Petro se pronunció sobre el avión que llevaba a supuestos mercenarios colombianos y que fue derribado: “No más patrones de la muerte”

El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el derribo de una aeronave emiratí en Sudán, donde presuntamente murieron al menos 40 colombianos que, según reportes oficiales del país africano, se desempeñaban como mercenarios. La situación provocó fuertes reacciones desde el Gobierno nacional, que ya tramita medidas legislativas para impedir esta práctica y trabaja en la identificación y repatriación de los cuerpos.

El hecho fue confirmado el miércoles 6 de agosto por la televisión oficial de Sudán, que informó que el Ejército sudanés derribó un avión de origen emiratí mientras se dirigía al aeropuerto de Nyala, capital del estado de Darfur Sur, zona actualmente controlada por el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR). Las autoridades sudanesas aseguraron que en la aeronave viajaban al menos 40 ciudadanos colombianos contratados como combatientes, además de transportar armamento.

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A través de su cuenta oficial en la red social X, el presidente Petro emitió un mensaje en el que expone su postura sobre el hecho y anunció medidas inmediatas. “He solicitado mensaje de urgencia para el proyecto de ley que prohíbe el mercenarismo. Es también una trata de hombres convertidos en mercancías para matar”, publicó el mandatario.

La confrontación armada en Sudán, iniciada en abril de 2023, enfrenta al Ejército regular contra las FAR, una agrupación paramilitar que ha extendido su influencia territorial en diversas regiones del país. El conflicto dejó a miles de muertos y desplazados, es en medio de esta situación que se da el reporte sobre la presencia de colombianos como combatientes contratados por empresas privadas de seguridad en zonas de guerra, volvió a encender la alerta sobre el fenómeno del mercenarismo en Colombia.

El jefe de Estado expresó su rechazo frente al reclutamiento de nacionales por parte de actores externos, al señalar una responsabilidad estructural derivada del conflicto armado interno. “Tanta guerra quisieron dentro de Colombia, que al debilitarse la guerra en el país, la buscan fuera, donde nadie nos ha hecho daño”, afirmó.

En su publicación, también hizo referencia a los responsables de estas contrataciones: “Son asesinos los ‘patrones’ que mandan jóvenes a matar y a ser muertos por nada. Son espectros de la muerte que aborrecen su juramento a Bolívar”.

La participación de colombianos en conflictos armados extranjeros no es un fenómeno nuevo. Desde hace más de una década se registran casos de exmilitares y exagentes de seguridad colombianos contratados por firmas privadas internacionales para operar en zonas en guerra, principalmente en Medio Oriente y África. Varios de estos casos son denunciados por organizaciones de derechos humanos que califican estas prácticas como formas contemporáneas de trata de personas con fines bélicos.

Petro informó que se puso en contacto con la Embajada de Colombia en Egipto, país que mantiene relaciones diplomáticas con Sudán, para esclarecer cuántos nacionales murieron en el ataque y coordinar la posible repatriación de los cuerpos. “He ordenado a nuestra embajadora en Egipto averiguar cuántos colombianos murieron, se habla sin confirmar de 40. Veremos si logramos el retorno de sus cuerpos”, añadió el presidente.

Mientras se desarrollan las gestiones diplomáticas, el Ejecutivo mantiene la postura de que este tipo de actividades deben ser prohibidas. “¡No más patrones de la muerte!”, concluyó el jefe de Estado en su publicación.

El Ministerio de Defensa Nacional, bajo la dirección del actual ministro Pedro Sánchez, continúa el impulso del proyecto de ley presentado por su antecesor, Iván Velásquez Gómez, para que Colombia apruebe la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989.

La iniciativa ya fue radicada ante el Congreso de la República y tiene como objetivo establecer herramientas legales para enfrentar el fenómeno del mercenarismo. El proyecto busca que se tipifiquen como delitos el reclutamiento, financiamiento, entrenamiento y uso de mercenarios, estableciendo penas y mecanismos de cooperación judicial que permitan sancionar estas prácticas desde el territorio nacional.

“El propósito es brindar protección efectiva a los colombianos que están siendo usados en conflictos armados en el extranjero y evitar que sigan siendo víctimas de redes internacionales que los convierten en mercancías para la guerra”, indicaron desde el Ministerio de Defensa.

Con la aprobación del proyecto, Colombia podrá aplicar sanciones a quienes promuevan o participen en este tipo de actividades, además de reforzar la cooperación con otros países en la investigación y judicialización de estos hechos. También se busca salvaguardar la reputación de los militares retirados, que han sido vinculados en algunos casos a conflictos fuera del país sin respaldo institucional.

El proyecto plantea además una línea de trabajo conjunta con organismos internacionales para intercambiar información y facilitar procesos de extradición o enjuiciamiento de ciudadanos implicados en actividades mercenarias.