Víctimas piden la pena máxima para el coronel (r) Hernán Mejía por ‘falsos positivos’: “Arrebató lo más valioso y después negó la verdad”

El 5 de agosto de 2025 comenzó en Valledupar la Audiencia de Alegatos de Conclusión dentro del Juicio Adversarial Transicional que adelanta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra el coronel (r) Publio Hernán Mejía.

El proceso, que hace parte del Caso 03 de la justicia transicional, busca esclarecer y sancionar los crímenes de guerra y de lesa humanidad presuntamente cometidos entre enero de 2002 y noviembre de 2003, cuando Mejía era comandante del Batallón La Popa.

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El juicio se desarrolla bajo el Sistema Adversarial Transicional de la JEP, mecanismo diseñado para aquellos comparecientes que no reconocen su responsabilidad en los hechos que se les imputan. En este caso, Mejía Gutiérrez se declaró inocente en septiembre de 2024, lo que activó la ruta judicial que culmina con los alegatos de las partes antes de que la magistratura emita una sentencia.

En representación de las víctimas, el abogado Sebastián Escobar solicitó a la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad que se declare la responsabilidad penal del coronel (r) Mejía y que se imponga la sanción máxima contemplada por la Ley 1957 de 2019: 20 años de privación efectiva de la libertad.

Durante su intervención, Escobar afirmó: “Estas víctimas no solo han sufrido el horror de perder a sus seres queridos, sino también han sufrido el silencio institucional, la estigmatización y la impunidad que por mucho tiempo invisibiliza estos crímenes. A estas familias el Estado les arrebató lo más valioso y después les negó la verdad”.

Y agregó: “Hablamos con profundo respeto, pero también con firmeza en nombre de madres, hermanas, hijos e hijas, esposas y comunidades enteras que llevan más de dos décadas esperando una verdad que ha sido negada. Una justicia que ha sido esquiva y una reparación que aún no ha llegado”.

Escobar insistió en que el proceso no debe entenderse como un juicio ordinario, sino como un momento histórico para desmontar la fachada de legalidad que encubrió crímenes sistemáticos: “Es la oportunidad de desmontar desde el derecho, pero también desde la ética, la fachada de legalidad que se construyó para ocultar un aparato criminal que asesinó y desapareció a personas bajo la lógica perversa de resultados y el éxito militar”.

La acusación sostiene que los crímenes atribuibles a Mejía configuraron un patrón de macrocriminalidad ejecutado desde el aparato estatal. La Unidad de Investigación y Acusación, que actúa como fiscalía en la JEP, presentó 82 testimonios y más de 1.100 documentos como parte de las pruebas recaudadas.

Escobar reiteró en sus alegatos la existencia de una alianza entre la unidad militar comandada por Mejía y paramilitares: “El aparato organizado de poder se apoyó, principalmente durante los primeros meses de funcionamiento, en una alianza de mutuo beneficio con miembros del frente Mártires del Cesar, del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia. Esta alianza se concertó con la entrega y señalamiento de víctimas por parte de miembros del grupo paramilitar, para que la unidad presentara resultados”.

En la misma audiencia, el fiscal de la UIA, Samuel Serrano Galvis, destacó el papel de la Oficina de Inteligencia S2 en la comisión de los crímenes y denunció prácticas irregulares para dar apariencia de legalidad a las ejecuciones: “Dar apariencia de legalidad a operaciones mediante la elaboración de documentos necesarios con ese propósito. Todo dentro del marco de las facultades legales y así agregar un elemento adicional para maquillar los crímenes que cometían con el aparato ilegal organizado de poder”.

Serrano subrayó que la acusación no busca responsabilizar a toda la institución militar, sino a quienes habrían actuado al margen de la ley: “La acusación que se presentó al inicio de este Juicio Adversarial de ninguna manera se dirigió al Ejército Nacional (…). Fui categórico en afirmar que la acusación se hacía contra uno de sus integrantes”.

Por su parte, el procurador delegado ante la JEP, Fernando Antonio Burgos, destacó que el proceso se ha adelantado con todas las garantías judiciales y confió en que la decisión final será justa: “El Ministerio Público expresa que en este proceso se han brindado plenamente todas las garantías, la plenitud de las formas del juicio, la presunción de inocencia, el derecho a la contradicción y la doble instancia. La Procuraduría tiene absoluta confianza en que esta magistratura hará justicia”.