El Consejo de Estado admitió para estudio la demanda que busca la pérdida de investidura de la senadora Isabel Cristina Zuleta, del Pacto Histórico, por presunto tráfico de influencias, tras su intervención para facilitar el traslado de nueve jefes de bandas criminales de Medellín a un acto público encabezado por el presidente Gustavo Petro.
La decisión del alto tribunal, tomada por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, responde a la solicitud presentada por William Francisco Quintero Villarreal, quien amparado en el artículo 143 de la Ley 1437 de 2011 pidió la inhabilitación política de la congresista para el periodo 2022-2026.
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El proceso avanzó luego de que el accionante corrigiera su petición conforme a los requisitos legales, lo que permitió su admisión formal, según consta en el auto notificado electrónicamente el 10 de julio de 2025.
El caso se originó a partir de una resolución del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), revelada por Semana, en la que se documenta la solicitud de Zuleta, en su calidad de coordinadora de la mesa de paz urbana de Medellín y el Valle de Aburrá, para trasladar temporalmente a cabecillas de estructuras criminales al evento realizado el 21 de junio en la plazoleta de La Alpujarra.
Entre los nombres incluidos en la comunicación enviada por la senadora el 19 de junio figuran reconocidos jefes delincuenciales como José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas; Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom; Freyner Alfonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre; Juan Fernando Álvarez, alias Juan XXIII; Alber Antonio Henao Acevedo, alias Alber; Juan Camilo Rendón Castro, alias Saya; Jorge Vallejo Alarcón, alias Vallejo; Walter Alonso Román Jiménez, alias El Tigre o Ramón Chaqueta; y Dayron Alberto Muñoz Torres, alias El Indio.
El traslado se realizó bajo “rigurosas y extremas medidas de seguridad”, con apoyo de la Fuerza Pública y grupos operativos especiales, y contemplaba el retorno inmediato de los reclusos a la cárcel La Paz de Itagüí una vez concluido el evento.
La presencia de estos cabecillas en el acto, en el que se leyó un cartel con el mensaje “Douglas, Aranjuez Te Quiere (sic)”, desató una fuerte polémica nacional y puso en entredicho los alcances de la política de “paz total” del presidente Petro.
Durante el evento, el mandatario defendió la participación de los reclusos, afirmando que “a algunos les parece insólito que los presos estén en rehabilitación. Pues eso es lo que dictan las normas de Colombia, que los presos condenados son personas que entran a rehabilitación social. Eso ordena la ley”.
Zuleta ha liderado iniciativas de diálogo con estructuras urbanas, como pilotos contra la extorsión en 45 barrios de Medellín y Bello, y argumenta que estas acciones buscan avanzar en la desarticulación de economías criminales.
Sin embargo, su papel en la gestión del traslado de los reclusos será ahora objeto de un escrutinio judicial que podría derivar en su inhabilitación y salida del Congreso si se demuestra que incurrió en uso indebido de su investidura.
Digno Palomino respalda la paz urbana y pide incluir a Los Pepes en carta enviada a Petro y a la senadora Zuleta
Digno Palomino, cabecilla de la organización criminal Los Pepes, envió una carta al presidente Gustavo Petro y a la senadora Isabel Zuleta en la que expresó su respaldo a la propuesta de diálogo impulsada por Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, líder de La Inmaculada.
En la misiva, revelada el 11 de julio por Semana, Palomino manifiesta su compromiso con la “búsqueda de la paz total” y solicita que el Gobierno Nacional reconozca la disposición de su grupo para participar en las denominadas mesas urbanas de paz, con el mismo tratamiento otorgado a otras regiones del país.
El documento cobra relevancia porque Palomino enfrenta acusaciones de la Fiscalía por 17 asesinatos recientes, lo que genera controversia sobre su interlocución directa con el Ejecutivo.
En la carta, el líder criminal se presenta como vocero de Los Pepes y asegura que su experiencia en territorios afectados por la violencia puede contribuir a construir una sociedad “más justa, equitativa y reconciliada”.
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