El ministro de Hacienda, Germán Ávila, reiteró este lunes la defensa de la política de incrementos reales al salario mínimo que el Gobierno ha aplicado desde 2023.
De acuerdo con el minHacienda, las cifras evidencian que esta medida no ha provocado presiones inflacionarias ni un aumento en el desempleo, tal como lo han advertido sectores de oposición.
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Según los registros oficiales, el salario mínimo pasó de 1.160.000 pesos en 2023 a 1.423.500 pesos en 2025, lo que representa un incremento acumulado del 23% en términos reales. Esto equivale a un promedio de 3,1% anual, cifra que, según Ávila, duplica el promedio histórico de 1,5%. “Por tercer año consecutivo, hemos incrementado el salario mínimo real sin afectar la inflación ni el empleo”, expresó el ministro.
El funcionario también señaló que la administración contempla mantener esta política en 2026. “Será una decisión mantener la dinámica de hacer incrementos en el salario mínimo real, y eso está previsto en la meta de inflación”, indicó. En la proyección oficial para el próximo año, el Gobierno prevé una inflación del 3,2%, incluso con el ajuste salarial.
Ávila aprovechó su intervención para referirse al desempeño económico del país. Indicó que en el primer trimestre de 2025 el Producto Interno Bruto (PIB) creció 2,7%, impulsado por sectores como actividades artísticas y de entretenimiento, con un crecimiento del 15%; agricultura y ganadería, con 5,9%; y comercio, transporte y alojamiento, con 4,7%.
Con base en el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE), el jefe de la cartera económica resaltó que entre enero y mayo el crecimiento acumulado alcanzó 2,6%. Según explicó, el comportamiento positivo del sector agropecuario y de los servicios es muestra de que “la economía se mueve, encuentra motores en diferentes frentes y sigue avanzando”.
Estas declaraciones se presentan en un momento de diferencias entre el Gobierno y el Banco de la República. El pasado 31 de julio, la Junta Directiva del Emisor resolvió mantener la tasa de interés en 9,25%. La decisión se tomó con cuatro votos a favor de dejarla estable, dos por reducirla en 50 puntos básicos y uno por un recorte de 25 puntos.
En esa ocasión, Ávila expresó su desacuerdo con la medida, argumentando que una disminución habría sido oportuna para estimular la manufactura, mejorar el acceso al microcrédito y favorecer a la economía popular. El ministro recordó que la inflación anual a junio se ubicó en 4,82%, por debajo del 5,1% registrado en mayo, y que las proyecciones apuntan a cerrar el año en 4,5%.
Además, advirtió que la tasa de interés real, descontando la inflación, se encuentra en 4,6%, dos puntos por encima de lo que el propio Banco considera adecuado. Por ello, invitó a la Junta a revisar su posición en las reuniones de septiembre, octubre y diciembre de 2025.
El Gobierno sostiene que la experiencia de los últimos tres años demuestra que el aumento real del salario mínimo ha coincidido con descensos en la inflación y el desempleo, además de una reducción en la pobreza monetaria. En este sentido, Ávila reafirmó que “el trabajo es generador de valor y no genera desempleo ni inflación”.
De cara a la negociación del salario mínimo para 2026, el Ejecutivo planea utilizar como argumento el balance positivo que, según sus datos, han dejado las medidas adoptadas desde 2023. Sin embargo, el desenlace de la discusión dependerá de factores como la postura del Banco de la República y el comportamiento de la inflación básica.
El contexto para 2026 proyecta un crecimiento del PIB cercano al 3%. En este escenario, el Ejecutivo asegura que el incremento del salario mínimo no representa una amenaza para la estabilidad macroeconómica, aunque reconoce que la política monetaria seguirá siendo un punto de debate con el Emisor.
El ministro Ávila subrayó que el reto para los próximos años será conservar el poder adquisitivo de los trabajadores sin poner en riesgo la estabilidad económica.
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