La jornada reciente de diálogo entre el Gobierno nacional y representantes de los guaqueros, así como de los mineros ancestrales, artesanales y tradicionales de esmeraldas, resultó en la reapertura de seis de los nueve puntos de bloqueo que, hasta el momento, afectaban la movilidad y la actividad en la región de Boyacá.
Este avance representa una señal de distensión en el contexto del paro que mantienen mineros y guaqueros.
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Según informó el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, subrayó que la mesa de diálogo realizada el 6 de agosto " lo que permitió desbloquear seis de los nueve puntos de bloqueo y establecer una ruta de trabajo basada en diez compromisos concretos".
Estas acciones se coordinaron luego de que las protestas complicaran las dinámicas locales en municipios como San Pablo de Borbur y Otanche.
El titular de la cartera laboral anunció que la semana entrante proseguirán las mesas de diálogo, instancia que definió como clave para lograr el levantamiento del paro de mineros y guaqueros. Sanguino enfatizó que el Gobierno trabaja para construir alternativas que sirvan “para desescalar a través del diálogo el paro de mineros”.
De acuerdo con lo reportado, entre los participantes de las conversaciones estuvieron tanto autoridades regionales y nacionales como sectores tradicionales de la minería de esmeraldas, actividad de gran importancia económica en la región. El proceso busca llegar a acuerdos que permitan una salida consensuada, salvaguardando los diferentes intereses implicados.
Mientras se mantiene el estado de alerta entre los habitantes y actores productivos del área afectada, las partes valoran el inicio de una agenda común y la flexibilización de los bloqueos como pasos iniciales hacia una solución definitiva de la crisis.
Ministro de Trabajo niega motivaciones políticas en inspecciones a Olímpica y D1
La reciente amenaza del Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra las tiendas D1, al declarar a la cadena objetivo militar en varias regiones del país, ha generado inquietud en el sector comercial colombiano.
El grupo armado justificó su postura por supuestas malas prácticas laborales. Ante esta situación, la cadena expresó su profunda preocupación y solicitó al Gobierno garantías para proteger tanto a sus empleados como la continuidad de sus operaciones, especialmente en zonas como Chocó y Risaralda, donde cumplen un rol esencial en el abastecimiento y la vida diaria de la población.
En respuesta a estas amenazas, las autoridades reforzaron la seguridad en las rutas de transporte que comunican Antioquia y el eje cafetero con Chocó para prevenir ataques y asegurar la llegada de productos a los establecimientos comerciales.
El episodio evidencia la exposición de las actividades económicas legales frente a la presión de grupos armados, un factor que preocupa tanto al sector privado como a las comunidades locales.
En paralelo, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, respondió a las acusaciones sobre posibles motivaciones políticas en la inspección a las supertiendas Olímpica, pertenecientes a la familia Char, y a las tiendas D1, parte del grupo Santo Domingo.
Durante una entrevista concedida a Caracol Radio, Sanguino descartó cualquier sesgo político en estas labores de vigilancia laboral. Afirmó que las inspecciones responden únicamente a denuncias de los empleados y al deber legal de velar por sus derechos.
Explicó que no existe “ninguna motivación de persecución” contra empresarios y que las acciones cumplen con la obligación de proteger a los trabajadores.
El Ministerio de Trabajo realizó inspecciones en 60 puntos de la cadena Olímpica para revisar denuncias sobre intermediación laboral, tercerización, posibles irregularidades en las jornadas y condiciones que podrían afectar la salud y seguridad de los empleados.
Sanguino indicó que el propósito es generar informes que permitan implementar planes de mejora para garantizar la seguridad y salud en el empleo, así como la sostenibilidad de las empresas.
También reiteró que las inspecciones a Olímpica se suman a las ya realizadas en D1 y que ambas responden a quejas recibidas por distintas Direcciones Territoriales. Señaló que un patrón común en las denuncias justifica la intervención en ambas cadenas.
Además, el ministro subrayó que el objetivo es conciliar la protección de los derechos laborales con la viabilidad económica de las empresas. Explicó que su presencia en inspecciones no tiene un mensaje político, sino que busca acompañar institucionalmente a los equipos y apoyar a los trabajadores.
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