” a su abogado Diego Javier Cadena Ramírez para que convenciera a un grupo de exparamilitares de retractarse de declaraciones en su contra, ofreciéndoles beneficios económicos y asesorías jurídicas.
La retractación tenía como objetivo que los testigos acusaran directamente al senador Iván Cepeda de ser la “mente maestra” detrás de un plan para vincular a Uribe en un proceso criminal, abierto por la Corte Suprema de Justicia en 2018. Cadena, que fue pieza clave en la ejecución de las presiones, podría enfrentar su propia sentencia el próximo 15 de agosto por estos mismos hechos.
La Procuraduría General también intervino recientemente en el caso, solicitando que se tumbe el fallo condenatorio al considerar que las pruebas no demuestran que el expresidente fuera “determinador” de los actos investigados. Esta coincidencia entre la defensa y el Ministerio Público podría jugar un papel relevante en la revisión de segunda instancia.
Lo que está en juego en la segunda instancia
El recurso de apelación no solo busca la libertad inmediata de Uribe, sino que abre la puerta a un debate jurídico sobre la valoración de las pruebas y la interpretación de la figura del “soborno en actuación penal”.
En términos procesales, la segunda instancia permite que un tribunal superior revise integralmente la sentencia, evaluando tanto los fundamentos jurídicos como la apreciación de las pruebas. En este caso, la defensa argumenta que la jueza basó su decisión en una lectura sesgada y en inferencias que no tienen sustento suficiente.
La resolución de esta apelación será decisiva para el futuro judicial de Álvaro Uribe Vélez, que ha sostenido su inocencia y ha insistido en que su proceso responde a motivaciones políticas. La decisión del Tribunal Superior de Bogotá podría revocar, modificar o confirmar la sentencia.
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