Ungrd: descubrieron video inédito de cómo intentaron sobornar a Sneyder Pinilla para cambiar su versión sobre el megacaso de corrupción

Un nuevo y trascendental capítulo en lo referente al escándalo de corrupción más grande en el Gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro, como el de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), se conoció en la noche del domingo 3 de agosto de 2025. E involucra a dos exfuncionarios de la entidad, que intentaron establecer un soborno para torcer el curso del caso que tiene en líos al Ejecutivo.

De acuerdo con la revelación hecha por Noticias Caracol, el 31 de julio de 2024, la Fiscalía General de la Nación documentó en video y audio un intento de soborno auspiciado por el exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) Luis Carlos Barreto, y el abogado y exdirigente político Édgar Riveros; que quedaron expuestos en las imágenes recolectadas de forma oficial.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Ambos, según el reporte periodístico en mención, contactaron en varias ocasiones al exdirector entidad Olmedo López, y al exsubdirector del manejo del riesgo Sneyder Pinilla, para convencerlos de retractarse de sus declaraciones ante la justicia sobre la entrega de contratos irregulares a cambio de 13.000 millones de pesos, según el material audiovisual en poder del ente acusador, que adelanta las investigaciones.

La intención de Barreto y Riveros, a juzgar por la evidencia presentada por el citado medio, era clara: bloquear el avance de la investigación judicial contra altos funcionarios y contratistas implicados en irregularidades en la Ungrd. Los hechos se desarrollaron días después de que ambos se pusieran en contacto con el abogado Gustavo Moreno, representante legal de Pinilla, y que jugó un papel clave para exponer este suceso.

En la revelación hecha de este intento fallido de soborno, tanto Barreto como Riveros le comunicaron su deseo de ofrecer dinero a cambio de las denuncias y de evitar la mención de otros contratos fraudulentos durante el avance del proceso judicial adelantado por el ente acusador. El origen de los fondos prometidos estaba en contratos de obras adjudicados en La Guajira, con una suma total de cerca de 100.000 millones.

Los mismos estaban destinados a la construcción y operación de plantas y pozos desalinizadores. El montaje preveía destinar un 5% de esos recursos para corromper a los testigos principales del proceso, que hoy tiene tras las rejas no solo a exfuncionarios de la actual administración, como la exalta consejera para las Regiones Sandra Ortiz, y a los expresidentes del Senado y la Cámara, Iván Name Vásquez y Andrés Calle.

Fue entonces cuando el 26 de julio de 2024, Pinilla y su abogado denunciaron ante la Fiscalía las intenciones de Barreto y Riveros. Siguiendo instrucciones del ente judicial, se concertó proseguir la negociación con el fin de documentar la comisión del delito; por este motivo las negociaciones fueron grabadas con equipos encubiertos proporcionados por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).

La grabación principal tuvo lugar en el piso 19 del Hotel Double Tree by Hilton de Salitre, en Bogotá, en una sala privada equipada para el operativo. El abogado Moreno, que actuó bajo el nombre clave de una agencia encubierta, portaba una grabadora escondida bajo su chaqueta negra, mientras una cámara oculta registrada dentro de un bafle capturaba todo el encuentro con Barreto y Riveros.

Indicó Noticias Caracol en su informe que investigadores del CTI monitorearon en tiempo real la conversación y coordinaron con Moreno y Pinilla cada movimiento para dejar contemplada en audio y video la intención de pactar un soborno a cambio de cambiar el rumbo de las declaraciones entregadas ante la Fiscalía y que empezaban a comprometer todo un organigrama del Gobierno en este megacaso de corrupción.

Durante las dos horas de reunión, según se consignó en el reporte, Barreto intentó suavizar el ambiente con Pinilla y negó tener diferencias personales hacia él, pues afirmó que sus acciones obedecían a instrucciones de superiores en la Ungrd; especialmente del entonces director Carlos Carrillo, que asumió el cargo tras el estallido del escándalo al interior de la unidad, que empezó a destaparse a finales de febrero de 2024.

