El reciente proceso de expulsión de mil presos colombianos desde Ecuador ha generado un nuevo escenario en las relaciones bilaterales con Colombia, en momentos en que los gobiernos de ambos países mantienen una comunicación continua a través de sus respectivas cancillerías, y se preparan para una serie de encuentros de alto nivel.
Según informó en la mañana del martes 5 de agosto la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, está prevista para el 12 de agosto la reunión con su homóloga colombiana, Rosa Yolanda Villavicencio, que servirá para preparar el próximo encuentro presidencial y revisar las agendas de trabajo de cara al futuro, así como para abordar temas recientes de interés común.
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Este encuentro toma especial importancia al desarrollarse tras la decisión unilateral del gobierno ecuatoriano de deportar a los reclusos colombianos, una medida catalogada por las autoridades de Bogotá como “inamistosa” y “unilateral”, aunque Quito sostiene que la acción cumplió “todos los procedimientos legales”.
No obstante, Sommerfeld descartó que este hecho represente un momento crítico en la relación diplomática bilateral, afirmando que el diálogo entre ambas naciones es “abierto” y “franco”, con una “relación estrecha y un contacto permanente”. Además, subrayó que junto a su par colombiana mantienen “una permanente comunicación”.
La jefa de la diplomacia ecuatoriana también recalcó que el propósito mayor es fomentar “un vecindario que sea productivo, que viva en paz, que mantenga la paz y que trabajemos mucho por la seguridad de nuestros países”.
El encuentro entre las dos funcionarias se llevaría a cabo en el país ecuatoriano y será la antesala del encuentro entre los mandatarios de Ecuador, Perú y Colombia.
Las reuniones presidenciales bilaterales, parte de una rutina diplomática tanto con Colombia como con Perú, se retomarán en el segundo semestre de este año, junto a las de los respectivos gabinetes, para evaluar no solo los nuevos planes sino también los resultados de acuerdos anteriores.
El proceso de deportación ha presentado particularidades que lo distinguen de repatriaciones previas: mientras en otros casos los reos continuaban cumpliendo sus sentencias en su país de origen, en la coyuntura actual los expulsados de nacionalidad colombiana quedan exonerados y recuperan la libertad al ingresar a Colombia, siempre que no registren procesos judiciales pendientes, según información confirmada por la Policía Colombiana en la frontera.
En contrapartida, el ministerio del Interior de Ecuador, a través de John Reimberg, estableció que los mil presos deportados no podrán regresar al país durante 40 años.
El tema de la seguridad carcelaria está en el centro de la actualidad ecuatoriana, en tanto las prisiones constituyen epicentros de la escalada de violencia criminal, lo que ha llevado al país a encabezar el índice de homicidios en Latinoamérica. En respuesta, el presidente Daniel Noboa declaró al país en estado de “conflicto armado interno” para combatir a las bandas delictivas, calificadas como “terroristas”.
En medio de este proceso, trascendió un caso puntual vinculado a las deportaciones: la Fiscalía de Ecuador notificó que al menos uno de los presos expulsados, identificado como Fredy Osvaldo U. H., tenía pendiente un juicio por narcotráfico.
Este detenido fue aprehendido en septiembre de 2024 en Quito con cerca de 200 kilos de cocaína, hecho sucedido junto al ecuatoriano Henry Javier V. S., este último condenado a 34 años y 8 meses de cárcel. Según la resolución judicial, el colombiano fue liberado a partir de una orden basada en la “resolución administrativa de deportación en el conflicto armado interno”, emitida por el órgano migratorio competente.
Ambos detenidos intentaron eludir un control policial en el sector del parque La Carolina, en el centro financiero del norte de la capital ecuatoriana. Este episodio resalta las complejidades jurídicas y diplomáticas derivadas del proceso de deportación y el desafío que representa para la cooperación regional en materia de justicia y seguridad fronteriza.
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