
Según la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, liderada por el abogado penalista Jaime Granados, hubo una presunta vulneración a los derechos del expresidente, motivo por el cual presentaron una tutela este lunes 4 de agosto en el Tribunal Superior de Bogotá con el propósito de que el exmandatario recupere su libertad.
La acción judicial, que cuenta con 91 páginas, pide suspender la decisión de la jueza 44 de Conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, que además de condenarlo a 12 años de prisión solicitó la detención domiciliaria.
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La defensa del líder natural del Centro Democrático advierte que la detención domiciliaria en contra del exmandatario colombiano (2002-2010) no tiene justificación.
“En caso de que ya se haya dado cumplimiento al referido numeral cuarto de la sentencia del primero de agosto de 2025, ordenar a quién corresponda el restablecimiento inmediato de la libertad del doctor Álvaro Uribe Vélez, hasta tanto se proceda a resolver de fondo la presente solicitud de protección constitucional”, se lee en el documento.

Por tal motivo, la defensa de Uribe Vélez insistió en la protección de los derechos fundamentales a la dignidad humana, la libertad, el debido proceso y la presunción de inocencia hasta que haya un decisión definitiva del caso.
Para Jaime Granados y el equipo de la defensa, la sentencia en primera instancia de la jueza Sandra Liliana Heredia “trasgredió de forma grave los derechos fundamentales a la dignidad humana, debido proceso, presunción de inocencia y libertad del doctor Álvaro Uribe Vélez, al haber ordenado la privación de su libertad de forma inmediata a pesar de que la condena proferida, en su contra, no se encuentra en firme, acto que se desarrolló bajo graves vicios de motivación y en claro desconocimiento de su presunción de inocencia, tornando su detención en arbitraria y contraria a la dignidad humana”.
Según la acción de tutela, radicada este lunes 4 de agosto en el Tribunal Superior de Bogotá, se presentaron “serios vicios” en la decisión de la jueza Sandra Liliana Heredia, que ordenó la detención domiciliara del expresidente Uribe, “vicios que desconocen de forma flagrante los precedentes aplicables para resolver estos asuntos (sentencia SU-220 de 2024 y las sentencias STP5495-2023 y STP732-2025), así como la dignidad humana, la presunción de inocencia y de paso tornan la detención arbitraria”.

Por tal motivo, el equipo de la defensa del líder natural del Centro Democrático solicitó al Tribunal Superior de Bogotá suspender de manera provisional la decisión de la jueza Sandra Liliana Heredia.
Fundamentos de la defensa
Para la defensa de Álvaro Uribe, el expresidente debe conservar su libertad y su presunción de inocencia durante todas las etapas que faltan para conocer una decisión definitiva.
“Ese tipo de postulados, por demás ya superados en nuestro ordenamiento jurídico, desconocen gravemente la presunción de inocencia, pues, a pesar de no existir condena en firme, fundamentan la detención anticipada en el daño causado con el delito, cuestión que ni siquiera está plenamente definida por la justicia“, precisa la acción judicial.
Y agregan: “La sentencia trae a colación un fallo de la Sala de Casación Penal, la SP1151-2024, en donde no se profirió la orden de captura por haberse accedido al subrogado de la prisión domiciliaria, pero sí se anticipó el cumplimiento de la ejecución de la pena“.
El Tribunal Superior de Bogotá tendrá hasta octubre de 2025 para tomar una decisión antes de que el caso prescriba.

En caso de que el fallo sea condenatorio, el caso del expresidente Uribe podría ir a casación por solicitud de cualquiera de las partes, es decir, que la Corte Suprema de Justicia tendría cinco años para tomar una decisión definitiva.
Hace 13 años comenzó este proceso contra el exmandatario colombiano (2002-2010), que se convirtió en uno de los más complejos en la historia reciente de Colombia.
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