“Lo cierto es que eran las directrices del doctor Carrillo (...) Ya después se complicó un poco más el tema cada vez que iban sacando las vainas que iban saliendo de forma mediática, pero pues no es un tema personal, nunca fue un tema personal y yo creo que esto no es personal, ¿no? Yo nunca tuve ningún inconveniente con sumercé”, dijo Barreto, que insistió en que solo cumplía directrices en este escándalo.

Por su parte, Riveros relató sus propios antecedentes jurídicos para ganarse la confianza de Pinilla al confesar haber sido vinculado en el escándalo de parapolítica, al verse relacionado con el jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40. En el diálogo reiteró que su salida del proceso ocurrió gracias a la intervención de políticos influyentes que no estaban interesados en que se avanzara en este asunto.

“Era muy cercano a varios senadores y hubo un escándalo por parapolítica, entonces quien era el encargado de manejar en ese entonces todo el tema contractual y las partidas de ellos y todo era (inaudible), entonces yo aparecí en el computador de ‘Jorge 40′ y tal, y yo me vi con Jorge 40 y cuadraba, negociaba, sí, yo me encargaba de todo, entonces por supuesto, pues era el hombre clave en esa situación", reveló Riveros.

Riveros admitió ante Pinilla que parte de los contratos detenidos por el nuevo director Carrillo le pertenecían y que el congelamiento de pagos derivado del escándalo causaba perjuicios económicos sustanciales. Por ello, fue persistente en coordinar una estrategia jurídica para recuperar los contratos y repartir los fondos ilícitos, y evitar que se siguieran descubriendo irregularidades en la entidad.

En efecto, el interlocutor se refería a que Pinilla no continuara destapando la corrupción en esos contratos en La Guajira que sumaban casi $100.000 millones de pesos y que incluían el manejo de pozos y plantas desalinizadoras. De ellos, dos contratos estaban por el orden de $47.000 millones.

La propuesta concreta incluía la entrega de un porcentaje de los contratos relacionados con las plantas y pozoz, a cambio de que los testigos alinearan sus relatos ante la justicia. Pinilla, siguiendo las instrucciones de la Fiscalía, solicitó detalles, a lo que Riveros especificó sumas y porcentajes de la operación, con lo que confirmó la implicación directa en el soborno que quería llevar a cabo, es decir, un 5% ($3.000 millones).

“Entonces yo digo, para evitarnos todo este ‘tramaje’ y pelea jurídica y mientras tanto nosotros perjudicados, hermano por qué no, yo le decía al doctor Gustavo, por qué no sacamos esos $100.000 (millones) del tema que ustedes tienen (inaudible) a cambio de qué, si nos giran lo de plantas nosotros sacamos de ahí y les pagamos a ustedes (…) un 5% para que tengan ustedes porque van a necesitar recursos”, dijo Riveros.

En la conversación también se mencionó a César Manrique, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública y antiguo jefe político de Barreto, que según se supo se encontraría prófugo de la justicia, pues tiene orden de captura vigente. Según los testimonios y el video, Manrique habría recibido 3.000 millones de pesos, producto de una parte de los sobornos contemplados en los contratos irregulares.

Barreto agregó que, de lograr silenciar a los testigos e impedir el avance del proceso, planeaba “victimizarse” y buscar reincorporarse al Gobierno durante los años restantes. “Entonces yo le doy la garantía, sí, usted sabe que yo en lo que he estado con sumercé he sido, lo que yo digo lo cumplo. Sí, yo no soy un man que mi palabra la incumpla y le doy la garantía con el doctor Édgar de que todo se hace muy bien”, comentó.

La evidencia recopilada fue crucial para que el 5 de septiembre de 2024 Barreto y Riveros fueran capturados por intentar sobornar a Pinilla. El primero reconoció su participación y accedió a cooperar con la justicia; así accedió a un principio de oportunidad para actuar como testigo contra Manrique, señalado de concierto para delinquir, peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos.

Por su parte, Riveros permanece detenido en la cárcel La Modelo, tras aceptar los cargos y suscribir un preacuerdo con la Fiscalía. Todo esto en un caso que vincula a exfuncionarios, contratistas y figuras políticas de la política nacional con la apropiación irregular de recursos y revela, además, el uso del poder administrativo como medio para la obtención de beneficios ilícitos, en detrimento de la función pública.